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A más de un año de que la protección animal quedara plasmada en la Constitución mexicana, el debate ahora se concentra en un punto distinto: cómo evitar que los casos de maltrato continúen sin castigo.

Con ese objetivo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la llamada “Ley Pay de Limón”, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales disponibles para que las autoridades puedan prevenir, investigar y sancionar con mayor eficacia los actos de crueldad contra los animales.

La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, y surge en un contexto en el que, pese a los avances normativos, persisten casos que exhiben limitaciones en la aplicación de las leyes y en la capacidad institucional para castigar a los responsables.

El PVEM recordó que el 2 de diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de bienestar animal, considerada por el partido como un parteaguas al establecer la obligación del Estado de garantizar la protección, el trato digno, la conservación y el cuidado de los animales.

Sin embargo, la fuerza política advirtió que el reconocimiento constitucional representa únicamente el punto de partida. A su juicio, el reto consiste ahora en traducir esos principios en mecanismos legales y acciones concretas que permitan reducir la impunidad.

La iniciativa toma su nombre de Pay de Limón, un perro mestizo que sobrevivió en 2011 a la amputación de sus patas delanteras después de ser víctima de tortura por parte del crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas. Su caso se convirtió en uno de los episodios más conocidos de violencia contra animales en el país.

De acuerdo con el posicionamiento del partido, la propuesta pretende cerrar la distancia entre lo que establece la Constitución y lo que ocurre en la práctica, mediante un marco jurídico más estricto y mayores facultades para las autoridades encargadas de atender estos hechos.

El PVEM sostuvo que la reforma constitucional sentó las bases para fortalecer la actuación de las instituciones públicas y avanzar hacia una política nacional más sólida en materia de bienestar animal. No obstante, insistió en que la consolidación de ese avance dependerá de la aprobación de leyes secundarias y de políticas públicas capaces de garantizar resultados efectivos en la protección de los animales.

Durante sus dos periodos al frente del municipio de Tecámac, en el Estado de México, la actual senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, ordenó la eutanasia de 10 mil 962 perros en situación de calle. La legisladora reconoció públicamente la cifra y defendió que las medidas se adoptaron para atender reportes de agresiones contra habitantes, principalmente menores de edad.

La exalcaldesa presentó un desglose anual de los animales sacrificados durante su administración. De acuerdo con la información que mostró, en 2019 se registraron 483 casos; en 2020, 526; en 2021, mil 784; en 2022, dos mil 514; en 2023, dos mil 778; y en 2024, dos mil 877. Estos datos, aseguró, corresponden a intervenciones realizadas conforme a los lineamientos establecidos por las normas oficiales mexicanas.

Gutiérrez Escalante argumentó que las acciones respondieron a reportes documentados de ataques. “Pero aclarando, los perritos que fueron (sacrificados) fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establece, porque ya habían sido violentadas diversas personas y lo tengo documentado”, justificó.

La legisladora también señaló que la cifra total representa una situación compleja y no únicamente un dato estadístico. “Cualquier decisión que se deba tomar a ese respecto duele, pero también es una verdad que pocos están diciendo con responsabilidad. Durante años a nivel nacional enfrentamos una crisis real, abandonó masivo, reproducción sin control, animales enfermos, agresivos, que también están sufriendo de manera extrema”, afirmó.

En su posicionamiento, la senadora sostuvo que la difusión de un video en redes sociales simplifica el contexto de las decisiones adoptadas durante su administración municipal. Según indicó, las medidas fueron tomadas con base en reportes ciudadanos y dentro de los marcos legales vigentes, con el objetivo de reducir riesgos para la población.

Las declaraciones de la senadora surgen tras la difusión de información sobre las acciones emprendidas durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, en las que el sacrificio de animales en situación de calle se implementó como parte de las estrategias para atender incidentes reportados por la ciudadanía y registrados por el centro de bienestar animal del municipio.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó a legisladores de Morena que el paquete económico 2026 incluirá modificaciones en los impuestos a empresas refresqueras, como parte de las medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas en México.

Durante la plenaria de la bancada guinda, Godoy señaló que el ajuste responde a la estrategia nacional contra el consumo excesivo de azúcar, ya que está vinculado con padecimientos como la diabetes y la hipertensión. “Viene la Ley General de Salud. Bueno, en el paquete económico seguramente van a tener mucho cabildeo porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expresó.

El anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal mantiene activa una cruzada para reducir los riesgos a la salud derivados de bebidas industrializadas. El planteamiento de nuevos gravámenes busca reforzar esa política pública desde la perspectiva fiscal.

Además, la consejera jurídica recordó que aún está pendiente la regularización de los vapeadores dentro de la Ley General de Salud. “Hay que sacar ya la reforma secundaria. Pero también es una reforma importante porque se está modificando lo que ya está, que es todo el tema de la compra masiva de medicamentos, todo esto que ha sido motivo de mucha discusión”, indicó.

Godoy también destacó que el rediseño del sistema nacional de salud avanza hacia un modelo en el que las instituciones como ISSSTE e IMSS Bienestar trabajen de manera coordinada, incluyendo un esquema de compensaciones entre ellas. Subrayó que el objetivo es garantizar el acceso sin importar a qué institución pertenezca cada derechohabiente.

En su mensaje, la funcionaria detalló que los cambios legislativos se articulan con otros temas en curso dentro del Congreso. Entre ellos, mencionó los avances de la Reforma a la Guardia Nacional, la Ley sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como la Ley General de Protección y Bienestar Animal.

A través de su cuenta de X, Godoy informó que también están en puerta iniciativas de gran calado, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, el paquete económico 2026 perfila ajustes fiscales dirigidos a la industria refresquera, mientras que en paralelo avanza la agenda de reformas en materia de salud, seguridad, derechos indígenas y bienestar animal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa que busca transformar las corridas de toros en la capital para eliminar el maltrato animal. La propuesta, que será votada en el Congreso capitalino el martes 18 de marzo, plantea modificaciones a la práctica taurina bajo un nuevo modelo denominado “espectáculo taurino libre de violencia”.

Esta iniciativa introduce siete puntos clave para garantizar la integridad de los toros durante el espectáculo:

• Se prohíbe la muerte del toro tanto dentro como fuera de la plaza.

• Se protege la integridad física de los toros, prohibiendo cualquier tipo de maltrato.

• No se podrán utilizar objetos punzocortantes que causen heridas, lastimaduras o la muerte del toro. Solo estarán permitidos el capote y la muleta.

• Los cuernos de los toros deberán estar protegidos para evitar que causen heridas a otros animales o personas.

• Cada corrida tendrá un tiempo máximo de 10 minutos por toro, con un límite total de 30 minutos.

Brugada enfatizó que la ciudad no debe mantener la crueldad como forma de entretenimiento y que la evolución de la cultura y las tradiciones debe ir de la mano con el respeto a los derechos de los animales. “El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición”, declaró.

La propuesta ha generado un debate entre sectores de la sociedad. Mientras que algunos la apoyan como un avance hacia el bienestar animal, otros defienden la tauromaquia como una expresión cultural y artística. Sin embargo, la mandataria capitalina ha subrayado que todas las sociedades deben evolucionar y adaptarse a nuevos valores.

El diputado Pedro Haces, afín a la tauromaquia y miembro del partido Morena, declaró que en caso de llegar la iniciativa al Congreso, su grupo parlamentario tendrá libertad de voto. Explicó que la medida de corridas sin muerte es una decisión tomada desde el desconocimiento, ya que los toros serían sacrificados tras el espectáculo.

Por su parte, Pepe Saborit, director de la asociación Tauromaquia Mexicana, aseguró que ninguno de los profesionales ni los gremios del sector taurino ha aceptado la propuesta de corridas incruentas.

Para que la iniciativa sea aprobada, se requiere una mayoría simple en el Congreso de la Ciudad de México. Aunque existen legisladores en contra de la prohibición total de las corridas de toros, la votación del 18 de marzo será decisiva para definir el futuro de la tauromaquia en la capital.

Este debate pone sobre la mesa la importancia de encontrar un equilibrio entre tradición y respeto por la vida animal, marcando un posible cambio en el rumbo de la tauromaquia en la Ciudad de México.