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Tras casi tres meses de huelga, el personal del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro regresará a sus actividades el próximo 11 de noviembre, siendo esta la última sede judicial que se mantenía en paro en oposición a la Reforma Judicial. Con esta decisión, el Poder Judicial podrá retomar sus funciones de manera completa.

Este miércoles, un diálogo entre magistrados, jueces y autoridades de los órganos jurisdiccionales que operan en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro concluyó con el acuerdo de reactivar las actividades. “Se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, para preparar adecuadamente el regreso a las labores jurisdiccionales, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha”, se lee en el comunicado emitido este 6 de noviembre.

Los titulares y trabajadores reiteraron su compromiso de ofrecer “un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de poderes”. Este acuerdo fue firmado por el Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, la Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales y los jueces Edgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez.

Esta reanudación de actividades también fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde el pasado 23 de octubre había ordenado el fin del paro en los Tribunales de Distrito y de Circuito, además de sancionar con descuentos salariales a quienes no regresaran a laborar al día siguiente. La decisión del CJF fue aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina, mientras que los consejeros Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, descartó el proyecto que pretendía frenar la Reforma Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra en proceso de implementación.

Encuesta revela respaldo a la elección de ministros por voto popular

Según una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de noviembre por Mendoza Blanco & Asociados, el 64 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Además, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada el 15 de septiembre pasado.

Respecto al paro de labores en el Poder Judicial, el 60 por ciento de los encuestados lo desaprueba, mientras que el 30 por ciento lo respalda. Asimismo, un 69 por ciento se opone a la posibilidad de destitución de la Ministra Presidenta si no se suspende la Reforma Judicial. Finalmente, el 83 por ciento de los encuestados rechazó la idea de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales para los ministros en retiro, mientras que sólo el 12 por ciento aprueba esta medida.

 

La Fiscalía General de Justicia informó esta tarde sobre el asesinato de la abogada Oralia Pérez Garduño en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según un comunicado oficial, la víctima se encontraba dentro de una camioneta en la intersección de las avenidas Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán cuando fue atacada con disparos de arma de fuego.

Tras conocer los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el crimen.

El asesinato de Pérez Garduño se da en un contexto en el que se ha aprobado una reforma judicial que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, así como la reciente publicación de la convocatoria para elegir estos cargos judiciales.

Oralia Pérez Garduño se destacó como abogada penalista y, según la Revista Valores, comenzó su carrera en la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, donde trabajó como jefa de grupo en la policía de investigación durante dos años. Más tarde, se incorporó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, desempeñándose como Jefa de Unidad Departamental de Investigaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Después de dos años, fue promovida a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cargo que ocupó durante seis meses. Posteriormente, fundó su propio despacho, “PÉREZ SOTO Y ASOCIADOS”, para continuar su labor en el ámbito legal.

La abogada también cursó una Maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. En una entrevista reciente con la Revista Valores, Pérez Garduño destacó la importancia simbólica de que una mujer llegue a la presidencia de México, afirmando que representa un avance significativo para todas las mujeres en el país.

Oralia colaboraba frecuentemente con medios de comunicación, como la mencionada revista, donde subrayó la necesidad de establecer fiscalías especializadas en feminicidios a nivel nacional. En la actualidad, trabajaba en un proyecto que buscaba garantizar el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, afirmando que “en este país es muy difícil que se respeten esos casos”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la reforma para eliminar los órganos autónomos será aprobada antes de que finalice el año. Así lo adelantó durante una entrevista en el recinto legislativo de San Lázaro, donde subrayó que esta reforma es parte de un paquete de 18 iniciativas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero pasado.

Monreal explicó que, hasta ahora, se han aprobado siete de las 18 reformas constitucionales incluidas en este paquete. “La reforma de los órganos autónomos está en análisis, pero forma parte del conjunto de aprobaciones remitidas en agosto a la comisión de puntos constitucionales. Debemos aprobarla antes de diciembre, ya que tenemos hasta ese mes para completar las 18 reformas. Es un proceso pesado, llevamos siete”, detalló.

Además, Monreal fue enfático en advertir que, en lo que respecta a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como al Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, “no habrá retrocesos”.

“Vamos a abordar estos temas en profundidad y no nos detendremos, porque la ciudadanía merece un sistema de justicia sólido, ya que por años se ha favorecido la corrupción y la impunidad”, declaró el diputado.

Monreal Ávila afirmó que quienes se oponen a la reforma buscan “mantener sus privilegios económicos y políticos, y eso no lo permitiremos”. Aseguró que será la ciudadanía quien decida a través de su voto en la elección de jueces, magistrados y ministros.

Como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), insistió en la necesidad de llevar a cabo la Reforma Judicial, señalando que los actuales impartidores de justicia no garantizan que esta sea rápida y efectiva.

Finalmente, recordó que el próximo 16 de octubre se emitirá la convocatoria para el registro de las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros, dando así un paso importante en la reforma del sistema judicial.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo un encuentro con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para avanzar en un acuerdo entre los Poderes de la Unión.

“Quiero ser claro: existe un acuerdo para, incluso en los momentos más complicados, mantener el diálogo. Ese es el acuerdo fundamental y, a partir de ahí, construir todo lo que sea posible. Hay disposición tanto de nuestra parte como del Poder Judicial para buscar puntos en común. Veremos si se logra”, afirmó el legislador de Morena.

En la sesión solemne de esta mañana, realizada con motivo del Bicentenario de la instauración del Senado, Piña fue recibida por Fernández Noroña en la Cámara alta.

Según el presidente del Senado, esta participación fue resultado del diálogo que se está estableciendo entre los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Existe una comunicación constante, encabezada por la secretaria de Gobernación y el compañero Adán Augusto, en representación del Gobierno Federal. Yo, desde el Poder Legislativo, también estoy colaborando. Hay un acuerdo de mantener el diálogo, lo cual considero algo muy positivo y significativo”, expresó Fernández Noroña.

En días previos, se registraron desacuerdos entre el Senado y el Poder Judicial, después de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se negó a proporcionar información necesaria para emitir la convocatoria de elección de jueces.

Fernández Noroña señaló en ese momento que esta postura era un reflejo de la resistencia del Poder Judicial ante la reforma constitucional ya aprobada, acusando a la institución de obstruir el proceso con trámites burocráticos. “Si nada pudo frenar la Reforma al Poder Judicial, tampoco lo logrará la reticencia del Poder Judicial para implementar los cambios”, declaró el senador.

Por su parte, el CJF explicó que su negativa se debe a una suspensión vigente que impide compartir dicha información. Esta postura fue respaldada por un juez federal de Monterrey, quien ratificó la suspensión, ordenando detener la elección judicial y prohibiendo al Consejo entregar al Senado las listas para la convocatoria.

Un tribunal colegiado ratificó la decisión que impide al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo el proceso electoral judicial 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros. También se le ordenó abstenerse de emitir acuerdos relacionados con la organización, desarrollo, vigilancia y fiscalización del mismo.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito declaró improcedentes dos recursos de queja, uno de ellos presentado por el Senado de la República. La semana pasada, Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris para la promoción y defensa de los Derechos Humanos, obtuvo una suspensión provisional emitida por Francisco Javier García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima.

El juez concedió esta medida cautelar al considerar que el proceso legislativo que originó el acto impugnado no se realizó conforme a los procedimientos legales establecidos, vulnerando la garantía de seguridad jurídica. El fallo ordena al Senado no convocar a la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el tribunal dictaminó que el Congreso de la Unión, las legislaturas estatales y el Congreso de la Ciudad de México deben abstenerse de realizar modificaciones a las leyes federales y locales para adaptar la reforma judicial, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Morena está evaluando cambios en su propuesta de reforma judicial para abordar las inquietudes del mercado. Entre las modificaciones planteadas, se incluye un proceso escalonado para la elección de jueces, que se extendería a lo largo de varios años para reducir el riesgo de politización del Poder Judicial. Según fuentes involucradas en las discusiones, se propone que un comité técnico realice la selección de magistrados tras evaluar su idoneidad.

La propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contemplaba la elección de casi 1,600 jueces, incluidos los de la Corte Suprema, mediante voto popular, había generado preocupación entre los inversionistas. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha defendido la necesidad de esta reforma.

Adicionalmente, se prevé la protección de los fideicomisos de los trabajadores judiciales, a pesar de que el Senado había votado anteriormente para eliminar 13 de estos fideicomisos, lo que había provocado tensiones entre el gobierno y el poder judicial. La Suprema Corte, sin embargo, revocó esa decisión.

El peso mexicano cayó un 8% la semana siguiente a las elecciones del 2 de junio, que resultaron en una supermayoría de Morena en la Cámara de Diputados. A pesar de la volatilidad del mercado, López Obrador ha negado que esté relacionada con la reforma judicial.

La reforma también propone reducir el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, argumentando que es necesario para transformar un sistema de justicia que, según él, no sirve al pueblo. Los críticos advierten que la elección de jueces por voto popular podría politizar el sistema en favor de Morena y sus aliados.

En respuesta a estas preocupaciones, las nuevas modificaciones también considerarán una revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026. La elección popular de jueces sin condiciones estrictas podría afectar el funcionamiento de los tribunales laborales en México, creados para resolver rápidamente los conflictos laborales bajo el TMEC. Los legisladores ajustarán la reforma para asegurar que no interfiera con el marco jurídico y comercial del tratado.

Ricardo Monreal, quien liderará a Morena en la Cámara Baja cuando inicie el nuevo Congreso en septiembre, indicó que los legisladores trabajarán en enriquecer la propuesta presidencial mientras mantienen los principios y compromisos fundamentales.