Una situación de caos y tensión se ha desatado frente a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde un grupo de normalistas ha protagonizado una protesta tras la confirmación de la fuga de un policía implicado en un caso de homicidio. Reportes preliminares indican que los manifestantes han lanzado artefactos explosivos, provocando incendios en vehículos estacionados.

La protesta surge como respuesta al escape de un miembro de la Policía Estatal de Guerrero, quien se encontraba bajo arresto administrativo por su presunta participación en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresan su indignación y exigen justicia frente a la impunidad que rodea este caso. Según medios locales, la presencia de los normalistas desencadenó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, obligando al desalojo de las oficinas de la Fiscalía y del Palacio de Gobierno para resguardar la integridad de los servidores públicos.

En medio de la protesta, varios vehículos estacionados en la Fiscalía fueron consumidos por el fuego, producto de las detonaciones de artefactos explosivos lanzados por los manifestantes. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de los disturbios.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones, los reportes señalan que los agentes se replegaron ante el avance de los manifestantes, lo que dejó a las instalaciones de la Fiscalía en un estado de vulnerabilidad.

La situación continúa siendo fluida y en evolución, con la llegada de más autobuses con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para sumarse a la protesta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre los acontecimientos y no se han reportado heridos como resultado de los enfrentamientos.

El clima de tensión y la incertidumbre persisten en Guerrero, donde la sociedad civil demanda respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. La protesta de los normalistas es un recordatorio del profundo malestar y la desconfianza que prevalecen en la región frente a la falta de seguridad y la impunidad que amenazan el tejido social.

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.