México afina postura rumbo a la revisión del T-MEC: Economía avanza en consultas

La Secretaría de Economía (SE) informó que las consultas públicas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan hacia la construcción de un “consenso interno” sobre las prioridades nacionales que se presentarán en la evaluación del acuerdo comercial.

Del 6 al 10 de octubre, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard realizó mesas de trabajo con sectores productivos estratégicos, así como con representantes empresariales, académicos y de la sociedad civil, con el propósito de recabar información, comentarios y propuestas que permitan delinear la posición de México en la próxima revisión del tratado.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo”, afirmó el titular de la SE.

En esta etapa, las consultas se enfocaron en los sectores de madera-mueble y papel, bebidas y alimentos procesados, plásticos y juguete, y minería, de acuerdo con la información oficial difundida este domingo.

Las sesiones se llevaron a cabo en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, con la participación de cámaras industriales, asociaciones, especialistas y representantes del sector privado vinculados al comercio con América del Norte.

La Secretaría detalló que se distribuyeron cuestionarios específicos para recabar datos y opiniones sobre los principales retos y oportunidades en la aplicación del tratado, con el fin de realizar un análisis estadístico de los sectores y clasificar las aportaciones según los capítulos del T-MEC.

Estas mesas de trabajo forman parte del proceso consultivo interno que se desarrolla de manera paralela en Estados Unidos y Canadá, con miras a la revisión del acuerdo comercial prevista para 2026, la cual fue anunciada a inicios de 2025.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue suscrito en 2018 durante el primer mandato del entonces presidente estadounidense Donald Trump e implementado el 1 de julio de 2020. La próxima evaluación del tratado ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra arancelaria global impulsada por la administración de Trump y las nuevas dinámicas del comercio mundial.

De acuerdo con la SE, los resultados de las consultas permitirán definir una postura nacional sólida y consensuada frente a los socios de Norteamérica, con base en los intereses de los distintos sectores económicos del país y en las condiciones actuales del comercio regional.

Reforma transforma la política social en México con la desaparición del Coneval

El Senado de la República aprobó una reforma que marca un giro estructural en la política social del país: la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta decisión, avalada con 73 votos a favor y 34 en contra, consolida en una sola institución las tareas de generación de datos y evaluación de políticas públicas sociales.

Durante el cuarto día del periodo extraordinario, el Pleno del Senado avaló su noveno dictamen con el objetivo de optimizar recursos, fortalecer la coherencia técnica y eliminar duplicidades institucionales. La reforma armoniza tres marcos legales: la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.

Entre los nuevos encargos del Inegi destacan la medición de la pobreza, la evaluación de programas sociales, la emisión de recomendaciones técnicas, la coordinación con autoridades de todos los niveles de gobierno y la actualización de lineamientos para medir la pobreza. La política de desarrollo social se redefine ahora como el conjunto de programas y acciones enfocados a reducir la desigualdad y la exclusión, buscando un desarrollo sostenible y con equidad.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, explicó que el Coneval no generaba datos primarios, sino que analizaba los que producía el Inegi. Bajo esta lógica, señaló que el trabajo sería más eficaz si ambas tareas se concentran en una sola institución. “Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los datos y quienes los procesan bajo el paraguas del Inegi”, expresó.

Según cifras oficiales, el Coneval contaba con cerca de 50 plazas fijas y un centenar de empleados eventuales, mientras que el Inegi opera con una plantilla superior a los 15 mil trabajadores. El costo de cada producto científico elaborado por el Coneval superaba hasta cinco veces lo que costaría producirlo desde el Inegi. En ese sentido, se destacó que los recursos asignados al Coneval entre 2018 y 2025 ascendieron a más de 3 mil millones de pesos.

Durante la discusión parlamentaria, voces de oposición cuestionaron la decisión. Legisladores del PAN y PRI advirtieron sobre la posible eliminación de un órgano técnico independiente que evidenciaba deficiencias en la política social. El senador Antonio Martín del Campo subrayó que, según datos del propio Coneval, entre 2018 y 2022, más de 400 mil personas ingresaron a situación de pobreza.

Agustín Dorantes, también del PAN, calificó la medida como un acto de opacidad y no de austeridad. Desde Movimiento Ciudadano, Amalia García vinculó esta tendencia con un fenómeno global que busca reducir el tamaño del Estado. La senadora Anabell Ávalos, del PRI, señaló que la desaparición del Coneval implicaría la pérdida de dos décadas de evaluación objetiva en programas sociales y sugirió que el presupuesto asignado podría ser utilizado con fines discrecionales.

A pesar de los señalamientos, la iniciativa avanza con medidas adicionales que buscan mejorar la política social. Se incorporan criterios técnicos para identificar zonas prioritarias de atención, se fomenta el uso de lenguaje inclusivo y se promueve la equidad de género en las políticas públicas. La Secretaría de Hacienda conservará sus atribuciones sobre el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Con esta reforma, se perfila una nueva etapa en la administración de los programas sociales, centrada en la eficiencia, la reducción del gasto administrativo y la consolidación de un sistema de evaluación unificado.