A más de un año de que la protección animal quedara plasmada en la Constitución mexicana, el debate ahora se concentra en un punto distinto: cómo evitar que los casos de maltrato continúen sin castigo.
Con ese objetivo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó la llamada “Ley Pay de Limón”, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales disponibles para que las autoridades puedan prevenir, investigar y sancionar con mayor eficacia los actos de crueldad contra los animales.
La propuesta fue presentada en octubre de 2025 por el senador por Nuevo León, Waldo Fernández, y surge en un contexto en el que, pese a los avances normativos, persisten casos que exhiben limitaciones en la aplicación de las leyes y en la capacidad institucional para castigar a los responsables.
El PVEM recordó que el 2 de diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional en materia de bienestar animal, considerada por el partido como un parteaguas al establecer la obligación del Estado de garantizar la protección, el trato digno, la conservación y el cuidado de los animales.
Sin embargo, la fuerza política advirtió que el reconocimiento constitucional representa únicamente el punto de partida. A su juicio, el reto consiste ahora en traducir esos principios en mecanismos legales y acciones concretas que permitan reducir la impunidad.
La iniciativa toma su nombre de Pay de Limón, un perro mestizo que sobrevivió en 2011 a la amputación de sus patas delanteras después de ser víctima de tortura por parte del crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas. Su caso se convirtió en uno de los episodios más conocidos de violencia contra animales en el país.
De acuerdo con el posicionamiento del partido, la propuesta pretende cerrar la distancia entre lo que establece la Constitución y lo que ocurre en la práctica, mediante un marco jurídico más estricto y mayores facultades para las autoridades encargadas de atender estos hechos.
El PVEM sostuvo que la reforma constitucional sentó las bases para fortalecer la actuación de las instituciones públicas y avanzar hacia una política nacional más sólida en materia de bienestar animal. No obstante, insistió en que la consolidación de ese avance dependerá de la aprobación de leyes secundarias y de políticas públicas capaces de garantizar resultados efectivos en la protección de los animales.
