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El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, impulsado por la administración encabezada por Clara Brugada, enfrenta críticas de organizaciones civiles y activistas urbanos que advierten posibles impactos en la gobernanza, el medio ambiente y el ordenamiento territorial de la capital. Entre los principales señalamientos destaca la propuesta de crear “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías, figura que, según sus detractores, podría modificar el actual esquema de toma de decisiones comunitarias.

El PGD es el instrumento que definirá el crecimiento y la organización urbana de la Ciudad de México durante los próximos 20 años. En él se establecerán las zonas donde será posible construir, así como los mecanismos para proteger el suelo de conservación. 

Las autoridades han señalado que el plan busca transformar la capital en una metrópoli sostenible, con énfasis en vivienda, movilidad sustentable, gestión del agua y desarrollo urbano con enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones y ciudadanos consideran que el documento, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), no refleja esos objetivos. Josefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana, afirma que la propuesta plantea cambios profundos en la gobernanza local.

De acuerdo con el proyecto, las “Casas de Gobierno” evolucionarían hacia Consejos de Gobierno Comunitario con facultades normativas, jurídicas y presupuestales. Estas instancias, según MacGregor, se encargarían de acercar servicios públicos, programas sociales y organizar consultas vecinales con decisiones vinculantes.

El activista urbano Jaziel Ibarra también cuestiona la propuesta y advierte que las decisiones podrían tomarse mediante asambleas con “asistentes coptados y coercionados en su voto” y con “decisiones dirigidas y no una voluntad genuina”. Además, señala que estas nuevas instancias funcionarían como una estructura paralela a las alcaldías.

Las críticas también apuntan a posibles efectos en el desarrollo urbano y el medio ambiente. Activistas consideran que el PGD podría permitir la regularización de construcciones levantadas sin permisos.

Asimismo, Ibarra advierte que el proyecto facilitaría la expansión de plataformas de renta de corta estancia. “El proyecto PGD viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”, señala. Los críticos sostienen que esto podría incentivar la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

También alertan que el documento permitiría urbanizar áreas de conservación y zonas de recarga acuífera, lo que pondría en riesgo la sustentabilidad hídrica. A esto se suma la preocupación por el crecimiento urbano sin infraestructura suficiente, lo que podría saturar vialidades y transporte público.

El proyecto permanece en consulta pública hasta el 10 de abril. Tras este proceso, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva integrará el documento final que será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde será analizado y eventualmente votado por el pleno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que realizará una aportación económica personal a la asociación civil Humanidad con América Latina, iniciativa promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador con el propósito de respaldar acciones de ayuda dirigidas a Cuba.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la organización está representada por el artista Carlos Pellicer López y la escritora Laura Esquivel. Aunque no ofreció detalles sobre el proceso específico mediante el cual se conformó la asociación, sostuvo que su creación siguió los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra organización de este tipo.

En una primera respuesta a los cuestionamientos de la prensa, la mandataria señaló que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de los principios que, dijo, caracterizan al movimiento político que representa. “—Nos corresponde— seguir apoyándolo porque ese es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo como persona, pues ya veré si hacemos una aportación”, expresó inicialmente.

Posteriormente, ante nuevas preguntas sobre si contribuiría económicamente con la organización, confirmó que contempla realizar una donación de manera individual. “Sí, yo creo que sí, lo voy a hacer de manera personal”, reiteró.

Sheinbaum también aprovechó el espacio para referirse a las críticas que se han difundido tras el mensaje del exmandatario López Obrador en relación con esta iniciativa. La presidenta sostuvo que en torno al tema se han propagado afirmaciones que calificó como falsas. Según explicó, se han difundido “mentiras tremendas” respecto a la postura del país y al origen del proyecto.

En su intervención, la mandataria recordó la posición histórica de México respecto al embargo económico contra Cuba. Señaló que el país ha mantenido una postura crítica frente a ese tipo de medidas internacionales y subrayó que México ha defendido históricamente una política exterior basada en la solidaridad entre pueblos.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte (…) el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha, y acá pues es el humanismo, la fraternidad”, declaró.

La asociación Humanidad con América Latina fue presentada como un mecanismo para canalizar apoyo hacia Cuba, país con el que México ha mantenido relaciones diplomáticas continuas durante décadas. En ese contexto, la presidenta reiteró que la solidaridad con otras naciones forma parte de la identidad histórica del país. 

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca”, afirmó.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.