Anuncian Ley de Economía Circular para frenar la sobreexplotación y el descontrol de residuos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

Comisión de Turismo desea avanzar en reforma para garantizar acceso público a las playas

En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.

El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.

La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.

La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.

Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.

MC propone reemplazar pirotecnia en celebraciones por drones para reducir contaminación

El uso de fuegos artificiales en celebraciones oficiales podría tener los días contados en México. Diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) presentarán este miércoles una iniciativa que busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de limitar los artificios pirotécnicos en eventos públicos y reemplazarlos por alternativas tecnológicas como drones, espectáculos de luces o láser.

La propuesta, impulsada por Laura Ballesteros Mancilla, Iraís Reyes de la Torre y Miguel Ángel Sánchez Rivera, pretende reducir la contaminación atmosférica que generan los fuegos artificiales, además de disminuir riesgos para la salud y reforzar la seguridad en concentraciones masivas.

El texto legislativo establece que los gobiernos estatales, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México deberán condicionar los permisos de espectáculos o el uso de suelo para eventos sociales, prohibiendo el uso de pirotecnia en caso de declararse una contingencia ambiental el día de la celebración.

La iniciativa también propone que, tras la realización de actos públicos donde se utilicen fuegos artificiales, las autoridades competentes evalúen el impacto ambiental y determinen si es necesario activar una contingencia. Para ello se deberán atender los niveles de contaminación generados y los parámetros ya establecidos en la normatividad vigente.

En caso de aprobarse, las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir de las próximas fiestas patrias, lo que marcaría un giro en las tradicionales celebraciones mexicanas que han estado históricamente acompañadas de pirotecnia.

Los legisladores de MC destacaron antecedentes en el país que respaldan su propuesta. Recordaron que el municipio de Tehuacán, Puebla, se convirtió en el primero en México y América Latina en prohibir de manera definitiva el uso de fuegos artificiales. La medida, explicaron, fue resultado de un amparo promovido por la asociación ambientalista TAC Una Protección al Entorno A.C. y el colectivo Círculo de Amparo.

De aprobarse, el cambio no solo tendría impacto en las celebraciones nacionales como las del 15 y 16 de septiembre, sino también en fiestas locales, ferias patronales y eventos sociales donde los fuegos artificiales forman parte del atractivo. La propuesta subraya que alternativas como los drones y los espectáculos de luces ofrecen innovaciones capaces de mantener el carácter festivo, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental y los riesgos a la salud pública.

Con esta iniciativa, la bancada de MC busca alinear las celebraciones mexicanas con prácticas sostenibles que ya se aplican en distintas ciudades del mundo, donde los espectáculos de luces han sustituido paulatinamente a la pirotecnia tradicional.