Roberto Borge sale del penal y enfrentará desde su domicilio el proceso por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Morelos, para continuar bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras abandonar el penal, fue trasladado a un inmueble ubicado en el Estado de México, donde permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial. El cambio de medida cautelar fue autorizado por un juez federal, quien también estableció la obligación de fijar un domicilio y cubrir una garantía económica.

La salida del centro penitenciario no modifica su situación jurídica. El procedimiento por presunto lavado de dinero continúa abierto y seguirá su curso mientras permanece en prisión domiciliaria.

La investigación de la Fiscalía General de la República se relaciona con operaciones derivadas de la venta de 25 inmuebles cuyo valor comercial fue estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, esas transacciones habrían servido para ocultar el origen y destino de recursos económicos.

La posibilidad de enfrentar el proceso fuera de prisión se consolidó después de que, en mayo de este año, un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada. Además, desde 2023 ya existía una resolución de un juez federal que permitía sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos.

Las investigaciones contra Borge comenzaron al concluir su administración como gobernador de Quintana Roo, cargo que ocupó entre 2011 y 2016. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de presuntas irregularidades en la venta de terrenos pertenecientes a la reserva territorial del estado, operaciones que, según las indagatorias, provocaron un daño patrimonial superior a 900 millones de pesos.

Las autoridades sostuvieron que varios predios fueron comercializados por debajo de su valor para beneficiar a particulares mediante presuntos prestanombres y empresas fachada. No obstante, con el paso de los años distintas acusaciones del fuero común, entre ellas peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder, fueron desestimadas por los tribunales.

Roberto Borge fue detenido en junio de 2017 en el aeropuerto internacional de Panamá y extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales. Aunque ya no permanece en un centro penitenciario, el proceso por presunto lavado de dinero seguirá hasta que exista una resolución definitiva por parte de las autoridades judiciales.

Investigación por uso indebido de recursos deriva en sanciones históricas contra exfuncionarios federales

Una investigación que llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó con una de las sanciones económicas más elevadas anunciadas recientemente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: cuatro exservidores públicos de Alimentación para el Bienestar deberán cubrir una multa conjunta de 777.8 millones de pesos y permanecerán inhabilitados durante 10 años.

Las medidas fueron impuestas a María G., René G., Miguel C. y Juan R., señalados por faltas graves relacionadas con el manejo de recursos públicos. De acuerdo con la autoridad, las irregularidades estuvieron vinculadas al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos.

La dependencia federal informó que, además, parte de esos recursos fueron utilizados de manera indebida en el Programa de Fertilizantes durante 2019, situación que formó parte de las indagatorias que derivaron en las sanciones.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no precisó cuánto dinero habría sido utilizado por cada uno de los involucrados, señaló que las pruebas obtenidas durante el proceso permitieron sustentar la imputación y establecer tanto la multa millonaria como la inhabilitación por una década.

El caso formó parte de un paquete de resoluciones disciplinarias dadas a conocer por la dependencia, que también incluyó a servidores públicos de otras instituciones federales.

Entre ellos figura Ramiro R., trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien fue sancionado con una multa de 9 mil pesos y un año de inhabilitación. La autoridad indicó que recibió una cantidad económica —cuyo monto no fue revelado— para eliminar adeudos durante 2023.

Asimismo, la Secretaría reportó una sanción contra Shiddarta V., adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob). El funcionario recibió una multa de mil 380 pesos y un año de inhabilitación tras acreditarse la sustracción de bienes del Instituto Nacional de Migración para un uso indebido.

Las resoluciones fueron dadas a conocer por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como resultado de procedimientos que derivaron en la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones contra servidores públicos de distintas dependencias federales.

Red de corrupción ligada a García Luna suma condenas por más de 3 mil millones de dólares

Las resoluciones judiciales relacionadas con el esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ya superan los 3 mil 67 millones de dólares a favor del Estado mexicano, luego de que un tribunal de Florida ordenara un nuevo pago millonario contra integrantes de la familia Weinberg y empresas asociadas.

La sentencia, informada este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obliga a los involucrados a cubrir 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al país mediante un esquema ilícito de contratación pública.

De acuerdo con Hacienda, el fallo deriva de investigaciones apoyadas en documentación financiera, testimonios y mecanismos de cooperación internacional que permitieron acreditar operaciones relacionadas con la obtención irregular de contratos públicos y el ocultamiento de recursos.

La dependencia federal señaló que el proceso judicial en Estados Unidos forma parte de una estrategia de recuperación de activos vinculados a la red de corrupción atribuida a García Luna. También precisó que la resolución contempla la entrega de activos por parte de las personas condenadas para cubrir las cantidades determinadas por las autoridades judiciales.

El nuevo fallo se agrega a otras sentencias previamente emitidas contra García Luna y su cónyuge, cuyo monto conjunto rebasa los 2 mil 448 millones de dólares.

El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado”, indicó Hacienda en un comunicado.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, recibió en 2024 una condena en Estados Unidos de más de 38 años de prisión, además de cinco años de libertad condicional y una multa de 2 millones de dólares, tras ser declarado culpable por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.

Castigan a exfuncionarios del Banco del Bienestar y SAT por irregularidades y desvío de recursos

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

Justicia alcanza a Ignacio Peralta: exgobernador de Colima es procesado por peculado y abuso de atribuciones

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, resolución que se dio durante la audiencia inicial del caso.

Pese a la determinación judicial, ambos exfuncionarios continuarán el proceso en libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Al concluir la comparecencia, Peralta Sánchez sostuvo ante medios de comunicación que las acusaciones están relacionadas con modificaciones al presupuesto estatal y defendió la legalidad de las decisiones tomadas durante su administración.

El presupuesto de egresos y este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y únicamente quien tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Ejecutivo”, declaró el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exgobernador también rechazó haber cometido algún delito y adelantó que su defensa incorporará nuevos elementos para sustentar su postura jurídica.

Vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencia de carácter jurídico que nos permita fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se apegó conforme a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, afirmó en entrevista con medios locales.

Mientras Peralta Sánchez ofreció declaraciones tras la audiencia, Carlos Noriega evitó emitir comentarios sobre el proceso judicial abierto en su contra. Ignacio Peralta encabezó el gobierno de Colima entre 2016 y 2021.