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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no tendrá que cubrir el pago del impuesto predial por sus inmuebles en la Ciudad de México, tras una resolución tomada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó sin efecto una parte sustancial de un adeudo reclamado por el gobierno capitalino.

La decisión fue avalada por seis votos del pleno, a partir de un proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En su propuesta se estableció que los bienes del ISSSTE se encuentran exentos de este gravamen, al tratarse de propiedades federales destinadas a funciones públicas.

El origen del litigio se remonta a 2017, cuando la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera interpuso una demanda para exigir el pago de 5 mil 810 millones de pesos. El monto correspondía a distintos conceptos: impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos por suministro de agua, acumulados entre los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

De acuerdo con el argumento expuesto en el proyecto, el artículo 122 de la Constitución contempla que los inmuebles pertenecientes al dominio público de la Federación no están sujetos a impuestos locales cuando son utilizados para fines institucionales. Bajo esta interpretación, la Corte determinó improcedente el cobro del predial al ISSSTE.

Sin embargo, la resolución no abarcó todos los conceptos reclamados. La ministra puntualizó que el organismo no fue eximido del pago relacionado con el suministro de agua, por lo que ese componente del adeudo permanece vigente.

Durante la discusión en el pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó la posibilidad de retirar el asunto para una revisión adicional. La propuesta fue rechazada por Lenia Batres, quien argumentó que el tema llevaba varios meses en análisis dentro del máximo tribunal.

Cabe señalar que Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra ponente, se desempeña actualmente como director general del ISSSTE.

La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

El uso comercial de símbolos de la cultura maya por parte de Grupo Xcaret quedó sin efecto este jueves, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara revocar la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar empleando dichos elementos en su publicidad y plataformas digitales.

La decisión fue tomada por el Pleno del máximo tribunal, que consideró que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes del Gran Consejo Maya de Quintana Roo, organismo que desde 2022 inició el reclamo contra el uso de símbolos mayas en la promoción turística del corporativo.

El caso se originó cuando el Consejo exigió a la empresa abstenerse de utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad. Posteriormente, Grupo Xcaret promovió un amparo que fue analizado por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En ese momento, el juez concedió una suspensión definitiva que permitió a la compañía continuar empleando las imágenes y símbolos con fines promocionales, principalmente para atraer turistas.

Sin embargo, el escenario cambió tras la intervención del máximo tribunal. En octubre de 2025, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, decidió atraer el caso para su análisis. La resolución final fue presentada por la ministra María Estela Ríos González, quien propuso revocar la suspensión al considerar que corresponde a los pueblos indígenas decidir sobre el uso de su patrimonio cultural.

El fallo se sustentó en la reforma de 2024 al artículo 2 constitucional, relacionada con los derechos de los pueblos indígenas, así como en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Bajo estos criterios, la Corte concluyó que la empresa deberá retirar cualquier elemento alusivo a la cultura maya de sus espacios de publicidad y medios de difusión.

En el documento, la ministra explicó que el uso de estos símbolos no es indispensable para la actividad comercial de la empresa. “El giro comercial de la quejosa (Xcaret), dada su naturaleza, no torna necesario que en sus páginas de internet haga uso de elementos culturales propios del Pueblo Maya, ya que el funcionamiento real para prestar servicios de hotelería, atracciones, restaurantes, etcétera“, se expresa en el fallo.

Con esta determinación, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución previa que permitía a Grupo Xcaret continuar utilizando referencias culturales mayas en su promoción turística. La decisión marca un precedente en torno a la protección del patrimonio cultural indígena y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus símbolos y tradiciones.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó de manera unánime una reforma a la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, aprobada el 12 de julio de 2024, que facultaba a la gobernadora Layda Sansores San Román para otorgar licencias de construcción de “obras de interés estatal y de gran impacto” en los 13 municipios de la entidad. La resolución concluyó que dicha modificación vulneró la autonomía municipal prevista en la Constitución federal.

El fallo se dio al resolver la acción de inconstitucionalidad 284/2024, promovida por el municipio de Campeche, y cuyo proyecto fue presentado por el ministro Irving Espinosa Betanzos. En el análisis, la Corte determinó que el Congreso local transfirió indebidamente al Poder Ejecutivo una atribución constitucional que corresponde de forma exclusiva a los ayuntamientos: la regulación, control y autorización de la construcción dentro de su territorio.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la reforma no se limitó a establecer bases generales o mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, sino que eliminó por completo la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto. Esta estructura normativa, señaló el ministro ponente, concentró la decisión únicamente en la titular del Ejecutivo estatal, despojando a los municipios de una facultad que la Constitución les reconoce expresamente.

“Esta estructura normativa no se limita a establecer bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la gobernadora de Campeche, así se despoja al municipio de una facultad que la Constitución le reconoce”, expuso Espinosa Betanzos durante la sesión.

Como parte de la resolución, el Pleno invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, así como el segundo artículo transitorio de la reforma, al considerarlos contrarios al orden constitucional. Los ministros coincidieron en que la modificación afectaba directamente el principio de autonomía municipal, uno de los pilares del federalismo mexicano.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que los municipios deben conservar la capacidad de otorgar licencias de construcción y permisos, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución. En su intervención, advirtió que la creación de una categoría de obras públicas de interés estatal y de gran impacto no puede utilizarse como vía para eliminar una facultad constitucional de los ayuntamientos.

Con esta decisión, la Corte reafirmó que la planeación, autorización y control del desarrollo urbano y de las construcciones dentro de los municipios no puede ser desplazada por legislaciones locales que concentren dichas atribuciones en el Poder Ejecutivo estatal, aun cuando se trate de proyectos considerados de alto impacto o interés general.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició su primera sesión pública con la nueva integración tras los comicios judiciales, celebrados el 1 de septiembre. El arranque estuvo marcado por una jornada de cuatro horas en la que sólo se resolvieron tres de los 15 asuntos agendados, pese a la promesa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de agilizar los trabajos.

La sesión comenzó con un saludo en lengua originaria por parte de Aguilar Ortiz, quien asumió el liderazgo del pleno con la expectativa de hacer las deliberaciones más comprensibles y dinámicas para la sociedad. Como parte de este propósito, la SCJN publicó un reglamento que establece tiempos para las intervenciones de cada ministro y ordena que los miércoles y jueves se dediquen a discutir amparos. Sin embargo, en este primer encuentro se abordaron únicamente acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

El tema central fue una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de salud mental de Chihuahua. Durante la discusión, varios ministros excedieron los minutos fijados en el nuevo reglamento, lo que impidió que se avanzara con la totalidad de la lista prevista.

Previo al análisis del primer proyecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa tomó la palabra para agradecer a los votantes que le permitieron continuar en el máximo tribunal, destacando la legitimidad del nuevo mecanismo de elección democrática.

Otros ministros, como Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, subrayaron el inicio de una etapa distinta en la Corte, en la que resaltaron cambios como el recorte a sus salarios.

En su intervención, la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó su visión sobre los litigios en contra de leyes aprobadas por el Congreso. “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades. Si el Legislativo ha emitido nuevas normas, es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso”, expuso.

La primera división de criterios entre los ministros surgió al analizar si debía declararse la invalidez de una norma por no haberse consultado a grupos vulnerables afectados durante el proceso legislativo.

Las ministras Lenia Batres y Ríos González se pronunciaron por mantener la vigencia de la ley, al considerar que el beneficio para los grupos vulnerables es mayor que la omisión de consulta. Batres calificó como “una perversión” el criterio anterior de la Corte y defendió que la consulta debe entenderse como un medio, no un fin.

Finalmente, el resto de los ministros se inclinó por la propuesta de Yasmín Esquivel, que planteó invalidar diversos artículos de la Ley de salud mental de Chihuahua.

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, encabezó una reunión estratégica con los demás ministros electos para definir el rumbo que tomará el máximo tribunal del país a partir de su instalación el 1 de septiembre.

En el encuentro, se estableció que los asuntos penales y fiscales recibirán atención prioritaria. Aguilar Ortiz explicó que el objetivo es resolver este tipo de casos dentro de los plazos establecidos por la Constitución, reforzando así la eficacia y el cumplimiento de la ley en materia judicial.

También se abordó la integración de los equipos de trabajo y la distribución de asuntos entre las nuevas ponencias, una tarea clave para el arranque de la nueva etapa de la Corte tras la reciente reestructuración.

Uno de los anuncios más relevantes fue el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos, motivado por la desaparición de las dos salas de la SCJN. El nuevo esquema incluirá la emisión de reglamentos internos actualizados, con el objetivo de lograr “sesiones ágiles, eficientes y sustantivas”, según palabras del propio Aguilar Ortiz.

Además, se inició el análisis de los perfiles que integrarán el Órgano de Administración Judicial, instancia que sustituirá al extinto Consejo de la Judicatura Federal, y que será clave en la gestión administrativa del Poder Judicial de la Federación.

La agenda de los ministros electos para el 1 de septiembre contempla tres actos significativos:

• 16:00 horas: Ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando.
  
• 19:30 horas: Toma de protesta ante el Senado de la República.
  
• 22:00 horas: Sesión solemne de instalación de la nueva Suprema Corte.
  

La reorganización del trabajo interno, las reformas en la Secretaría General de Acuerdos y la definición de prioridades marcan el inicio de una etapa que busca optimizar el funcionamiento del máximo tribunal. Con estas decisiones, la próxima gestión apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la SCJN y garantizar que las resoluciones judiciales se emitan de forma más ágil y con pleno apego al marco legal.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un inicio de actividades inédito. A partir de un acuerdo entre los nueve ministros electos que integrarán el nuevo tribunal, se llevarán a cabo tres ceremonias que marcarán el arranque de esta nueva etapa judicial, una de ellas con la entrega simbólica del bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

El ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, informó a través de su cuenta oficial en X que este ciclo ceremonial responde al carácter histórico del nacimiento de la nueva Corte, conformada tras un proceso de elección por voto popular. La finalidad es destacar el compromiso con la justicia, el respeto institucional y el reconocimiento de las raíces culturales del país.

Las ceremonias serán: la toma de protesta oficial ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Corte y la ceremonia de entrega del bastón de mando y servicio. Este último acto será encabezado por representantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas, en un gesto simbólico de legitimidad y vinculación con las voces históricamente marginadas.

En el marco de estos preparativos, Aguilar Ortiz reiteró la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir a la sesión solemne que se llevará a cabo en la sede del Congreso de la Unión. También se espera la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto calificado como republicano, “de pleno respeto entre poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo”.

Durante la segunda reunión de trabajo con las ministras y ministros electos, se abordó el rediseño institucional de la Corte, con el propósito de enfrentar de manera eficiente la carga de expedientes que comenzará a recibirse a partir del 1 de septiembre. El objetivo es modernizar los procesos y fortalecer la capacidad de resolución del máximo órgano judicial.

Estas acciones inauguran una etapa inédita en la historia del Poder Judicial, bajo un nuevo modelo de representación democrática. La planeación y contenido de las ceremonias reflejan la intención de construir una justicia más cercana a la ciudadanía, culturalmente incluyente y coordinada con los otros poderes del Estado.

Con estos preparativos, la SCJN abre paso a una transformación institucional profunda, marcada por el diálogo, la legitimidad social y el compromiso con un sistema judicial renovado.