Etiqueta: Quintana Roo

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó una serie de bloqueos y hechos violentos en al menos 14 estados del país, de acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo.

Autoridades federales informaron que las afectaciones incluyeron quema de vehículos y cierres en vías primarias y secundarias. Entre las entidades con incidentes se encuentran Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo.

Según la Guardia Nacional, el primer bloqueo fue reportado a las 9:32 horas en Michoacán; minutos después se notificó otro en Jalisco por un vehículo incendiado. En esa entidad, el Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas se contabilizaban 21 bloqueos carreteros activos. 

Cinco de ellos habían sido controlados, mientras fuerzas federales y estatales permanecían desplegadas para restablecer la circulación. La autoridad precisó que en los puntos intervenidos se mantenía flujo vehicular lento pero constante.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que, derivado de los hechos en la entidad, se registraron seis personas detenidas y un presunto agresor abatido. En avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle fueron aseguradas dos personas y un vehículo; en ese punto, uno de los involucrados murió. 

En la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, se reportaron cuatro detenciones adicionales y el aseguramiento de otro automóvil. Además, se confiscaron dos vehículos en el cruce de avenida Periférico y avenida Guadalupe.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el abatimiento del líder criminal. Durante una visita a Coahuila, fue abordada por medios de comunicación mientras saludaba a asistentes desde una camioneta. Ante los cuestionamientos, respondió: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Horas antes, en un acto público en San Pedro, Coahuila, la mandataria centró su mensaje en programas sociales y no hizo referencia a los hechos relacionados con el operativo. Al insistirle la prensa para enviar un mensaje a la ciudadanía tras la muerte de “El Mencho”, reiteró que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, las fuerzas federales no han presentado un informe ampliado sobre el operativo ni sobre el balance total de los incidentes registrados en las distintas entidades.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el programa nacional El maíz es la raíz, una estrategia diseñada para conservar, producir y comercializar las variedades nativas mientras fortalece los sistemas agroalimentarios comunitarios.

La iniciativa fue expuesta durante la conferencia presidencial por la directora de Alimentación para el Bienestar, quien precisó que el proyecto comenzará el próximo año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Su aplicación se ampliará gradualmente hasta 2030, cuando abarcará las ocho regiones agrícolas del país y alcanzará a cerca de un millón y medio de pequeños productores.

El programa establece una ruta que integra producción agroecológica, uso colectivo de maquinaria ligera y fortalecimiento de la organización comunitaria. Estos ejes buscan mejorar la productividad sin alterar la esencia de la milpa, sistema agrícola que ha sostenido la diversidad del maíz nativo durante generaciones. La maquinaria será asignada de manera colectiva a grupos de productores, lo que permitirá reducir costos, distribuir responsabilidades y elevar el rendimiento en cada ciclo agrícola.

Otro componente central es el acompañamiento técnico. Equipos especializados, junto con integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajarán con comunidades milperas integradas por grupos de cien productores. Este vínculo pretende mejorar prácticas agronómicas, reforzar la autonomía tecnológica y facilitar el intercambio de conocimientos para mantener cultivos sanos y productivos. El planteamiento parte de que el potencial de rendimiento del maíz nativo depende directamente del manejo agronómico y no de la genética de la semilla.

Además de la producción, el plan impulsa la transformación y comercialización del maíz mediante esquemas comunitarios. Se contempla la creación de tortillerías, tostaderías y espacios para elaborar totopos con sello de origen, administrados por cooperativas de mujeres campesinas. Este modelo busca asegurar ventas a precio justo y que los ingresos lleguen de manera directa a las familias productoras, reforzando la economía local desde la producción primaria hasta la venta final.

La estrategia incluye también mecanismos para proteger la biodiversidad del maíz nativo, considerada un legado cultural y alimentario que identifica al campo mexicano. La propuesta se articula como una política integral que combina tradición agrícola, apoyo técnico, trabajo colectivo y participación comunitaria.

Con El maíz es la raíz, el gobierno federal marca una ruta de largo plazo destinada a consolidar la soberanía alimentaria, revitalizar las prácticas campesinas e impulsar la economía de las regiones agrícolas. El proyecto se establece como una apuesta nacional para fortalecer a las comunidades rurales y garantizar la permanencia del maíz nativo como base del sistema alimentario mexicano.

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó a Oaxaca tras el paso del huracán Erick, ahora degradado a depresión tropical, para coordinar la atención a las comunidades más afectadas. La mandataria llegó a la entidad en helicóptero, procedente de Puerto Escondido, donde fue recibida por el gobernador Salomón Jara. La imagen del encuentro fue compartida en redes sociales por el propio gobernador.

Durante la jornada, Sheinbaum recorrió zonas afectadas, entre ellas Corralero, en el municipio de Pinotepa Nacional, por donde ingresó el fenómeno natural como huracán categoría 3. En esta localidad, la presidenta afirmó que las comunidades damnificadas recibirían apoyo en materia de alimentación, agua potable y reconstrucción de viviendas.

La titular del Ejecutivo federal estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Morales; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Bienestar, Ariadna Montiel; y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva. También participaron Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y de Atención Ciudadana, y el gobernador Salomón Jara.

Durante su visita, la mandataria federal explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumirían la tarea de distribuir insumos básicos en las comunidades afectadas. Se priorizó el abastecimiento de alimentos y agua potable para la población damnificada. Paralelamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue instruida para restablecer la conectividad con las poblaciones incomunicadas por los daños en caminos y carreteras.

En los videos difundidos desde sus redes sociales, Sheinbaum expresó que los censos para la entrega directa de apoyos serían realizados por el personal de la Secretaría de Bienestar, una vez que las rutas de acceso quedaran restablecidas.

La visita a Oaxaca implicó la reprogramación de su agenda previa. La gira que tenía contemplada en Quintana Roo fue suspendida. En esa entidad, la gobernadora Mara Lezama confirmó que Sheinbaum cambió su itinerario tras evaluar la magnitud de los daños en el sur del país. “La presidenta ha decidido —lo acaba de confirmar— que va a Oaxaca para acompañar a nuestras hermanas y hermanos con el objetivo de brindar toda la ayuda”, señaló Lezama en una entrevista radiofónica.

El huracán Erick impactó la costa oaxaqueña como categoría 3, dejando a su paso una decena de municipios con daños severos. Entre los principales efectos se reportaron comunidades incomunicadas, cientos de personas evacuadas y daños estructurales en viviendas y caminos. Aunque el fenómeno perdió fuerza en las siguientes horas, continuó generando lluvias en distintas zonas del estado.

La visita de Sheinbaum a Oaxaca marcó uno de los primeros despliegues federales de su administración en respuesta a una emergencia natural. Su recorrido coincidió con una etapa crítica para la región, en la que el apoyo logístico y la coordinación interinstitucional resultaron clave para atender la emergencia y comenzar la fase de recuperación.

Mientras tanto, en Quintana Roo, las actividades relacionadas con el programa Casa por Casa y el encuentro con representantes del IMSS-Bienestar en Felipe Carrillo Puerto fueron aplazadas. La gobernadora Lezama reafirmó que su administración mantendría comunicación constante con Oaxaca y con la federación para ofrecer apoyo adicional si se consideraba necesario.

Un contingente de 172 cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar volvió al puerto de Veracruz la madrugada de este lunes, marcando el cierre anticipado de una travesía que debía consolidar su formación profesional. El regreso, sin embargo, estuvo teñido por la tragedia: dos marinos fallecidos, 22 lesionados y un histórico buque varado en Nueva York tras un choque que ya se investiga a nivel internacional.

A bordo del avión que los trasladó desde Estados Unidos también viajaban dos oficiales, un capitán, un oficial adicional y tres clases. La Secretaría de Marina gestionó su retorno desde el domingo, luego del impacto del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn la noche del 17 de mayo. Dos cadetes permanecen hospitalizados en Nueva York recibiendo atención médica especializada.

El impacto dejó severos daños en los mástiles del velero mexicano, que superaban la altura del puente. La fuerza del choque provocó que las estructuras colapsaran. La SEMAR confirmó que los jóvenes marinos realizaban prácticas de navegación, parte fundamental de su preparación académica, cuando ocurrió el accidente.

La nave, que había zarpado el 4 de mayo desde Cozumel, Quintana Roo, había recorrido puertos en Cuba, Islandia, Jamaica y Francia. Según datos de la Escuela Naval de Antón Lizardo, a bordo del Cuauhtémoc viajaban 277 personas: 213 hombres y el resto mujeres, en su mayoría cadetes.

La Marina no ha informado aún qué ocurrirá con el emblemático buque, ahora inmovilizado en Brooklyn. Mientras tanto, las investigaciones avanzan y apuntan a la operación de remolque como posible factor determinante del accidente. La Agencia Nacional para la Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (NTSB) ya solicitó información a la empresa McAllister Towing, propietaria del remolcador Charles D. McAllister, que asistía al Cuauhtémoc al momento del incidente.

Este remolcador, construido en 1967 y uno de los más antiguos aún en operación en la bahía de Nueva York, habría empujado al buque mexicano por un costado en lugar de arrastrarlo, maniobra cuestionada por expertos navales. “El remolcador utilizado era potente, pero como no está amarrado al barco sólo puede empujar. No puede tirar del barco contra el viento y la corriente”, declaró el capitán John Konrad, oficial de la Marina Mercante de EE. UU.

Videos del incidente muestran cómo el Cuauhtémoc retrocede sin control hacia el puente, mientras el remolcador intenta corregir la dirección sin éxito. La colisión fue inevitable.

McAllister Towing confirmó su participación en el apoyo al velero y aseguró estar colaborando con las autoridades. Se espera que en las próximas horas se revelen avances en la investigación oficial que busca aclarar uno de los incidentes más impactantes en la historia reciente de la Marina mexicana.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.

El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.

Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.

En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.

Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.

La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado indignación y movilizaciones en todo el país. En el sitio se encontraron al menos 400 pares de zapatos y restos humanos, lo que ha intensificado el reclamo por justicia y acción gubernamental frente a la crisis de desapariciones en México.

En la Ciudad de México, manifestantes se congregaron en el Zócalo, donde realizaron un conteo de 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas un mapa simbólico del rancho. En otras ciudades, como Monterrey y Cancún, se llevaron a cabo vigilias y protestas. En esta última, madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos vinculados al crimen organizado, donde las lluvias han dejado expuestos restos humanos.

María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que estos cementerios han sido identificados en Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkín. “Solo de dos fosas sabemos la cantidad exacta de personas encontradas: son 24”, afirmó.

Los colectivos de búsqueda han denunciado la omisión de las autoridades en la investigación de estos crímenes. La Red TDT exigió la apertura de expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas a nivel nacional. “No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”,afirmaron. También alertaron que, desde 2011, al menos 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México por su labor de búsqueda.

En las manifestaciones, familiares de desaparecidos expresaron su desesperación y exigieron respuestas. Aurora Corona Rodríguez, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, declaró: “Vivimos en un país de horror. Sufrimos su ausencia y nadie nos escucha”. Por su parte, Patricia de la Cruz, madre de otro desaparecido en Tamaulipas, criticó la postura gubernamental: “La presidenta dice que no han encontrado muchas cosas, pero no ha ido a ver la realidad”.

Según Amnistía Internacional, en México desaparecen alrededor de 30 personas diariamente. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de magnificar el hecho y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionará información sobre el caso en los próximos días.

Este lunes, la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue escenario de intensos enfrentamientos armados tras la detención de Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste. Debido a la violencia desatada, el Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl cerró sus operaciones y el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. 

El Consulado de EE.UU. informó que recibió reportes de múltiples tiroteos en distintos puntos de la ciudad, por lo que recomendó al personal gubernamental resguardarse. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las autoridades atendieron reportes de detonaciones en la colonia Nueva Era y en la colonia Buena Vista, donde se registraron situaciones de alto riesgo.

Viva Aerobus anunció a través de redes sociales que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por motivos de seguridad y bloqueos en sus inmediaciones. La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, confirmó la cancelación de los vuelos programados y anunció que serán reprogramados para el martes 4 de febrero.

“El Ricky” tenía dos órdenes de aprehensión en su contra por homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, así como por daños calificados, privación de la libertad y homicidio calificado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo identificó como el segundo hombre más importante dentro del grupo criminal, solo por debajo de Juan Cisneros Treviño, alias “Juanito Treviño”.

Ante los hechos de violencia, la alcaldesa de Nuevo Laredo exhortó a los ciudadanos a no salir de sus casas y mantenerse resguardados hasta que la situación se normalice. Mientras tanto, las autoridades continúan con operativos de seguridad para restablecer el orden en la ciudad.