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La contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa incorporó este sábado a uno de los perfiles más cercanos al grupo político que ha gobernado la entidad en los últimos años. Omar Alejandro López Campos formalizó su registro después de renunciar a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado.

El ahora aspirante no sólo formó parte del gabinete estatal. También fue suplente del senador Enrique Inzunza cuando éste solicitó licencia por dos días en mayo. Inzunza ha sido acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de mantener vínculos con Los Chapitos.

López Campos es identificado además como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también ha sido acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su trayectoria en el servicio público se ha desarrollado de la mano de ambos políticos.

Antes de buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, el exfuncionario presentó su renuncia al gabinete estatal el viernes. Un día después se registró para competir en el proceso interno de Morena, PT y PVEM, donde al menos otros 15 morenistas buscan convertirse en el perfil que eventualmente dispute la gubernatura en 2027.

Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, López Campos inició una parte de su carrera en el ISSSTE entre 2013 y 2017, cuando Rocha Moya ocupaba la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí encabezó un área de integración, evaluación y desarrollo educativo.

En 2024 volvió al gobierno estatal como subsecretario de Normatividad e Información Registral. Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya lo nombró secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, cargo que dejó para incorporarse a la disputa interna de Morena. El aspirante también es hijo de Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

Su registro se realizó durante el quinto día del proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM, correspondiente a Sinaloa y Tlaxcala. Entre los participantes también figuran la senadora con licencia Imelda Castro, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas, la diputada local con licencia Teresa Guerra y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.

Con un mensaje centrado en su trayectoria política y en la defensa de su historial público, Carlos Puente dio el primer paso en la disputa por la candidatura de la Cuarta Transformación a la gubernatura de Zacatecas al registrarse como aspirante a la Coordinación en Defensa de la Transformación.

El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprovechó el acto para asegurar que, después de 30 años de carrera política, puede responder por cada etapa de su vida pública.

“No tengo un sólo vínculo que me avergüence”, afirmó. Más adelante añadió: “Soy un político nacional, soy un político zacatecano que con 30 años de trayectoria puedo pararme a verles de frente y decirles: tengo las manos limpias”.

Durante su registro dentro del proceso que realizan el PVEM, Morena y el Partido del Trabajo (PT), el legislador sostuvo que ha construido su carrera sin depender de padrinazgos políticos. “Soy un hombre honesto y honrado, que ha construido su carrera política sin padrinazgos”, expresó.

Además de defender su trayectoria, Puente dirigió un mensaje a quienes también participan en la búsqueda de la coordinación, al pedir que el proceso interno no derive en confrontaciones. “Porque Zacatecas no requiere de división. El pleito, la confrontación y el encono son el peor enemigo para el desarrollo de Zacatecas. Vamos a construir un puente a la unidad y a la transformación”, señaló al convocar a construir acuerdos entre los aspirantes.

Acompañado por Arturo Escobar, Comisionado Nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, así como por legisladores, dirigentes locales y militantes de ese partido, expuso que Zacatecas necesita impulsar la industrialización, generar más oportunidades y atraer inversiones para elevar el bienestar y el crecimiento económico.

Como parte de ese planteamiento, aseguró que el estado debe fortalecer su capacidad para generar recursos propios. “Tiene que cambiar ese paradigma de dejar de estar pidiendo dinero mes con mes a la Federación y tener la capacidad de generar sus propios ingresos”, planteó.

Al concluir su intervención, reiteró que cuenta con una ruta definida para alcanzar esos objetivos. “Vamos a cambiar la receta, vamos a escribir una nueva historia para Zacatecas”. “Tengo claro qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer y de dónde vamos a obtener los recursos para hacerlo”, garantizó.

El arranque de Rafael Marín Mollinedo en la contienda interna de Morena por Quintana Roo estuvo marcado por una serie de cuestionamientos sobre su pasado reciente y sus relaciones políticas, más que por el trámite de su registro como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante su encuentro con medios, el exdirector general de Aduanas tuvo que responder por su reciente visita al exgobernador Mario Villanueva, condenado por delitos relacionados con narcotráfico. Marín confirmó el encuentro y reconoció que mantiene una relación con él.

“Yo lo conozco y pues sí lo fui a visitar. Yo visito a quien me invita y no tengo ningún problema. Platicamos que Quintana Roo, él es un referente en el estado”, declaró.

Cuando una reportera le preguntó si Villanueva le había dado su respaldo para buscar la gubernatura, el aspirante rechazó esa posibilidad. “No, yo no ando buscando bendiciones de nadie para la candidatura. Yo me vengo a inscribir porque tengo el derecho, como fundador de Morena, de participar en este proceso”, respondió.

Otro de los temas que enfrentó fueron los señalamientos surgidos durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas, cargo que dejó para incorporarse de lleno a su proyecto político en Quintana Roo. Marín rechazó cualquier vínculo con el llamado “huachicol” fiscal y aseguró que su gestión dejó resultados.

“Tengo una trayectoria limpia, nadie me puede decir nada”, afirmó. Además, sostuvo que durante su administración la recaudación aumentó en 250 mil millones de pesos de un año al otro. “Eso se debió a que hicimos nuestro trabajo como correspondía”. También negó haber sido citado por la Fiscalía General de la República para aclarar esos señalamientos. “No, nunca. Yo no tengo nada. Al contrario, trabajamos y dimos resultados”.

El morenista rechazó además versiones sobre presuntos privilegios dentro del partido. Aseguró que lleva más de 40 años impulsando el movimiento que dio origen a la Cuarta Transformación y sostuvo que su participación responde a una petición de habitantes de Quintana Roo, no a respaldos políticos.

Sobre su patrimonio, afirmó que sus propiedades son producto de su trabajo como empresario y que toda su información patrimonial está reflejada en sus declaraciones ante la Función Pública y en sus declaraciones fiscales.

Al concluir su registro en el World Trade Center, Marín se reunió con simpatizantes que lo esperaban con música y carteles. Posteriormente abandonó el lugar acompañado por su equipo en tres camionetas blindadas con rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México para regresar a Quintana Roo.

El mapa político nacional podría cambiar este jueves. Cinco organizaciones buscan obtener el registro oficial como partidos políticos y será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de decidir si podrán competir por primera vez en las elecciones federales de 2027.

La resolución llegará durante la segunda sesión programada por el organismo electoral para este jueves, en la que los consejeros discutirán una por una las solicitudes de las agrupaciones que aspiran a incorporarse al sistema de partidos.

Entre los casos que concentran la atención se encuentra Construyendo Sociedades de Paz, A.C., organización que tuvo que modificar su nombre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganara una impugnación ante el Tribunal Electoral por el uso de sus iniciales. Además, es la agrupación que registra el mayor número preliminar de afiliados entre las cuatro Asociaciones Políticas Nacionales que buscan convertirse en partido. 

El proyecto es encabezado por Armando González y por el diputado federal de Morena Hugo Éric Flores, expresidente de los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos aliados del partido gobernante.

Otra de las organizaciones que espera la decisión del INE es Somos México, impulsada a partir de la Marea Rosa de 2024 y encabezada actualmente por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. La lista también incluye a México Tiene Vida, organización promovida por evangélicos de Nuevo León que se define ideológicamente como conservadora.

Asimismo, el Consejo General analizará la solicitud de Que Siga la Democracia, encabezada por Édgar Francisco Garza Ancira, exconsejero nacional de Morena y pareja de la diputada federal Gabriela Jiménez Godoy.

El quinto expediente corresponde a Interacción y Empatía para Todos, A.C., organización cuya petición también será sometida a votación durante la sesión.

Con estas resoluciones, el INE definirá cuáles de las cinco organizaciones cumplen con los requisitos para obtener el registro como partidos políticos nacionales y participar por primera vez en los comicios federales de 2027.

La segunda jornada de registros de Morena rumbo a las definiciones políticas de 2027 estuvo marcada por un mensaje contundente de la dirigencia nacional: ningún aspirante podrá buscar una candidatura a través de otro partido aliado para eludir las restricciones internas contra el nepotismo.

Mientras decenas de actores políticos comenzaron a formalizar sus aspiraciones en Chihuahua, Colima y Guerrero, la Comisión Nacional de Elecciones dejó claro que las reglas aplicarán sin excepciones, incluso en los casos que han generado mayor expectativa dentro del movimiento.

La advertencia surgió en medio de las especulaciones sobre una posible participación de Félix Salgado en Guerrero, estado gobernado actualmente por su hija, Evelyn Salgado. Ante ese escenario, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, afirmó que Morena no permitirá maniobras para esquivar los requisitos mediante postulaciones desde partidos aliados de la coalición. “No nos vamos a hacer la mala jugada de que algún militante de Morena se registre por otro partido solo para tener otra regla”, señaló.

La dirigente sostuvo que existe comunicación con quienes podrían verse alcanzados por la norma y aseguró que el partido mantendrá los criterios establecidos para el proceso. “Le tenemos todo el aprecio y el cariño a Félix, pero hay un requisito (contra el nepotismo) y los requisitos la Comisión Nacional de Elecciones tiene que cuidarlos (…) hay diálogo con él; algunos esperan oque Félix se enoje o que nosotros rompamos nuestras reglas. Adelanto que no va a pasar”, declaró.

Mientras la dirigencia defendía el cumplimiento de las reglas, en las sedes de registro comenzaban a evidenciarse las primeras señales de competencia interna. En Chihuahua, la senadora con licencia Andrea Chávez acudió para formalizar su inscripción y aseguró que mantiene ventaja en las mediciones. “Estamos arriba en todas las encuestas, sólo hay que revisarlo”, afirmó.

Horas después, el acceso al World Trade Center se convirtió en escenario de una demostración de respaldo para Cruz Pérez Cuéllar. Más de 150 simpatizantes acompañaron al exalcalde de Ciudad Juárez y senador con licencia, quienes llegaron con tambora y ocuparon la calle Filadelfia frente al recinto. El aspirante descartó retirarse de la contienda y aseguró que esperará el resultado de las encuestas.

En Colima, el proceso también exhibió diferencias entre las aspirantes. Rosa María Bayardo reconoció sentirse respaldada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, mientras que Griselda Valencia solicitó a la dirigencia nacional observar de cerca el desarrollo de la competencia interna.

El proceso que llevará a Michoacán a elegir gobernador en 2027 enfrentará su etapa inicial con una reconfiguración inesperada en su autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la salida del presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y de cuatro consejeros, una decisión que modifica la integración del organismo local cuando faltan menos de tres meses para el inicio formal de los comicios.

La determinación fue avalada por ocho integrantes del Consejo General del INE, mientras que tres votaron en contra. Con ello quedaron separados de sus cargos Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, así como los consejeros Juan Adolfo Montiel Hernández, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Claudia Marcela Carreño Mendoza y Silvia Verónica Mauricio Salazar.

El origen del caso se remonta al 17 de julio de 2025. Ese día, los integrantes del instituto electoral local designaron a un encargado de despacho del Órgano Interno de Control después de que concluyera el periodo del anterior contralor y el Congreso estatal no nombrara a un sustituto.

Para el INE, esa designación implicó asumir facultades que corresponden al Poder Legislativo de Michoacán. En contraste, Ignacio Hurtado defendió la actuación del organismo al señalar que la ausencia de una figura responsable en el área podía frenar procedimientos en curso y generar incumplimientos institucionales.

Tras conocerse la resolución, los funcionarios removidos adelantaron que acudirán a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida, al considerar que la sanción aplicada es excesiva.

La decisión también abrió un frente político. Las dirigencias estatales del PRI y del PAN atribuyeron la remoción a una presunta estrategia de Morena de cara a la elección estatal. Guillermo Valencia Reyes, dirigente priista, aseguró: “Es evidente que Morena quiere apoderarse del órgano local y distraer la atención del cochinero que significa el proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato a gobernador”.

En el mismo sentido, Carlos Quintana Martínez, líder estatal panista, afirmó: “El ‘cártel’ de Morena se ha quitado la máscara y busca el control absoluto del IEM, de cara al proceso electoral del 2027 en el que los michoacanos darán un voto de castigo a Morena”.

Desde el gobierno estatal también hubo respuesta. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó la resolución y sostuvo que “se trata de una determinación arbitraria que pone en riesgo la estabilidad política y democrática de Michoacán”.

Mientras continúa la controversia, el IEM deberá operar con únicamente dos consejeras en funciones, Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, de entre quienes saldrá la persona que asumirá temporalmente la presidencia del organismo.

Antes de que inicie formalmente la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para fijar las reglas que regirán la competencia interna y evitar confrontaciones entre quienes busquen una candidatura.

La principal definición alcanzada por las dirigencias nacionales fue que los procesos deberán desarrollarse sin divisiones públicas entre aspirantes. Además, acordaron que la comunicación oficial relacionada con las candidaturas quedará concentrada en la mesa nacional de los tres partidos, mientras que las dirigencias estatales serán llamadas a moderar sus posicionamientos.

Durante la presentación de los lineamientos, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, dejó claro el objetivo político de esta estrategia. “No queremos que el proceso interno sea un pleito interno, sino que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar y construir territorialmente con su liderazgo, y luego ya será una encuesta la que defina al candidato”, señaló.

Con las reglas ya definidas, el siguiente paso será el registro de aspirantes. Quienes busquen convertirse en coordinadores estatales de la defensa de la transformación podrán inscribirse del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. La selección final se realizará mediante encuestas que serán levantadas después del Mundial de Futbol.

Los participantes deberán cumplir una serie de condiciones: separarse de cargos públicos, dedicarse de tiempo completo a tareas organizativas, evitar campañas ostentosas, no utilizar espectaculares y abstenerse de recurrir a programas sociales para promover su imagen.

También tendrán que comprometerse a respetar los resultados de las encuestas, aceptar ese mecanismo como definitivo, evitar conflictos internos y acreditar una trayectoria sin procesos judiciales pendientes.

Otro de los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y Verde fue respetar las normas internas de cada fuerza política. Bajo ese criterio, los partidos aliados conservarán la posibilidad de postular a familiares de gobernantes en funciones si sus estatutos lo permiten.

En ese contexto, Hernández afirmó que el senador Félix Salgado Macedonio está en posibilidad de registrarse como aspirante, al igual que cualquier otro militante de Morena, aunque será la Comisión de Elección la que determine posteriormente si cumple los requisitos para continuar en el proceso.

La conferencia concluyó sin respuesta a una pregunta sobre las medidas para impedir que el crimen organizado influya en la selección de candidatos. Tras la interrupción de la sesión, los dirigentes de los tres partidos optaron por una fotografía conjunta para mostrar unidad rumbo a la contienda interna.

A días de que Morena abra el registro para definir a quienes buscarán encabezar la defensa de la soberanía en 17 estados, Ricardo Monreal lanzó un llamado para contener disputas internas y evitar que intereses particulares compliquen la ruta electoral de 2027.

El coordinador de los diputados federales de Morena colocó a San Luis Potosí en el centro de la discusión al insistir en que la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México permanezca unida en esa entidad, donde el PVEM ha decidido impulsar una candidatura propia para la gubernatura.

Durante una entrevista con medios, Monreal sostuvo que le gustaría ver a las tres fuerzas políticas compitiendo juntas no sólo en San Luis Potosí, sino en las 17 entidades que renovarán gubernatura. El legislador advirtió que romper la alianza podría poner en riesgo la posibilidad de obtener una victoria electoral.

El posicionamiento ocurre después de que el Partido Verde anunciara su intención de contender sin Morena y el PT en territorio potosino, con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como su carta para la elección estatal.

Ante ese escenario, Monreal reconoció las aspiraciones políticas de Gallardo y de la legisladora, aunque afirmó que en determinados momentos es necesario privilegiar el interés general por encima de los intereses de grupo o de partido. También señaló que la permanencia del proyecto gobernante en la entidad depende de una alianza amplia entre las tres fuerzas políticas.

En paralelo, el morenista planteó una condición para el desarrollo del proceso interno: que quienes ocupan cargos de gobierno se mantengan al margen de las definiciones partidistas. Según explicó, los gobernadores no deberían intervenir a favor de aspirantes específicos, ya que ello contribuiría a preservar la unidad y permitir que las encuestas definan a quienes encabecen la siguiente etapa.

Monreal también dirigió un mensaje a quienes buscarán competir dentro del movimiento. Les pidió respetar las reglas internas, evitar confrontaciones y abstenerse de promover campañas negras o descalificaciones contra otros participantes. Además, llamó a la Comisión de Honestidad y Justicia a vigilar el proceso para impedir maniobras que generen conflictos al interior del partido.

El registro de aspirantes se realizará del 22 al 26 de junio en las 17 entidades que elegirán gobernador en 2027, un proceso que marcará el arranque formal de las definiciones internas rumbo a la próxima contienda estatal.

A un año de que México enfrente el proceso electoral más amplio de su historia, Lorenzo Córdova lanzó una advertencia directa al gobierno federal: la amenaza de que el crimen organizado intervenga en las elecciones sigue vigente y las medidas aprobadas recientemente no resolverán el problema.

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que la responsabilidad de impedir la infiltración criminal en la política corresponde al Estado y no a las autoridades electorales. Por ello, pidió que las instancias federales de seguridad e inteligencia realicen un análisis de riesgo antes de los comicios federales y locales de 2027.

Durante una entrevista, Córdova cuestionó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por Morena en el Congreso, mediante la cual el INE deberá verificar información sobre los candidatos con dependencias gubernamentales. A su juicio, esa medida no evitará que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a participar en las elecciones.

“Yo creo que esto es una simulación”, afirmó al señalar que los reportes solicitados antes del registro de candidaturas no garantizan que posteriormente no existan vínculos con organizaciones criminales.

El exconsejero recordó que los partidos políticos ya tenían la posibilidad de solicitar información a instituciones como la Fiscalía General de la República sobre sus aspirantes, por lo que consideró que la reforma no modifica de fondo el problema.

En sus declaraciones, planteó dos escenarios preocupantes. El primero, que las autoridades conozcan la forma en que opera el crimen organizado para influir en las elecciones y no actúen. El segundo, que ni siquiera tengan identificado el fenómeno. En ambos casos, advirtió, el país llegaría a 2027 sin una estrategia efectiva frente a un riesgo que calificó como grave.

Córdova también se refirió a los señalamientos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, requeridos en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como ejemplos de acusaciones que han colocado el tema en el centro del debate público.

“Si hoy tenemos este problema es porque el Estado claudicó”, sostuvo, al insistir en que combatir a la delincuencia organizada es una función exclusiva de las instituciones de seguridad y no del árbitro electoral.

Finalmente, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el INE validó la elección de Sinaloa durante su gestión. Según explicó, el instituto presentó denuncias por irregularidades ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y aseguró que la falta de acciones posteriores correspondió a esa autoridad.

La movilización convocada en Veracruz para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó un obstáculo inesperado: el intenso calor. Mientras desde el escenario se lanzaban mensajes sobre soberanía nacional y respaldo político, decenas de asistentes comenzaron a retirarse de la Macroplaza del malecón antes de que concluyeran las intervenciones.

La jornada reunió a simpatizantes llegados desde distintos municipios del estado en autobuses, camionetas y vehículos particulares. Vestidos con prendas blancas y guindas, muchos siguieron los discursos bajo una temperatura de 38 grados a la intemperie. Sin embargo, conforme avanzaba el evento, numerosos participantes optaron por abandonar el lugar, algunos con tortas y jugos embolsados en las manos.

El acto coincidió con la celebración de los dos años del triunfo electoral de Sheinbaum y sirvió también como plataforma para que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresara su respaldo a la mandataria federal.

Durante su intervención, Nahle dirigió críticas a la oposición y la acusó de promover una eventual injerencia extranjera en la política nacional.

“Los actores de la derecha, conformados por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano principalmente, buscan, cuales cobardes, la intervención extranjera en nuestra tierra, pensando los muy ilusos que con ello regresarán sus fueros, nada más absurdo y falso, porque como reza la frase histórica: Roma no paga traidores”, declaró.

La gobernadora sostuvo además que existe la posibilidad de una intervención externa en las elecciones intermedias de 2027. “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de México”, afirmó.

Acompañada por la alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, Nahle señaló que los grupos opositores buscan impulsar lo que denominó un “golpe blanco” y aseguró que la entidad respalda a la presidenta.

En el encuentro también estuvo presente Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), organismo encargado de supervisar y auditar el uso de recursos públicos en los 212 ayuntamientos veracruzanos, dependencias estatales y organismos autónomos.

Desde el puerto, Nahle evocó distintos episodios históricos vinculados con la defensa del país frente a España, Francia y Estados Unidos, al afirmar que Veracruz ha sido escenario de momentos clave para la nación.