En sintonía con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se alistan para discutir y, en su caso, aprobar este martes un dictamen que busca frenar la privatización de las playas en México. La propuesta plantea modificar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de garantizar el acceso público a estos espacios.
El proyecto, presentado inicialmente por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señala que las restricciones actuales —como cobros o impedimentos— vulneran derechos consagrados en la Constitución al afectar al público en general y a las comunidades locales. El documento establece la obligación de que las autoridades federales aseguren al menos un día de acceso gratuito por semana para toda la población, dando prioridad a los días de mayor afluencia social.
La Mesa Directiva turnó la iniciativa el pasado 5 de septiembre a la Comisión de Turismo, presidida por la panista Tania Palacios Kuri. El dictamen también cuenta con la firma del diputado Enrique Vázquez. Durante las sesiones previas, la mayoría de integrantes de la comisión coincidieron en que actualmente los cobros se aplican mediante brazaletes cuyo precio varía según el Área Natural Protegida (ANP) y la condición del visitante —nacional, extranjero o estudiante—, bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
La CONANP es la entidad encargada de gestionar y administrar estas tarifas y ofrece el “Pasaporte de la Conservación Digital” para visitas anuales a todas las ANP. Sin embargo, el proyecto enfatiza que cobrar por acceder a espacios que por su naturaleza constitucional pertenecen a la nación constituye una forma de privatización indirecta del patrimonio natural. Además, la Comisión dictaminadora considera que estos hechos contravienen el artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Para fortalecer la reforma, el proyecto propone dividir temáticamente el contenido de los artículos 8 y 8 Bis para evitar repeticiones y dar mayor solidez jurídica. También recomienda no incluir la modificación al artículo 127 por no guardar relación con el objeto central de la iniciativa.
La Comisión de Turismo advirtió que la reforma podría implicar un impacto presupuestal en materia recaudatoria y posibles conflictos de competencia, por lo que sugiere que la responsabilidad de garantizar el acceso a las playas sea compartida con autoridades estatales y municipales. Asimismo, no recomienda modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dado que no todas las áreas naturales protegidas corresponden a playas.
Se prevé que, tras su discusión y aprobación en la Comisión de Turismo, el dictamen sea votado al día siguiente en el pleno. Durante su conferencia del 15 de agosto en Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum reiteró que “las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales, y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse”.
