Tribunal confirma suspensión del proceso electoral judicial 2024-2025

Un tribunal colegiado ratificó la decisión que impide al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. También se le ordenó abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización, desarrollo, vigilancia y fiscalización del mismo.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró improcedentes dos recursos de queja, uno de ellos presentado por el Senado de la República. La semana pasada, Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, obtuvo una suspensión provisional emitida por Francisco Javier García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.

El juez concedió esta medida cautelar al considerar que el proceso legislativo que originó el acto impugnado no se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, vulnerando la garantía de seguridad jurídica. El fallo ordena al Senado no convocar a la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el tribunal dictaminó que el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México deben abstenerse de realizar modificaciones a las leyes federales y locales para adaptar la reforma judicial, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Morena Planea Ajustes a la Reforma Judicial para Calmar al Mercado

Morena está evaluando cambios en su propuesta de reforma judicial para abordar las inquietudes del mercado. Entre las modificaciones planteadas, se incluye un proceso escalonado para la elección de jueces, que se extendería a lo largo de varios años para reducir el riesgo de politización del Poder Judicial. Según fuentes involucradas en las discusiones, se propone que un comité técnico realice la selección de magistrados tras evaluar su idoneidad.

La propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba la elección de casi 1,600 jueces, incluidos los de la Corte Suprema, mediante voto popular, había generado preocupación entre los inversionistas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha defendido la necesidad de esta reforma.

Adicionalmente, se prevé la protección de los fideicomisos de los trabajadores judiciales, a pesar de que el Senado había votado anteriormente para eliminar 13 de estos fideicomisos, lo que había provocado tensiones entre el gobierno y el poder judicial. La Suprema Corte, sin embargo, revocó esa decisión.

El peso mexicano cayó un 8% la semana siguiente a las elecciones del 2 de junio, que resultaron en una supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. A pesar de la volatilidad del mercado, López Obrador ha negado que esté relacionada con la reforma judicial.

La reforma también propone reducir el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, argumentando que es necesario para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo. Los críticos advierten que la elección de jueces por voto popular podría politizar el sistema en favor de Morena y sus aliados.

En respuesta a estas preocupaciones, las nuevas modificaciones también considerarán una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026. La elección popular de jueces sin condiciones estrictas podría afectar el funcionamiento de los tribunales laborales en México, creados para resolver rápidamente los conflictos laborales bajo el TMEC. Los legisladores ajustarán la reforma para asegurar que no interfiera con el marco jurídico y comercial del tratado.

Ricardo Monreal, quien liderará a Morena en la Cámara Baja cuando inicie el nuevo Congreso en septiembre, indicó que los legisladores trabajarán en enriquecer la propuesta presidencial mientras mantienen los principios y compromisos fundamentales.