Procesan a exdirectora del Instituto de Vivienda de BCS por presunto lavado de dinero

Una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) derivó en la vinculación a proceso de tres personas, entre ellas la exdirectora del organismo, señalada por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción estatal informó que las indagatorias detectaron movimientos financieros relacionados con una red que habría operado entre 2021 y 2023.

De acuerdo con la autoridad, Fernanda “N”, quien encabezó el instituto, fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de lavado de dinero, luego de que se identificaran movimientos que le habrían permitido obtener al menos 762 mil pesos para uso personal.

En el mismo proceso judicial también fueron imputados Juan Manuel “N”, exdirector de Administración y Finanzas del INVI, y Jonathan “N”, un particular. Según la Fiscalía, el primero habría desviado 382 mil pesos para su uso personal, mientras que el segundo habría recibido más de un millón de pesos en operaciones relacionadas con el caso.

Las autoridades señalaron que la investigación se amplió luego de que, a inicios de 2024, se detectara una presunta red de corrupción en el manejo de recursos del instituto. Durante este proceso, también se vinculó previamente a Javier “N”, quien se desempeñaba como coordinador administrativo durante el periodo bajo investigación.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía identificó aproximadamente 3 mil 591 operaciones, transferencias y pagos que habrían sido realizados por esta red, con un monto total estimado en 54 millones 876 mil 222 pesos. 

Tras la audiencia celebrada este miércoles, el juez determinó imponer medidas cautelares a los imputados. Estas incluyen la presentación periódica mensual ante la autoridad judicial, la prohibición de salir del país, la restricción para acercarse al Instituto de Vivienda y la limitación para comunicarse con víctimas o testigos relacionados con el caso.

Fernanda “N” fue nombrada titular del INVI en 2021 por el gobernador Víctor Castro Cosío, al inicio de su administración. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2023, cuando fue removida tras observaciones emitidas por la Contraloría estatal. 

En ese momento, el mandatario estatal informó que la exfuncionaria asumiría funciones como “enlace de temas políticos” dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada entonces por Homero Davis Castro. Sin embargo, ese puesto no formaba parte del organigrama oficial y posteriormente se informó que no se integró al equipo de trabajo.

En paralelo, familiares del exjefe del Departamento de Contabilidad han señalado que presuntamente recursos del INVI habrían sido utilizados con fines político-electorales en procesos internos de Morena. Estas acusaciones fueron rechazadas por autoridades estatales y por el actual senador Homero Davis Castro, quien participó en la coordinación de la campaña de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de 2023.

Al concluir la audiencia, la exdirectora del instituto aseguró que compareció ante la autoridad sin objeciones y manifestó su disposición para esclarecer los hechos. “Estamos dando la cara de frente, no tenemos ningún inconveniente. Estamos compareciendo ante la autoridad. Soy la principal interesada en que se esclarezca”, declaró.

Sheinbaum refuerza inteligencia y justicia en Michoacán tras asesinato de alcalde de Uruapan

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

Fiscalía de CDMX revela que choque provocó fuga y explosión de pipa en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes los primeros resultados de las investigaciones sobre la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 76 lesionados. De acuerdo con las indagatorias, el accidente se originó tras la ruptura del tanque de la unidad a consecuencia de un choque con un objeto sólido.

“El tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición”, precisó la institución en un comunicado. El informe descartó que el siniestro estuviera relacionado con irregularidades en el estado del asfalto, pues no se detectaron baches ni daños en el pavimento de la vialidad donde circulaba el vehículo siniestrado.

En el sitio de la explosión, especialistas identificaron la presencia de distintos compuestos aromáticos, entre ellos benceno y estireno, resultado de la combustión generada por la fuga. Estos hallazgos forman parte del peritaje técnico que busca determinar las causas exactas del siniestro.

La fiscalía capitalina también dio a conocer que personal de la institución fue desplegado en hospitales de la ciudad para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Como parte de las medidas de apoyo, se ofrece atención psicológica y asesoría jurídica a quienes lo requieran.

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señala que 54 personas permanecen hospitalizadas en diferentes nosocomios, mientras que 22 ya han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

Por otra parte, las autoridades identificaron a la empresa responsable de la pipa siniestrada como Transportadora Silza, S.A. de C.V., perteneciente al Grupo Tomza. La compañía opera dentro del sector de distribución de gas y ahora se encuentra bajo revisión tras el accidente que conmocionó a la capital.

La explosión registrada el pasado miércoles en la zona oriente de la ciudad generó una de las emergencias más graves de los últimos años en Iztapalapa. Los equipos de protección civil, bomberos y paramédicos trabajaron durante horas para sofocar las llamas, controlar los riesgos secundarios y trasladar a decenas de heridos a los hospitales de la capital.

Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de esclarecer todas las responsabilidades relacionadas con el siniestro. Mientras tanto, la atención médica y psicológica a los afectados sigue siendo la prioridad de las autoridades capitalinas.