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La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local que establece penas de hasta tres años de cárcel para quien incurra en conductas de “ciberasedio” a través de redes sociales u otros medios digitales. La nueva normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y publicada en el boletín oficial número 454, con fecha del 12 de junio de 2025.

La iniciativa define el ciberasedio como el uso de tecnologías de información, plataformas digitales, correos electrónicos o cualquier espacio en línea para insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, de forma persistente, al punto de causar un daño físico o emocional. La sanción prevista incluye prisión de entre 11 meses y tres años, así como multas que oscilan entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En los casos en que la víctima sea menor de edad, la pena se incrementará proporcionalmente: desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Esta medida busca fortalecer la protección a menores en entornos digitales, donde las agresiones se han vuelto recurrentes.

Durante la sesión legislativa, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que esta reforma está alineada con la defensa de los derechos ciudadanos y busca garantizar la seguridad e integridad de la población. La legisladora, perteneciente al partido Morena, insistió en que la modificación responde a una creciente preocupación social sobre la violencia digital.

En contraste, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla, expresaron su oposición a la reforma. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que la redacción de la ley carece de precisión jurídica y podría ser empleada de manera discrecional para silenciar voces críticas, especialmente las de periodistas y medios de comunicación.

El posicionamiento cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que la libertad de expresión no solo protege mensajes favorables o neutrales, sino también aquellos que puedan resultar chocantes, perturbadores o incluso ofensivos para determinados sectores del poder o la sociedad.

Además del ciberasedio, la reforma también incorporó disposiciones relacionadas con la usurpación de identidad y el espionaje digital, con el objetivo de ampliar la protección frente a delitos cometidos en entornos tecnológicos.

La aprobación de esta reforma marca un precedente legal en la regulación del comportamiento en internet dentro del estado de Puebla, en medio de un contexto nacional en el que se debate el equilibrio entre libertad de expresión y protección contra la violencia digital.