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Las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos ya no esperarán años para llegar a la Fiscalía. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que presentó 21 denuncias penales relacionadas con un posible daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivadas de auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2020 a 2024.

Los recursos fueron interpuestos el pasado 26 de junio y representan las primeras denuncias promovidas durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente del órgano fiscalizador, cargo que asumió tras ser designado por la Cámara de Diputados a principios de marzo.

Las investigaciones alcanzan a instituciones federales, gobiernos estatales, municipios y una universidad pública. Entre los casos se encuentran tres denuncias contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una más contra Talleres Gráficos de México.

También figuran el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias penales; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; el municipio de Alvarado, Veracruz, con cinco denuncias; además de Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.

El auditor superior explicó que la ASF modificó el momento en que decide acudir a la vía penal cuando identifica posibles ilícitos durante sus procesos de revisión. “Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos. ¿Contra quién? Contra la entidad en la cual nos damos cuenta que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables”, declaró.

Añadió que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, quiénes son los funcionarios presuntamente involucrados. “Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”, señaló.

Además de las acciones penales, Hernández Palacios informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la ASF remitió 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves, relacionados con posibles colusiones y contrataciones indebidas en procedimientos de contratación pública.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior para presentar denuncias penales cuando sus auditorías detecten probables delitos en el ejercicio de recursos públicos, así como para colaborar con la Fiscalía Especi

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, resolución que se dio durante la audiencia inicial del caso.

Pese a la determinación judicial, ambos exfuncionarios continuarán el proceso en libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Al concluir la comparecencia, Peralta Sánchez sostuvo ante medios de comunicación que las acusaciones están relacionadas con modificaciones al presupuesto estatal y defendió la legalidad de las decisiones tomadas durante su administración.

“El presupuesto de egresos y este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y únicamente quien tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Ejecutivo”, declaró el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exgobernador también rechazó haber cometido algún delito y adelantó que su defensa incorporará nuevos elementos para sustentar su postura jurídica.

“Vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencia de carácter jurídico que nos permita fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se apegó conforme a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, afirmó en entrevista con medios locales.

Mientras Peralta Sánchez ofreció declaraciones tras la audiencia, Carlos Noriega evitó emitir comentarios sobre el proceso judicial abierto en su contra. Ignacio Peralta encabezó el gobierno de Colima entre 2016 y 2021.