SCJN ordena a Grupo Xcaret retirar referencias mayas de su publicidad tras fallo a favor del patrimonio indígena

El uso comercial de símbolos de la cultura maya por parte de Grupo Xcaret quedó sin efecto este jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara revocar la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar empleando dichos elementos en su publicidad y plataformas digitales.

La decisión fue tomada por el Pleno del máximo tribunal, que consideró que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del Gran Consejo Maya de Quintana Roo, organismo que desde 2022 inició el reclamo contra el uso de símbolos mayas en la promoción turística del corporativo.

El caso se originó cuando el Consejo exigió a la empresa abstenerse de utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad. Posteriormente, Grupo Xcaret promovió un amparo que fue analizado por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En ese momento, el juez concedió una suspensión definitiva que permitió a la compañía continuar empleando las imágenes y símbolos con fines promocionales, principalmente para atraer turistas.

Sin embargo, el escenario cambió tras la intervención del máximo tribunal. En octubre de 2025, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso para su análisis. La resolución final fue presentada por la ministra María Estela Ríos González, quien propuso revocar la suspensión al considerar que corresponde a los pueblos indígenas decidir sobre el uso de su patrimonio cultural.

El fallo se sustentó en la reforma de 2024 al artículo 2 constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Bajo estos criterios, la Corte concluyó que la empresa deberá retirar cualquier elemento alusivo a la cultura maya de sus espacios de publicidad y medios de difusión.

En el documento, la ministra explicó que el uso de estos símbolos no es indispensable para la actividad comercial de la empresa. “El giro comercial de la quejosa (Xcaret), dada su naturaleza, no torna necesario que en sus páginas de internet haga uso de elementos culturales propios del Pueblo Maya, ya que el funcionamiento real para prestar servicios de hotelería, atracciones, restaurantes, etcétera“, se expresa en el fallo.

Con esta determinación, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución previa que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando referencias culturales mayas en su promoción turística. La decisión marca un precedente en torno a la protección del patrimonio cultural indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus símbolos y tradiciones.

Sheinbaum destina 13 mil mdp a comunidades indígenas con gestión directa

Durante una asamblea informativa celebrada en la comunidad de Zaragoza, en Acayucan, Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión histórica de 13 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura básica en pueblos y comunidades indígenas a lo largo del país. Este monto, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se aplicará en 2025 y estará bajo el control directo de las comunidades beneficiadas.

En el estado de Veracruz, se destinarán mil 418 millones de pesos para atender a 2 mil 500 comunidades que pertenecen a 18 pueblos indígenas y afromexicanos. La distribución de los recursos tomará en cuenta el grado de pobreza y la población de cada comunidad. A nivel nacional, el fondo alcanza una cobertura mucho más amplia, con la participación directa de los pueblos originarios en la planeación y ejecución de los proyectos.

Claudia Sheinbaum explicó que la administración de estos recursos se hará de manera participativa y transparente. Las decisiones se tomarán en asambleas comunitarias, donde las propias personas definirán las obras prioritarias para su desarrollo. Ahí mismo se elegirá a un comité encargado de ejecutar las acciones y otro de vigilancia que supervise el uso correcto del presupuesto.

También señaló que cada comunidad contará con una tesorera, y destacó que esta responsabilidad estará a cargo de una mujer, con el argumento de que “las mujeres administramos más honestamente los recursos”.La medida busca fomentar la participación de las mujeres en la gestión comunitaria, además de garantizar mayor transparencia en el uso del dinero.

Durante este evento, Sheinbaum estuvo acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel; y el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, así como otros miembros del gabinete federal. Todos coincidieron en señalar que este modelo de inversión permitirá reducir desigualdades históricas al empoderar directamente a las comunidades con herramientas de organización, decisión y autonomía.

La estrategia impulsada por el gobierno federal representa un giro significativo en la manera de ejecutar obras públicas en contextos rurales y marginados, priorizando el enfoque comunitario y reconociendo la capacidad organizativa de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta acción busca consolidarse como una base sólida para el desarrollo con identidad, inclusión y justicia social.

Senado sesionará hoy para aprobar reforma de la Guardia Nacional

El Senado de la República realizará una sesión este domingo, en la cual participarán únicamente legisladores del bloque oficialista, para aprobar la declaratoria de dos importantes reformas constitucionales: una sobre la Guardia Nacional y otra que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Estas serán las últimas reformas que entrarán en vigor antes del final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, subrayó que la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha sido avalada por 21 congresos estatales hasta el viernes, al igual que la reforma relacionada con los derechos de los pueblos indígenas.

Gutiérrez Escalante desestimó las críticas de la oposición, las cuales argumentan que la reforma de la Guardia Nacional implica una militarización del país, afirmando que dichas opiniones carecen de fundamentos sólidos. La senadora señaló que la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena no significa una militarización, sino una mejora en la capacitación y el mando para proteger mejor a la ciudadanía.

La legisladora del Estado de México también recordó que estas reformas forman parte de las 20 iniciativas que el presidente López Obrador envió en febrero. Hasta ahora, dos de ellas han recibido la declaratoria de reforma constitucional.

Finalmente, la senadora adelantó que la próxima semana se aprobará otra reforma de gran relevancia, que garantizará que el incremento del salario mínimo nunca sea inferior a la tasa de inflación anual, una medida que ya fue avalada por la Cámara de Diputados.

Avanza la Justicia en el Senado con la aprobación de la Reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos

En un histórico paso hacia la inclusión y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, el Senado de México ha aprobado, con 32 votos a favor, un ambicioso proyecto de reforma que modifica el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta decisión fue el resultado de un intenso análisis y debate llevado a cabo por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, bajo la dirección de Ernestina Godoy y Citlalli Hernández, respectivamente.

La sesión, que se llevó a cabo en la tarde de ayer, se convirtió en un foro donde los senadores tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas sobre la trascendencia de esta reforma. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador del Movimiento Ciudadano, enfatizó la importancia de abordar “una deuda histórica” con las comunidades que durante años han sido marginadas. “Hoy, no solo estamos votando por una reforma, estamos dando un paso hacia la justicia social”, afirmó Colosio, quien destacó que este cambio permitirá el acceso a derechos fundamentales, incluyendo la educación.

La reforma no solo reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, sino que también les otorga personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento implica que podrán establecer sus propios sistemas de gobierno y participar activamente en el desarrollo social, cultural y económico de sus comunidades. “Es un momento de reivindicación”, añadió Beatriz Mojica, senadora morenista y defensora de los derechos afromexicanos, quien lamentó la invisibilización histórica que han sufrido estos grupos en la narrativa nacional. “Hoy, nuestra historia se cuenta de manera más completa y justa”, señaló.

Desde el PAN, Ricardo Anaya subrayó que esta reforma es “una oportunidad única” para implementar acciones afirmativas que favorezcan a la población indígena. “Si se lleva a cabo correctamente, se logrará una igualdad sustantiva que garantice derechos y oportunidades”, afirmó, dejando claro que el compromiso no solo reside en la aprobación del dictamen, sino en su correcta implementación.

El camino hacia la consolidación de estos derechos no termina aquí. Las leyes secundarias que se desarrollarán a partir de esta reforma serán cruciales para garantizar que las promesas se materialicen en mejoras concretas para las comunidades. En este sentido, las senadoras y senadores presentes en la sesión manifestaron su compromiso de asegurar un presupuesto adecuado que responda a las necesidades de desarrollo de estas comunidades históricamente marginadas.

Este hito en la legislación mexicana marca un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Con la reforma ya aprobada, se abre un espacio para que estas comunidades no solo sean reconocidas, sino que también tengan un papel protagónico en la construcción de su futuro. La esperanza es que, con acciones contundentes y un compromiso real, se transforme la realidad de millones de mexicanos que anhelan justicia y dignidad.

Monreal revela las reformas que vienen: Guardia Nacional y Derechos Indígenas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

 

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

 

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

 

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

 

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

 

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.

La reforma para Pueblos Indígenas y Afromexicanos que divide opiniones

En un acontecimiento que muchos califican como histórico, la Cámara de Diputados de México aprobó con 37 votos a favor y cero en contra una reforma constitucional que otorga personalidad jurídica a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, el consenso no fue sin controversia, y mientras algunos celebran la decisión como un gran paso hacia la justicia histórica, otros insisten en que la reforma se queda corta en su alcance y profundidad.

 

Durante la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados dieron luz verde a la iniciativa presidencial que reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento legal es considerado por muchos como un avance significativo en la lucha de estas comunidades por la autonomía y el respeto a sus derechos ancestrales.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fue enfático en su discurso al señalar que “la reforma al artículo 2 de la Carta Magna incluye una Constitución muy completa a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Según Robledo Ruiz, este dictamen es el resultado de un proceso inclusivo que incorporó diversas propuestas de distintos grupos parlamentarios, y añadió que “se salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

 

No obstante, no todos compartieron el optimismo del diputado Robledo Ruiz. Paulina Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue contundente al expresar su desacuerdo. “No puedo sostener ese tono de algarabía que escucho en todos nuestros compañeros”, señaló Rubio, argumentando que “esta reforma está mocha, incompleta”. Rubio reveló que, en reuniones con la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, surgieron preocupaciones respecto a que la reforma no abarca todos los puntos necesarios para satisfacer las demandas de estas comunidades.

 

La diputada Rubio reconoció que el PAN tenía la obligación de apoyar esta iniciativa, al considerar que es “un pequeño paso”, pero insistió en que no es suficiente. En su intervención, hizo un llamado al grupo mayoritario para que, en el futuro, se incluyan más puntos que fueron consensuados con los pueblos indígenas. “Es nuestra obligación dejar de manifiesto que no es una reforma que cubra todas las necesidades”, subrayó con firmeza.

 

El debate se tornó aún más emotivo cuando el diputado Iran Santiago Manuel, maestro rural y representante de Morena, habló en su lengua materna zapoteca antes de compartir su perspectiva en español. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Santiago Manuel declaró: “Es un día histórico porque es un avance trascendental, no hay una lucha más prolongada que la de los pueblos originarios”. Además, destacó que la discriminación hacia sus paisanos sigue presente en muchas instituciones del país y que “la lucha sigue hasta que la dignidad sea costumbre”.

 

A pesar de las divergencias, la reforma representa un esfuerzo por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en el marco legal mexicano. Según el proyecto aprobado, se busca reformar de manera integral e intercultural el artículo 2 de la Constitución para reconocer los sistemas normativos propios de estas comunidades y un conjunto de derechos colectivos, en un intento por preservar la diversidad cultural que enriquece a la nación.

 

Sin embargo, las palabras de la diputada Rubio dejan claro que, para muchos, el camino hacia la verdadera inclusión y reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos aún está lejos de completarse. La expectativa es que, en futuros debates, se retomen las propuestas que fueron excluidas en esta primera reforma, para que el reconocimiento legal venga acompañado de acciones concretas que garanticen el respeto y la autonomía de estas comunidades.

 

En este escenario, el desafío persiste: cómo traducir las promesas de la ley en realidades tangibles para los pueblos indígenas y afromexicanos, asegurando que sus voces no solo sean escuchadas, sino también reflejadas en las decisiones que moldean el futuro del país.