Etiqueta: Carlos Manzo

Las nuevas reglas para competir sin partido en Michoacán quedaron bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Electoral del estado.

El recurso busca que el máximo tribunal analice las disposiciones aprobadas por el Congreso de Michoacán, las cuales establecen nuevas restricciones para quienes pretendan contender por un cargo de elección popular sin el respaldo de un partido político, incluida la gubernatura.

Entre los puntos impugnados destaca el requisito de reunir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar el registro de una candidatura independiente. La reforma también prohíbe que los aspirantes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, además de impedirles realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Grecia Quiroz acudió a la sede de la SCJN acompañada por el activista Julián LeBarón, quien también aspira a contender de manera independiente por el gobierno de Chihuahua, así como por el diputado local michoacano Carlos Bautista Tafolla.

A su llegada, decenas de simpatizantes la recibieron con consignas de apoyo como: “Viva Grecia” y “Grecia el pueblo de México está contigo”, antes de ingresar al recinto.

La alcaldesa y sus acompañantes fueron recibidos por una comisión especial, ante la que solicitaron que las ministras y ministros reviertan los límites impuestos a las candidaturas independientes por la reforma electoral aprobada en Michoacán.

Quiroz llegó a la Suprema Corte con la expectativa de que el máximo tribunal garantice el derecho de los mexicanos a elegir a quienes consideren dignos de su representación. La alcaldesa de Uruapan es viuda de Carlos Manzo, fundador del llamado “Movimiento del Sombrero”, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.

A medio año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, las investigaciones suman 22 personas detenidas por su presunta participación en el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de Velas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha señalado como uno de los principales implicados a Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado” o “El Contador”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del crimen. Dentro de la misma estructura criminal también fue detenido Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, “El K-OZ”, jefe de plaza y subordinado directo del primero.

El caso incluye a Samuel García Rivero, quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas del alcalde y es señalado por haber compartido la agenda privada del edil con integrantes del CJNG. A la lista se agregan los taxistas Ricardo Cliserio “N”, Alan “N” y Josué Elogio —o Eulogio— “N”, además de los presuntos narcomenudistas Ulises “N”, Gerardo “N” y Flor “N”, estos últimos encargados de fungir como enlaces entre “El Licenciado” y otros participantes en el atentado.

También fueron capturados Jaciel Antonio Herrera Torres, “El Pelón”, y Gerardo Rodríguez, “El Congo”, quienes habrían reclutado a Ramiro “N”, Víctor Manuel Ubaldo y Fernando Josué “N”. De acuerdo con las indagatorias, estos dos últimos fueron integrados al grupo desde un centro de rehabilitación para adicciones en Uruapan.

Entre los detenidos se encuentran además María “N”, Salvador “N” y Marcelina “N”, identificados como concubina, cuñado y suegra de “El K-OZ”, respectivamente. A ellos se suma Rafael “N”, alias “La Aurora”, considerado el más reciente asegurado vinculado al CJNG, así como siete escoltas del propio Carlos Manzo. El ataque fue perpetrado por un agresor de 17 años, también vinculado al CJNG, quien disparó contra el entonces alcalde durante la celebración.

En este contexto, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, publicó un mensaje en redes sociales en el que recordó a su esposo y señaló que el caso sigue sin resolverse. “El tiempo aparentemente se ha ido rápido; sin embargo, tu ausencia sigue doliendo como el primer día. 

Todos los días, al levantarme, lo primero que veo es tu fotografía y es la fuerza que me das para seguir luchando por todo aquello que tú querías para nuestros hijos, para Uruapan y para toda la gente que quisiste mucho”, expresó.

Añadió que continuará en la búsqueda de justicia. “Hasta el último día lucharé por justicia”, afirmó. 

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que aumentó a cinco el número de personas fallecidas tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. La dependencia también ajustó a cuatro los heridos que permanecen bajo atención médica después del estallido registrado la mañana del sábado en la calle Ignacio López Rayón, justo frente a la base del grupo comunitario.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando un automóvil explotó a escasos metros del inmueble utilizado por la corporación local. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un “coche bomba” presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o, en su defecto, que la unidad transportara sustancias químicas o explosivas que habrían detonado accidentalmente.

El reporte preliminar detalla que dos de las víctimas mortales eran hombres que viajaban en el mismo vehículo que estalló, mientras que las otras tres pertenecían a la policía comunitaria. En el sitio se encontró una camioneta severamente dañada por la explosión, así como los restos de dos personas. Inicialmente se indicó que ocho integrantes de la corporación comunitaria habían resultado lesionados.

Los heridos fueron trasladados por vía aérea mediante helicópteros estatales y federales hacia hospitales del complejo de Ciudad Salud, en Morelia. Durante su atención médica, tres de ellos murieron debido a la gravedad de sus lesiones, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales.

El gobierno de Michoacán aclaró que no reconoce oficialmente a la policía comunitaria de Coahuayana como una institución de seguridad, argumentando que sus integrantes han rechazado someterse a los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del registro y evaluación de policías y su armamento en México. La agrupación es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, exmiembro de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para confrontar al cártel de los “Caballeros Templarios”.

En la región, la Guardia Civil de Michoacán opera en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, debido a la confrontación que, según la Secretaría de Marina, mantienen las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el CJNG por el control de rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

El refuerzo de seguridad en la entidad se intensificó el 10 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un acto público. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de costa distribuidos entre Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, zona donde la Marina realiza patrullajes constantes debido a su uso como ruta marítima para el traslado de cocaína proveniente de Sudamérica.

Autoridades han identificado que habitantes de diversas comunidades costeras participan en el traslado de estos cargamentos, al recolectar paquetes en altamar y transportarlos posteriormente por vía terrestre o aérea hacia distintos puntos del país o hacia la frontera con Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la seguridad en Michoacán se mantiene como una prioridad nacional y que, como parte del Plan Michoacán, se han detenido a 932 personas por delitos de alto impacto. La estrategia, implementada tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, contempla el despliegue de más de 12 mil elementos en distintos puntos del estado.

En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, García Harfuch detalló que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 se han asegurado 23 toneladas de drogas y 924 armas de fuego. Además, se han desmantelado 17 narcolaboratorios dedicados a la fabricación de metanfetamina, lo que representa uno de los golpes más relevantes contra la infraestructura criminal en la región.

Entre los resultados presentados, destacó la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de drogas, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. En el operativo, se le aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico. También se ejecutó una orden de aprehensión contra Heriberto “N”, acusado de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Uno de los casos más señalados fue la detención de Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a organizaciones criminales. Según la información oficial, también habría reclutado a dos individuos que formaban parte de la célula responsable de la agresión contra el alcalde Carlos Manzo. “Hoy tenemos que la seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, reiteró García Harfuch durante la presentación de avances.

En Uruapan, elementos del Ejército, junto con la policía estatal y municipal, detuvieron a una persona vinculada a un grupo delictivo que transportaba en un tractocamión más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores para la elaboración de drogas sintéticas.

Como parte de los operativos del Plan Michoacán —desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales del 10 al 26 de noviembre— se detuvo a 134 personas y se aseguraron armas, vehículos, materiales explosivos y 425 kilogramos de metanfetaminas. “Cada una de estas acciones reduce la capacidad financiera, operativa y logística de las organizaciones que generan violencia en el estado”, afirmó García Harfuch.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se apoyará a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán con capacitación, reclutamiento y exámenes de control y confianza para su personal. También se acordó entregar 4 mil cartuchos a la policía municipal de Uruapan y otorgar en comodato mil 69 fusiles G3 para la policía estatal y 70 para la municipal.

Trevilla Trejo anunció además la construcción de un cuartel militar en Uruapan, solicitado por la presidenta municipal Grecia Quiroz, viuda de Manzo. El inmueble será desarrollado por ingenieros militares y tendrá características similares a los cuarteles de la Guardia Nacional instalados en diversas regiones del país.

El general explicó que, tras el atentado contra el alcalde Manzo, el Ejército implementó el Plan Paricutín en Apatzingán, Morelia, Zamora y Uruapan, donde operan 10 mil 500 elementos que han establecido 376 servicios desde el 11 de noviembre. Como parte del seguimiento, se han realizado 17 reuniones con los presidentes municipales de estos territorios, incluidas cinco con la alcaldesa de Uruapan para tratar el tema de la extorsión, además de encuentros con empresarios de los sectores limonero y aguacatero en distintos municipios.

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje desde Tabasco este sábado, horas después de los disturbios registrados en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante la marcha convocada por la llamada “Generación Z” y el “Movimiento del Sombrero”. Desde ese estado, la mandataria afirmó: “Decimos no a la violencia: si uno no está de acuerdo, siempre por la vía pacífica”, en referencia directa a los hechos ocurridos en la capital.

La movilización, que inició por la mañana en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo, reunió a miles de asistentes con consignas dirigidas al gobierno federal y demandas relacionadas con la violencia en el país. Al llegar al cuadrante de Palacio Nacional, un grupo de encapuchados identificado como bloque negro golpeó con martillos y piedras las vallas metálicas que protegían la sede del Ejecutivo y a elementos de la policía capitalina. Estas estructuras fueron derribadas tras varios minutos de tensión.

Los ataques derivaron en un enfrentamiento con cuerpos policiacos, quienes respondieron con gas lacrimógeno y extintores. La dispersión alcanzó a asistentes de todas las edades, incluidos niños y transeúntes que caminaban por la zona.

En el transcurso de la tarde, autoridades de la Ciudad de México iniciaron el desalojo del Zócalo y las calles aledañas. La orden se emitió alrededor de las 4:00 de la tarde, momento en el que los uniformados comenzaron a replegar a los manifestantes. Fue durante esta operación que se registraron agresiones contra jóvenes, transeúntes y periodistas, así como el robo de equipo fotográfico y teléfonos celulares.

Testimonios de afectados señalaron golpes, empujones y uso excesivo de la fuerza. Un joven relató que, al intentar auxiliar a dos mujeres durante un altercado con policías, fue tirado al piso y pateado por ocho oficiales. Otro adulto mayor describió agresiones contra jóvenes que únicamente observaban la marcha. Vendedores ambulantes también denunciaron pérdidas por la confiscación de productos.

El operativo continuó hasta liberar por completo la Plaza de la Constitución y las calles 5 de Mayo, Madero, 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Pino Suárez. En redes sociales circularon videos que mostraron a policías golpeando a manifestantes y transeúntes, motivo por el cual un mando superior ordenó por radio: “Ya dejen de perseguir a la gente, ya dejen de perseguir a la gente”.

Hacia las 7:00 de la noche, un enfrentamiento entre comerciantes y un pequeño grupo de manifestantes en avenida Juárez desencadenó una riña que obligó a los presentes a huir hacia la Alameda Central y calles cercanas. Ambulancias del ERUM atendieron a heridos, mientras algunos jóvenes fueron detenidos y trasladados hacia la calle de Moneda, sin que se precisara su destino.

A pesar de la intervención policial, diversos contingentes continuaron lanzando consignas como “¡México, México! ¡Viva Manzo!” y “ustedes lo mataron”, en referencia al caso de Carlos Manzo, cuya muerte originó parte de la movilización.

La Ciudad de México vivió una jornada marcada por tensiones en los alrededores del Zócalo capitalino, luego de que un grupo de jóvenes encapuchados, junto con personas vestidas de blanco y distintos asistentes, derribara las vallas que resguardaban Palacio Nacional. El incidente ocurrió alrededor del mediodía en el cruce de avenida Pino Suárez y Corregidora, donde se desarrolló un enfrentamiento de más de dos horas entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El choque comenzó cuando los asistentes emplearon cortacandados, pinzas y equipo especializado para romper las uniones metálicas del muro instalado días antes frente a la sede del Ejecutivo federal. La primera valla retirada fue arrastrada hasta avenida Pino Suárez, lo que abrió una brecha que derivó en el despliegue inmediato de policías. A partir de ese momento, ambas partes arrojaron objetos, incluidas piedras y petardos, lo que dejó personas heridas. Entre ellas se registró a una mujer policía de la SSC, quien fue atendida por equipos médicos que operaban en la zona.

Los manifestantes que participaron en la remoción de las barreras no fueron identificados como integrantes del Bloque Negro debido a que permitieron ser grabados y entrevistados. Algunos asistentes expresaron su inconformidad con lo ocurrido al señalar que los hechos “empañan el movimiento”, mientras que otros atribuyeron la escalada a que “las vallas que colocó el gobierno incitaron a la violencia”.

Aunque la presencia de manifestantes se redujo conforme avanzó la tarde, más personas continuaron llegando a las inmediaciones del primer cuadro. Paralelamente, el Metro de la Ciudad de México anunció la suspensión temporal del servicio entre Hidalgo y Zócalo/Tenochtitlan como medida de seguridad.

El resto de la movilización transcurrió sin incidentes. La marcha principal, integrada por el Movimiento del Sombrero y personas que portaban pancartas de la llamada “Generación Z”, avanzó desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Su llegada ocurrió poco antes de la 1 de la tarde con consignas como “Fuera Morena” y “Carlos Manzo”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana no reportó hechos de violencia durante el recorrido por Reforma, Juárez y 5 de Mayo, donde los policías se mantuvieron a distancia.

La marcha inició alrededor de las 11:00 de la mañana y fue encabezada por la madre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. En silla de ruedas, avanzó acompañada por centenares de personas que corearon “Todos somos Carlos Manzo”, “Viva Michoacán”, “Revocación” y “Narco gobierno”. La convocatoria no se limitó a jóvenes: participaron adultos mayores, personas de mediana edad y menores, muchos con camisas blancas y mantas en memoria del alcalde, además de mensajes dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El recorrido incluyó un contingente a caballo y provocó cierres en Paseo de la Reforma y avenida Juárez. Elementos de la SSC se mantuvieron desplegados en los puntos de avance sin reportar incidentes adicionales. Se espera que en los próximos minutos se emita un mensaje oficial sobre la jornada.

El gobierno federal anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el nuevo Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y el desarrollo social en el estado. 

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del programa, en el que participaron las principales secretarías del gabinete federal y que pretende atacar de raíz las causas de la violencia en una de las entidades más golpeadas por la inseguridad.

El plan contempla una combinación de acciones sociales, económicas y de seguridad que serán aplicadas de forma coordinada por las dependencias federales en todo el territorio michoacano. Entre los ejes principales se encuentran la expansión de programas sociales, apoyo a la economía local, impulso a la educación, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y atención directa a comunidades afectadas por la violencia.

Durante la presentación, Sheinbaum subrayó que el proyecto requerirá un “esfuerzo especial” de todo el país, ya que implicará un incremento en las medidas de austeridad republicana. Esto significa que el gobierno reducirá aún más los gastos operativos y administrativos para canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los programas prioritarios, especialmente a los dirigidos al bienestar de la población michoacana.

El Plan Michoacán surge en un contexto particularmente sensible para el estado, tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante las celebraciones del Día de Muertos. El crimen conmocionó a la sociedad michoacana y aceleró la decisión del gobierno federal de reforzar su presencia en la entidad con una estrategia integral que combine atención social y justicia.

Como parte del compromiso presidencial, Sheinbaum instruyó a su gabinete a mantener reuniones constantes con autoridades locales y representantes de distintos sectores sociales y económicos para coordinar las acciones del plan.

Además, la mandataria anunció que personalmente supervisará los avances cada 15 días y presentará los resultados en sus conferencias matutinas, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

El Plan Michoacán por la paz y la justicia busca convertirse en un modelo de intervención nacional, basado en la idea de que la pacificación duradera solo se alcanza a través de la justicia social y el desarrollo equitativo. 

Con esta estrategia, el gobierno federal pretende reducir los índices de violencia y fortalecer el tejido social, enviando un mensaje claro: la reconstrucción de la paz en Michoacán será una prioridad permanente y supervisada directamente desde la Presidencia de la República.

La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.