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La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

El uso comercial de símbolos de la cultura maya por parte de Grupo Xcaret quedó sin efecto este jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara revocar la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar empleando dichos elementos en su publicidad y plataformas digitales.

La decisión fue tomada por el Pleno del máximo tribunal, que consideró que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del Gran Consejo Maya de Quintana Roo, organismo que desde 2022 inició el reclamo contra el uso de símbolos mayas en la promoción turística del corporativo.

El caso se originó cuando el Consejo exigió a la empresa abstenerse de utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad. Posteriormente, Grupo Xcaret promovió un amparo que fue analizado por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En ese momento, el juez concedió una suspensión definitiva que permitió a la compañía continuar empleando las imágenes y símbolos con fines promocionales, principalmente para atraer turistas.

Sin embargo, el escenario cambió tras la intervención del máximo tribunal. En octubre de 2025, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso para su análisis. La resolución final fue presentada por la ministra María Estela Ríos González, quien propuso revocar la suspensión al considerar que corresponde a los pueblos indígenas decidir sobre el uso de su patrimonio cultural.

El fallo se sustentó en la reforma de 2024 al artículo 2 constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Bajo estos criterios, la Corte concluyó que la empresa deberá retirar cualquier elemento alusivo a la cultura maya de sus espacios de publicidad y medios de difusión.

En el documento, la ministra explicó que el uso de estos símbolos no es indispensable para la actividad comercial de la empresa. “El giro comercial de la quejosa (Xcaret), dada su naturaleza, no torna necesario que en sus páginas de internet haga uso de elementos culturales propios del Pueblo Maya, ya que el funcionamiento real para prestar servicios de hotelería, atracciones, restaurantes, etcétera“, se expresa en el fallo.

Con esta determinación, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución previa que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando referencias culturales mayas en su promoción turística. La decisión marca un precedente en torno a la protección del patrimonio cultural indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus símbolos y tradiciones.

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “postura regresiva” el cambio de criterio adoptado por los nuevos integrantes del máximo tribunal respecto a las consultas a personas con discapacidad. En su opinión, esta nueva postura impone a los propios grupos vulnerables la carga de defender derechos que deberían ser protegidos de manera preventiva.

A través de su cuenta en X, recientemente creada, Laynez Potisek expresó que el nuevo criterio que se perfila en la SCJN servirá como base para analizar impugnaciones a leyes que afecten a grupos vulnerables, incluso si no se llevaron a cabo consultas durante el proceso legislativo. “Sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”, subrayó el exministro en su publicación del martes.

Este lunes, el pleno de la SCJN invalidó un artículo de la Ley para personas con discapacidad de Guerrero, manteniendo la discusión abierta sobre el derecho a la consulta. El argumento mayoritario de los ministros fue que la violación al derecho a la consulta debe ser analizada únicamente cuando los grupos vulnerables afectados presenten impugnaciones.

La ministra Lenia Batres explicó que invalidar leyes por falta de consulta previa representaba “una deformación de los fines del derecho a la consulta conquistado por las personas con discapacidad para permitir que se utilizase en su contra al invalidar decretos que regulaban o ampliaban derechos”.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la práctica de la anterior composición de la SCJN consistía en invalidar automáticamente leyes o decretos por la ausencia de consulta, incluso cuando la legislación era favorable para pueblos y comunidades indígenas. Aguilar destacó que el nuevo criterio busca un “punto medio” en las decisiones del Pleno de la Corte.

Laynez Potisek abrió su cuenta de X el 1 de septiembre, apenas un día después de dejar el cargo la anterior composición de la Suprema Corte. La crítica al nuevo criterio sobre el derecho a la consulta constituye la primera postura pública que manifiesta un ministro en retiro respecto a las decisiones de los actuales integrantes del tribunal.

El exministro enfatizó que la carga de defender los derechos de las personas con discapacidad recae ahora directamente sobre los propios afectados, una situación que considera regresiva en términos de igualdad y protección legal. Su intervención marca un señalamiento importante dentro del debate sobre la forma en que la SCJN abordará la protección de grupos vulnerables en el futuro, particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes y normas que les conciernen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primera sesión pública con la nueva integración tras los comicios judiciales, celebrados el 1 de septiembre. El arranque estuvo marcado por una jornada de cuatro horas en la que sólo se resolvieron tres de los 15 asuntos agendados, pese a la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de agilizar los trabajos.

La sesión comenzó con un saludo en lengua originaria por parte de Aguilar Ortiz, quien asumió el liderazgo del pleno con la expectativa de hacer las deliberaciones más comprensibles y dinámicas para la sociedad. Como parte de este propósito, la SCJN publicó un reglamento que establece tiempos para las intervenciones de cada ministro y ordena que los miércoles y jueves se dediquen a discutir amparos. Sin embargo, en este primer encuentro se abordaron únicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El tema central fue una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de salud mental de Chihuahua. Durante la discusión, varios ministros excedieron los minutos fijados en el nuevo reglamento, lo que impidió que se avanzara con la totalidad de la lista prevista.

Previo al análisis del primer proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la palabra para agradecer a los votantes que le permitieron continuar en el máximo tribunal, destacando la legitimidad del nuevo mecanismo de elección democrática.

Otros ministros, como Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron el inicio de una etapa distinta en la Corte, en la que resaltaron cambios como el recorte a sus salarios.

En su intervención, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó su visión sobre los litigios en contra de leyes aprobadas por el Congreso. “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades. Si el Legislativo ha emitido nuevas normas, es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso”, expuso.

La primera división de criterios entre los ministros surgió al analizar si debía declararse la invalidez de una norma por no haberse consultado a grupos vulnerables afectados durante el proceso legislativo.

Las ministras Lenia Batres y Ríos González se pronunciaron por mantener la vigencia de la ley, al considerar que el beneficio para los grupos vulnerables es mayor que la omisión de consulta. Batres calificó como “una perversión” el criterio anterior de la Corte y defendió que la consulta debe entenderse como un medio, no un fin.

Finalmente, el resto de los ministros se inclinó por la propuesta de Yasmín Esquivel, que planteó invalidar diversos artículos de la Ley de salud mental de Chihuahua.