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Uber recibió una importante victoria legal que le permitirá operar sin restricciones en los aeropuertos de México. Una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva que impide la detención de los conductores de la plataforma por parte de la Guardia Nacional mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la empresa.

De acuerdo con el comunicado de Uber, la resolución fue emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa, quien determinó que “es ilegal detener a los conductores que realizan viajes a través de la plataforma de Uber cuando se encuentran dejando o recogiendo usuarios en los aeropuertos de México”.

Con esta decisión, los socios conductores podrán operar en los 70 aeropuertos del país, incluyendo los de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal, sin el riesgo de ser sancionados o retenidos durante los traslados.

La empresa destacó que esta resolución llega en un momento clave, previo al Mundial de Futbol que se celebrará en México, y subrayó la relevancia de garantizar un servicio de transporte seguro y eficiente para los millones de visitantes que llegarán durante el evento. “Es de suma importancia que mostremos nuestra mejor cara a los millones de turistas que recibiremos durante la justa deportiva más importante del planeta”, señaló la compañía.

Uber también aprovechó la oportunidad para exhortar al Congreso de la Unión a legislar sobre la operación de plataformas digitales de transporte en zonas federales. El objetivo, explicó, es establecer un marco normativo que brinde certeza jurídica tanto a conductores como a usuarios, y que fortalezca el ecosistema turístico nacional.

El anuncio se da en medio de un contexto de constantes agresiones contra conductores de plataformas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se han registrado enfrentamientos con taxistas locales. En uno de los casos más graves, un conductor fue atacado por al menos 20 taxistas mientras recogía pasajeros; su vehículo fue dañado y los usuarios que transportaba fueron liberados por la fuerza.

Este mismo año se reportaron nuevos incidentes, como bloqueos a vehículos de aplicación por parte de grupos de hombres que intentaban impedir su salida. En otro hecho que causó indignación, una turista estadounidense fue golpeada por un taxista cuando intentaba abordar un Uber en el aeropuerto; al ser detenido, el agresor portaba sustancias prohibidas.

En su comunicado, la empresa aseguró que el fallo judicial representa una oportunidad para mejorar la conectividad en los aeropuertos, reducir tiempos de espera y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes para los viajeros que llegan o parten de México.

¡Se acabó la pausa! Este viernes, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) dio un paso firme y ordenó la reanudación inmediata de todas sus actividades, luego de más de un mes de paro laboral por parte de sus trabajadores. La medida fue anunciada por el Consejo de la Judicatura capitalina y abarca todos los niveles: personal administrativo, de apoyo judicial y de servicios deberán retomar labores en sus horarios habituales.

La resolución se dio a conocer a través de un comunicado en el que se establece que “las y los consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México ordenan la reanudación inmediata de todas y cada una de las actividades y servicios que prestan los órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y de apoyo judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México”.

Desde el 29 de mayo, los trabajadores del PJCDMX suspendieron labores para exigir un aumento salarial del 10%. Sin embargo, tanto el Poder Judicial como el gobierno de la Ciudad de México se han mantenido firmes y no han accedido a estas demandas, lo que desató una serie de protestas, bloqueos y presencia constante de empleados inconformes a las afueras de los edificios judiciales.

En medio del conflicto, el jueves pasado surgió una nueva controversia cuando los trabajadores denunciaron que el presidente del tribunal, Rafael Guerra, solicitó por correo institucional la respuesta a un cuestionario con el fin de saber cuántos deseaban continuar con el paro. La base trabajadora interpretó esta acción como un intento de presión, ya que el uso del correo oficial para cuestiones relacionadas con protestas o movimientos sindicales no es común dentro de la estructura del Poder Judicial.

A pesar del llamado a regresar al trabajo, el Consejo de la Judicatura subrayó que la reactivación de actividades no limita el derecho de los trabajadores a manifestarse. El comunicado precisa que “a la brevedad agenden y continúen con todos y cada uno de los asuntos que fueron suspendidos; sin que ello implique impedimento alguno para ejercer el derecho a la libertad de expresión y manifestación, de manera libre y pacífica, sin alterar el orden público, ni impedir las actividades de este Poder Judicial”.

Con esta orden, el sistema judicial de la capital mexicana busca retomar su ritmo habitual, mientras las tensiones con los trabajadores aún se sienten latentes en cada pasillo de los tribunales.

El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México continúa sin señales de resolución tras más de tres semanas de bloqueos. Las negociaciones entre representantes de los trabajadores judiciales y el gobierno capitalino concluyeron nuevamente sin acuerdos concretos. El conflicto, originado por la exigencia de un aumento salarial del 10%, se mantiene firme ante lo que los trabajadores califican como respuestas insuficientes por parte de las autoridades.

Durante la más reciente reunión, celebrada entre miembros de la coalición de trabajadores y el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, no se presentó una propuesta concreta que incluyera porcentajes, montos u obligaciones presupuestales. En su lugar, se ofreció una revisión estructural del presupuesto para encontrar posibles ahorros, lo cual no fue considerado suficiente por los voceros del movimiento.

Ericka Italia Ojeda, portavoz del colectivo, señaló que el documento propuesto por el gobierno no correspondía con la solicitud enviada días antes. Ante más de cien trabajadores reunidos afuera del edificio ubicado en Niños Héroes 119, Ojeda detalló que las autoridades solicitaron firmar el acuerdo este viernes, argumentando que el lunes 23 de junio podrían implementarse medidas para reactivar el funcionamiento del Poder Judicial, incluso sin la participación del movimiento.

Las medidas contempladas incluyen iniciar actividades con personal sindicalizado, decisión que desató críticas de los manifestantes, quienes acusaron a los sindicatos de actuar sin consultar a la base trabajadora. “Ellos van a firmar lo que a ellos les convenga. No han velado por nuestros derechos”, afirmó Ojeda durante un mitin frente al complejo judicial de la colonia Doctores.

Al interior del movimiento también surgieron voces que respaldaron el acuerdo propuesto por las autoridades. Algunos trabajadores destacaron avances como la instalación de mesas de diálogo, garantías de no represalias y la promesa de un bono comparable con el porcentaje solicitado. Este bono, según testimonios, podría entregarse en diciembre y representaría un beneficio directo para quienes han participado en las protestas.

Sin embargo, el consenso no fue alcanzado. La mayoría decidió mantener el paro y continuar con el bloqueo a partir del lunes a las seis de la mañana. Esta postura fue reforzada por un llamado colectivo a preservar la unidad y sostener la presión hasta lograr una propuesta con garantías firmes.

Por parte del gobierno, el subsecretario Juan José García Ochoa confirmó que la expectativa oficial es que el Poder Judicial retome actividades a partir del lunes. Indicó también que si el tribunal toma decisiones diferentes para reactivar su funcionamiento, contará con el respaldo total del gobierno de la ciudad.

La situación sigue abierta, con dos posturas claramente definidas: una que apuesta por resistir y otra que busca avanzar con los recursos disponibles. El escenario se mantiene en tensión ante la inminente llegada de un nuevo lunes sin justicia operativa en la capital.

El paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llega a su día 16 con una postura firme y sin señales de tregua. Desde el corazón de la Ciudad de México, el plantón instalado en el Zócalo capitalino y los bloqueos en puntos estratégicos continúan como parte de una protesta que ha mantenido el pulso del país en alerta.

La CNTE ha reiterado su exigencia principal: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. A esta demanda se suma la revocación de la Reforma Educativa de 2019 y un aumento salarial del 100%. Con estas condiciones, el magisterio disidente ha desestimado la propuesta de solución presentada por el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las movilizaciones más recientes se realizaron la mañana del viernes 30 de mayo, con dos marchas simultáneas que confluyeron en la Glorieta del Caballito, sobre Paseo de la Reforma. Ahí, líderes de diferentes secciones expresaron que las consultas con las bases continúan, y que será la Asamblea Nacional Representativa, convocada para este sábado, la que definirá el rumbo del movimiento.

“No se equivoque presidenta, no piense que nos vamos a ir con las manos vacías”, advirtió Pedro Hernández, líder de la sección 9, al rechazar los ofrecimientos del gobierno. En la misma línea, Filiberto Frausto, de la sección 34 de Zacatecas, aseguró que “el magisterio no se va a cansar”, y alertó que nuevas secciones podrían sumarse si no hay una “respuesta seria”.

En conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum expresó su esperanza de que el paro finalice, destacando que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por atender sus demandas. Sin embargo, desde la CNTE se calificó la respuesta como “insuficiente, insatisfactoria y demagógica”.

La tensión aumenta a solo horas de las primeras elecciones judiciales en la historia del país. Aunque la CNTE se ha deslindado de cualquier intento por sabotear los comicios, el escenario no descarta nuevas movilizaciones el domingo, posibilidad que también será evaluada por la Asamblea Nacional.

Elvira Veleces, de la sección 14, adelantó que su grupo no aceptará la propuesta gubernamental, aunque se mantendrán atentos a lo que decidan las demás secciones del país. El movimiento, insisten, no cederá si no se atiende su demanda central sobre las pensiones, y han llegado a ofrecer desechar el resto de las propuestas oficiales a cambio de ese cumplimiento.

Al finalizar su mitin, los docentes volvieron en “operación hormiga” a su campamento en el Zócalo para continuar las consultas. Este sábado, la Asamblea Nacional Representativa tendrá la última palabra.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró fijar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para el viernes 23 de mayo a las 12:00 horas, tras intensas negociaciones y bloqueos en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob). El encuentro se concretó luego de más de seis horas de diálogo en una mesa que no ofreció soluciones inmediatas por parte de los funcionarios presentes.

La comisión negociadora de la CNTE anunció el acuerdo tras salir del recinto, señalando que la propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue el conducto para confirmar la entrevista con la mandataria. La decisión de avanzar hacia una mesa directa con la presidencia respondió a la falta de respuestas concretas en la negociación inicial.

Filiberto Frausto, dirigente de la sección 34 de Zacatecas, declaró que el magisterio exige una reunión efectiva, con resultados tangibles, no solo discursos vacíos. Mientras tanto, afuera del lugar, el ambiente se tensó: el anuncio de la reunión no fue bien recibido por las y los docentes que aguardaban noticias, quienes reaccionaron con enojo, acusaciones de traición y demandas inmediatas de acción directa.

El descontento generó un llamado urgente a una asamblea nacional el martes 20 de mayo, a las 21:00 horas, donde se definirán las próximas acciones. Entre las exigencias planteadas por la base magisterial resalta la movilización para cerrar el aeropuerto como medida de presión. La dirigencia se retiró bajo abucheos, reclamos y objetos lanzados por parte del contingente inconforme.

Durante la jornada, la CNTE bloqueó todos los accesos al Palacio de Cobián, luego de que la mesa de negociación se suspendiera durante tres horas mientras el gobierno intentaba habilitar un espacio en la agenda presidencial. La presión fue constante por parte del magisterio, que se mantuvo firme en sus demandas.

El gobierno federal reiteró su disposición al diálogo permanente. En una tarjeta informativa difundida al finalizar la reunión, la Segob confirmó que se expusieron distintas alternativas para atender el pliego petitorio del magisterio. La presencia en la mesa de representantes clave como el secretario de Educación, Mario Delgado; el titular del ISSSTE, Martí Batres; y un representante de Hacienda, marcó la intención oficial de continuar buscando soluciones.

Dentro de las propuestas se reafirmó la intención de congelar la edad de jubilación en el Sistema de Pensiones a 58 años para hombres y 56 para mujeres, evitando el aumento progresivo estipulado anteriormente en la ley. También se reiteró el planteamiento de una consulta nacional, escuela por escuela, para construir nuevas reglas laborales junto al magisterio.

El anuncio del incremento salarial del 9% desde enero y un 1% adicional a partir de septiembre completó el paquete de propuestas, mientras las movilizaciones de la CNTE continuarán hasta concretarse la reunión con la presidenta. El pulso entre gobierno y docentes sigue, con la presión callejera en aumento y la expectativa puesta en el diálogo del viernes.

Una emboscada a fuerzas de seguridad en la comunidad de El Naranjo, Badiraguato, Sinaloa, terminó en tragedia. Dos niñas perdieron la vida en medio del fuego cruzado entre un grupo armado y elementos del Ejército mexicano. La escena dejó también a un niño de 12 años y sus padres gravemente heridos.

El ataque ocurrió mientras autoridades federales y estatales realizaban un operativo. Al ser agredidos por sujetos fuertemente armados, se desató un enfrentamiento. En ese preciso instante, una familia transitaba por la zona. Las menores murieron tras ser alcanzadas por los disparos. Gael, Saúl y Anabel, los tres sobrevivientes de la familia, fueron trasladados vía aérea a una clínica de Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció públicamente. “Nos indigna”, expresó en una declaración que dejó clara su postura de cero tolerancia. “Expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes”, afirmó. Subrayó que no habrá impunidad y que se actuará hasta las últimas consecuencias.

Las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque. El operativo es parte de una serie de acciones que buscan frenar los recientes brotes de violencia que afectan distintas zonas del estado, marcadas por enfrentamientos, bloqueos y ejecuciones.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Rocha Moya defendió la estrategia estatal de seguridad. Indicó que más de mil personas han sido detenidas en lo que va del año, con decomisos de armas, drogas y la desarticulación de laboratorios clandestinos.

Sinaloa sigue siendo escenario de una lucha interna entre facciones del crimen organizado. Desde el inicio del conflicto entre “La Chapiza” y “La Mayiza”, el número de menores de edad fallecidos en hechos violentos asciende a 39. Las cifras estremecen.

En sus palabras finales, el mandatario estatal reafirmó su compromiso: “No bajaremos la guardia, seguiremos firmes, como todos los días, en el combate sin tregua a la violencia”.

La tragedia de El Naranjo no solo deja una familia rota, también suma una dolorosa página más en la historia reciente del estado. Las vidas perdidas de las dos niñas resuenan como una alarma que exige atención urgente, justicia contundente y acciones que vayan más allá de las palabras. El dolor permanece. La indignación crece.

La localidad de Tiripetío, Michoacán, fue escenario de una serie de disturbios protagonizados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga”. En protesta contra la aplicación de evaluaciones docentes como requisito para la obtención de plazas automáticas en el sistema educativo público, los normalistas llevaron a cabo bloqueos carreteros y actos vandálicos que alteraron la tranquilidad de la región. 

El conflicto inició cuando los estudiantes interceptaron y tomaron por la fuerza tres autobuses de pasajeros y dos tractocamiones en el kilómetro 24 de la carretera federal Morelia-Pátzcuaro, a escasos 300 metros de la Escuela Normal de Tiripetío. Con los autobuses, bloquearon uno de los sentidos de la vialidad, afectando la conexión entre Morelia y el puerto internacional de Lázaro Cárdenas.

En una escalada de tensión, los manifestantes incendiaron un tráiler, lo que generó alarma entre los automovilistas y transportistas que circulaban por la zona. Para evitar que sus vehículos fueran retenidos, muchos conductores optaron por regresar a Morelia o Pátzcuaro, provocando congestionamiento y caos en la vialidad.

Ante la gravedad de la situación, elementos antimotines de la Guardia Civil fueron desplegados en el lugar. Al notar la presencia policial, los normalistas se replegaron hacia las instalaciones de la Escuela Normal, que también funciona como albergue estudiantil, para evitar ser detenidos. Mientras tanto, el gobierno estatal activó mecanismos de diálogo con la intención de lograr la liberación de los autobuses tomados por los estudiantes. No obstante, existe la preocupación de que estas unidades sean utilizadas en futuras movilizaciones en Morelia y otras localidades de Michoacán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se mantiene en espera de recibir las denuncias correspondientes por parte de los propietarios de los vehículos afectados. Los hechos registrados podrían derivar en la configuración de delitos como daño en las cosas, sabotaje, robo de uso y bloqueo a las vías federales de comunicación.

El ambiente en Tiripetío sigue siendo tenso, mientras las autoridades intentan restablecer el orden sin provocar una mayor confrontación. La situación refleja el descontento persistente de los normalistas respecto a las políticas de asignación de plazas docentes, un tema que ha generado constantes protestas en los últimos años. En este escenario de incertidumbre, la población y los automovilistas continúan con la preocupación latente ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones radicales en la región.