A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

En Tabasco, las declaraciones del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, marcaron un punto de tensión en el análisis oficial sobre la desaparición de personas en la entidad. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el funcionario afirmó que algunos de los casos reportados no responden necesariamente a un crimen, sino a situaciones que, según sus palabras, ocurren cuando las víctimas “andaban de parranda”.La frase, expresada literalmente durante su intervención, generó inmediata atención por la forma en que se explicó un fenómeno de alto impacto social.

El secretario presentó ante legisladores el balance actualizado de personas desaparecidas en el estado, donde existe un registro acumulado de 4 mil 807 casos. De ese total, 2 mil 771 personas han sido encontradas a lo largo de distintos periodos administrativos. 

En ese contexto, López Obrador comentó: “Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción ‘andaban de parranda’”.

Al mismo tiempo, destacó que durante el primer año de gobierno de Javier May Rodríguez se han localizado 215 personas, resultado que el funcionario presentó como uno de los avances más relevantes del periodo. Añadió que, aun cuando las búsquedas no concluyen con vida, los familiares valoran la recuperación de restos. “Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura”, afirmó ante los legisladores.

El panorama actual muestra que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 mil 46 personas permanecen sin ser ubicadas en Tabasco hasta el 18 de noviembre de 2025. En ese mismo periodo, el primer año de la actual administración estatal contabiliza 369 nuevos reportes de desaparición.

El tema de las personas no localizadas adquirió mayor visibilidad tras el hallazgo de dos fosas clandestinas el 27 de marzo, localizadas en un rancho presuntamente abandonado en Macuspana, municipio que también es lugar de origen de los hermanos López Obrador. El hallazgo reforzó la demanda social por investigaciones exhaustivas y mecanismos más sólidos de búsqueda en la región.

El informe ante el Congreso y las expresiones del secretario reactivaron la discusión sobre la manera en que las autoridades abordan la desaparición de personas en Tabasco, un asunto que continúa en el centro del interés público por su complejidad y por el impacto directo en cientos de familias de la entidad.

Una reciente reforma al Código Penal en Puebla ha llamado la atención nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó una solicitud directa al gobierno estatal para revisar el contenido del nuevo artículo 480, aprobado por el Congreso local, relacionado con el delito de ciberasedio.

El organismo autónomo emitió el boletín de prensa número 454, fechado el 12 de junio de 2025, donde expresó su inquietud sobre la forma en que fue redactada esta nueva figura penal. La preocupación principal radica en que el texto contiene ambigüedades que podrían representar un riesgo para el derecho a la libertad de expresión en contextos de relevancia pública.

La tipificación del delito, según se establece en el artículo reformado, involucra el uso de tecnologías de información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, cuando se insulte, injurie, ofenda, “agrave” (sic) o veje a otra persona con la insistencia suficiente para provocarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

La pena estipulada en el documento va desde los 11 meses hasta los tres años de prisión, además de una multa que podría oscilar entre cincuenta y trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Frente a esto, la CNDH hizo un llamado formal para que el gobierno poblano revise el contenido del artículo 480 y garantice el respeto al principio de legalidad. También señaló la importancia de evitar que el derecho penal sea utilizado como un mecanismo indirecto de censura o de inhibición hacia quienes deseen manifestar ideas, pensamientos u opiniones por cualquier medio.

En el mismo comunicado, el organismo enfatizó que la redacción actual puede generar una aplicación discrecional por parte de las autoridades judiciales y, en consecuencia, afectar el ejercicio pleno de derechos fundamentales.

El exhorto también considera necesario que cualquier medida legislativa contemple un equilibrio entre la protección contra el acoso digital y la garantía de los derechos humanos. La revisión sugerida busca prevenir sanciones injustificadas derivadas de expresiones legítimas, especialmente en espacios digitales que, hoy por hoy, son esenciales para la participación democrática y la difusión de información.

Hasta el momento, no se ha emitido respuesta pública por parte del gobierno estatal ni del Congreso de Puebla respecto al posicionamiento de la CNDH. La solicitud permanece abierta mientras continúan las discusiones sobre los límites entre la libertad de expresión y la regulación del entorno digital.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que el próximo 23 de marzo de 2025 se realizarán elecciones extraordinarias en cuatro municipios de Puebla, tras la anulación de los resultados de los comicios anteriores. La decisión fue tomada por el Congreso local debido a hechos de violencia, irregularidades en la cadena de custodia y ausencia de actas de escrutinio y cómputo. 

Los municipios en los que se renovarán autoridades son Ayotoxco de Guerrero, Chignahuapan, Venustiano Carranza y Xiutetelco. Se elegirán un total de 43 cargos municipales, incluyendo cuatro presidencias municipales, cuatro sindicaturas y 35 regidurías.

El proceso electoral estará abierto a la participación de 107 mil 487 ciudadanos inscritos en el listado nominal, quienes podrán emitir su voto entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en sus respectivas casillas.

El Congreso de Puebla emitió un decreto el 14 y 15 de octubre en el que oficializó la convocatoria a estos comicios para el periodo 2024-2027. Desde entonces, el INE ha estado preparando la organización del proceso electoral extraordinario.

En Ayotoxco de Guerrero, los candidatos son Alice Guerrero, de Morena; Pedro Báez “El Peri”, del PAN, y Javier Becerril, del Partido Verde.

Para Chignahuapan, los aspirantes a la presidencia municipal son Mario Luis Olvera, del PRI; Juan Rivera Trejo, de Morena; Mónica Cano, de Movimiento Ciudadano, y Pedro Fernández Moreno, del PSI.

En Venustiano Carranza, los contendientes son Marco Valencia Ávila, del PAN; Ernesto García Rodríguez, de Morena; Jessica Ventura Barona, de Movimiento Ciudadano, y Bryan Cruz Pérez, del PSI.

Finalmente, en Xiutetelco se registraron Baltasar Narciso, de Morena y PT; Silvia Durán Altamirano, del PRI; Germán Hilario Cano, de Movimiento Ciudadano; Esbeidi Aguirre Bruno, del PSI, y Julieta Valdez, del Partido Verde.

Con esta jornada electoral, Puebla busca garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada en estos municipios y que los nuevos gobiernos locales sean elegidos de manera justa y transparente. El INE continuará con los preparativos para asegurar un proceso ordenado y seguro para los votantes.