Roberto Borge sale del penal y enfrentará desde su domicilio el proceso por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

PT busca revertir facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial tras aval reciente de la Corte

A pesar de haber respaldado en 2022 una reforma que permite el bloqueo de cuentas bancarias sin intervención judicial, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado impulsa ahora un cambio legal para eliminar esa facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La propuesta, presentada por todos los senadores petistas encabezados por Alberto Anaya, plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer que la inclusión de personas en la lista de cuentas bloqueadas solo pueda realizarse mediante autorización judicial previa y por escrito. Esto aplicaría en casos donde existan indicios de vínculos con delitos como financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El giro ocurre después de que, el pasado 6 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la norma vigente, argumentando que contempla un procedimiento claro que garantiza el derecho de defensa, con plazos definidos, posibilidad de ofrecer pruebas y acceso a impugnaciones ante tribunales administrativos.

En contraste, la nueva iniciativa del PT sostiene que el esquema actual vulnera derechos constitucionales, como la audiencia previa y la propiedad privada establecidos en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 16, que exige un mandamiento escrito de autoridad competente para cualquier afectación. También señala afectaciones a la presunción de inocencia y a la carga de la prueba contempladas en el artículo 20.

“Con este esquema, la UIF puede congelar una cuenta bancaria con base en meras sospechas, y es la persona afectada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal”, expone el documento.

La iniciativa también advierte sobre el impacto práctico de estas medidas: “El bloqueo de una cuenta bancaria es una de ellas. No se trata únicamente de un acto administrativo; es una interrupción inmediata de la vida económica y patrimonial de una persona”.

El texto añade que esta acción puede impedir cubrir necesidades básicas o cumplir obligaciones financieras, afectando tanto a empresarios como a personas en la informalidad.

La reforma que ahora se busca modificar fue aprobada en 2022 con el respaldo del propio PT y de Morena, permitiendo a la Secretaría de Hacienda incluir a personas en la lista de bloqueados con base en indicios de actividades ilícitas.