Justicia alcanza a Ignacio Peralta: exgobernador de Colima es procesado por peculado y abuso de atribuciones

El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, resolución que se dio durante la audiencia inicial del caso.

Pese a la determinación judicial, ambos exfuncionarios continuarán el proceso en libertad mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Al concluir la comparecencia, Peralta Sánchez sostuvo ante medios de comunicación que las acusaciones están relacionadas con modificaciones al presupuesto estatal y defendió la legalidad de las decisiones tomadas durante su administración.

El presupuesto de egresos y este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y únicamente quien tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones es el titular del Poder Ejecutivo”, declaró el exmandatario emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exgobernador también rechazó haber cometido algún delito y adelantó que su defensa incorporará nuevos elementos para sustentar su postura jurídica.

Vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencia de carácter jurídico que nos permita fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se apegó conforme a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito”, afirmó en entrevista con medios locales.

Mientras Peralta Sánchez ofreció declaraciones tras la audiencia, Carlos Noriega evitó emitir comentarios sobre el proceso judicial abierto en su contra. Ignacio Peralta encabezó el gobierno de Colima entre 2016 y 2021.

Esquivel plantea rediseñar la elección judicial y reactivar salas en la Corte para mayor agilidad en casos

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó una serie de ajustes al modelo de elección judicial y al funcionamiento interno del máximo tribunal, al considerar que el esquema de voto popular debe mantenerse, aunque con modificaciones que fortalezcan su operación.

Durante su participación en los “Diálogos de reflexión: perspectivas de la reforma al Poder Judicial”, donde coincidió con los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, la integrante de la Corte expuso que uno de los cambios necesarios es la reinstalación de las salas que operaban antes de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Según explicó, ese modelo permitía mayor agilidad en el análisis de los casos. “El trabajo de las salas era más dinámico, era una discusión dinámica, más breve y permitía un avance más rápido de la resolución de los asuntos”, afirmó.

En materia electoral, Esquivel propuso limitar los comicios judiciales a las vacantes que se generen en cargos de jueces y magistrados, con el objetivo de conservar continuidad en los criterios jurisdiccionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevos perfiles. “Vayamos a una elección de vacantes, mantengamos estabilidad en la función, en los criterios, y cada tres años la elección con las vacantes que se vayan generando”, señaló.

Como parte de los mecanismos para fortalecer el proceso, la ministra sugirió la creación de un examen nacional de aptitud jurisdiccional dirigido a quienes aspiren a competir por estos cargos. A su juicio, esta evaluación permitiría garantizar un estándar mínimo de conocimientos y experiencia entre los candidatos. “Los justiciables tienen derecho a una justicia de excelencia, profesional, con experiencia. Hoy necesitamos que haya ese examen para que haya un piso mínimo y poder accesar a ser juez”, sostuvo.

Finalmente, Esquivel respaldó iniciativas impulsadas por legisladores de Morena que buscan ajustar el diseño de la elección judicial. Entre ellas, destacó la propuesta de establecer un comité único encargado de evaluar a los aspirantes, así como la separación de los procesos electorales judiciales respecto de las elecciones políticas.

FGR impulsa reestructura nacional para acelerar investigaciones y reducir la impunidad

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca transformar el funcionamiento de la institución para reducir la impunidad, agilizar investigaciones y fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales.

 

Durante la presentación, la fiscal general Ernestina Godoy explicó que el proyecto responde a fallas estructurales en la administración de justicia, entre ellas la lentitud en la integración de carpetas de investigación, la falta de transparencia y el elevado número de delitos que no se resuelven. El documento reconoce que estas deficiencias han impactado en la percepción ciudadana sobre el acceso a la justicia.

 

Entre las principales acciones planteadas se encuentra la reubicación de sedes de las delegaciones de la fiscalía en 61 municipios, así como una reingeniería institucional para hacer más eficientes los procesos y fortalecer la presencia territorial. La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de seguridad, procuración y judicialización de los casos.

 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, subrayó la importancia del intercambio permanente de información entre fiscalías y dependencias de seguridad para garantizar la trazabilidad de los casos.

 

“Es un plan que tiene objetivos, que tiene metas, tiene ruta y, sobre todo, lo más importante es acabar con la impunidad, disminuir el índice delictivo, acabar con la impunidad y generar un México en paz. Esos son los objetivos del plan que hoy se presentó”, señaló.

 

Autoridades estatales también destacaron la necesidad de fortalecer la presencia federal. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz, pidió reforzar la operatividad en las entidades, especialmente en delitos relacionados con delincuencia organizada y robo de combustible.

 

“Hay muchos temas importantes a tratar con la fiscalía, por supuesto mayor presencia y operatividad en los estados a través de las delegaciones de la fiscalía, el trabajar en nuestro caso en el robo de combustible en la delincuencia organizada, son pocas las carpetas en la federación por ese tema, creemos que es importante fortalecer”, expresó.

 

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la coordinación institucional. “Nosotros trabajamos de manera coordinada con el gobierno federal y, obviamente, con los entes autónomos”, afirmó.

 

La presentación se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, con la asistencia de autoridades federales, legisladores, gobernadores y fiscales estatales, entre ellos el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y funcionarios del gabinete de seguridad.

La magistrada Ana María Ibarra ve la reforma judicial como una oportunidad para las mujeres en la impartición de justicia

La magistrada Ana María Ibarra considera que la reciente reforma al Poder Judicial abre nuevas oportunidades para que jueces, magistrados y ministros mejoren su relación con la ciudadanía. Además, ve en esta reforma una posibilidad para que más mujeres se integren a cargos judiciales, e invita a aquellas interesadas en buscar la justicia a postularse para estos puestos de elección popular.

“Como mujeres, sabemos que nada nos ha sido fácil. Llegar a nuestras posiciones ha requerido esfuerzo y trabajo constante. Mi mensaje es claro: no abandonemos el país ni la justicia”, afirmó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Ibarra, quien preside el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacó la importancia de que las mujeres trabajadoras del Poder Judicial participen en el proceso de convocatoria y no cedan espacio en la discusión pública, especialmente en una reforma que impactará a las posiciones titulares del sistema judicial. Para ella, este cambio representa una oportunidad para que quienes hoy son secretarios y oficiales también puedan aspirar a cargos más altos.

“He hablado con mis secretarios y me encantaría verlos llegar a ser magistrados. Quiero que los perfiles más sólidos aprovechen esta elección, abriendo camino a quienes, por diversas razones, no habían podido alcanzar esos espacios”, dijo.

La magistrada resaltó que este nuevo sistema de selección, aunque implica una adaptación, es una oportunidad para que trabajadores del sistema judicial progresen en su carrera. La reforma, además, pretende integrar a voces que tradicionalmente han estado excluidas de la Judicatura Federal y promover que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos, en contraste con el 20% o 30% de representación femenina en tribunales y juzgados hasta ahora.

Con 15 años de experiencia en el ámbito judicial, los últimos cuatro como magistrada, Ibarra explicó que su rol implica resolver disputas personales y técnicas con imparcialidad. A su juicio, la reforma responde a una demanda social, ya que la Judicatura se había distanciado de la realidad de la sociedad y había perdido empatía con sus necesidades.

“Es fundamental que la selección de jueces sea cuidadosa, pero también necesitamos leyes que garanticen la disciplina, independencia e imparcialidad. La solución no es sencilla; se requiere de un esfuerzo legislativo y social”, afirmó.

Según Ibarra, el sistema judicial ha cometido errores estructurales que arrastra desde hace tiempo, como el enfoque excesivo en reglas procesales y un lenguaje complejo que aleja al ciudadano. “Tenemos una justicia lenta y un lenguaje demasiado formalista. La reforma busca cambiar esto y permitir que la ciudadanía participe en el proceso”, concluyó.

 

Norma Piña recibe apoyo internacional por su defensa de la independencia judicial en México

Durante la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), celebrada en el Centro Banamex de la Ciudad de México, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue respaldada por abogados de todo el mundo por su labor en defensa de la justicia y la independencia judicial en México.

Piña, quien no estaba inicialmente en el programa del evento, participó de manera sorpresiva en la inauguración, invitada por Almudena Arpón de Mendivil, presidenta de la IBA. Con visible emoción y lágrimas en los ojos, Piña pronunció un emotivo discurso en el que reafirmó su compromiso con la justicia y la independencia judicial. “Trabajaré hasta el último aliento por amor al derecho y la justicia”, expresó ante los asistentes.

El respaldo de la IBA hacia Piña llega en un momento crucial, cuando en México se están discutiendo reformas al Poder Judicial. Arpón de Mendivil destacó los retos que enfrenta la independencia judicial en el país y ofreció su apoyo a los juristas mexicanos, asegurando que no están solos en esta lucha.

Norma Piña aprovechó su intervención para recordar las decisiones clave de la SCJN en temas de gran relevancia social, como la prisión preventiva oficiosa, la presunción de inocencia, la libertad religiosa y los derechos de las comunidades indígenas. Su mensaje fue claro: las resoluciones de la Corte son un reflejo del compromiso de los jueces con la justicia y la protección de los derechos ciudadanos.

Al finalizar su discurso, Piña fue ovacionada de pie por los asistentes, quienes reconocieron su esfuerzo y dedicación en la defensa de los valores fundamentales del sistema judicial mexicano.