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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.

La mandataria estatal fijó postura luego de que la Fiscalía General del Estado revelara avances sobre una investigación relacionada con la aparición de presuntos agentes estadounidenses en instalaciones oficiales y en el despliegue de seguridad.

En un comunicado, Campos afirmó que su administración continuará enfocada en el combate al crimen y rechazó las acusaciones impulsadas por Morena. “No tenemos nada que esconder”, sostuvo. También informó que instruyó a la Fiscalía para actuar “conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal confirmó que las personas bajo investigación estuvieron en al menos dos ocasiones dentro de instalaciones de la corporación antes del operativo. De acuerdo con la titular de la Unidad Especializada de la FGE, Wendy Chávez Villanueva, las indagatorias permitieron identificar un “patrón de convivencia e interacción” entre esos individuos, el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación y otros funcionarios.

Las autoridades revisaron grabaciones de videovigilancia y detectaron a cuatro personas vestidas de civil, sin insignias oficiales, integrándose al convoy desplegado en la Sierra Tarahumara. La Fiscalía precisó que no existen elementos que acrediten que participaran en tareas de mando, entrenamiento o funciones reservadas a autoridades mexicanas.

Chávez Villanueva detalló además que uno de los presuntos agentes de la CIA fue grabado dentro de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando un arma larga, aunque aclaró que no hay pruebas de que la utilizara o la portara fuera de esas instalaciones durante el operativo.

La funcionaria agregó que las autoridades estatales solicitaron información a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para conocer la identidad, situación migratoria y posibles acreditaciones de las personas involucradas, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Dos de ellas continúan sin ser identificadas plenamente.

El Partido Acción Nacional expresó respaldo a la gobernadora y acusó al gobierno federal de intentar desacreditarla mediante señalamientos políticos. En un comunicado, el partido rechazó la solicitud de desafuero promovida desde Morena y afirmó que no existen investigaciones contra Campos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que aumentó a cinco el número de personas fallecidas tras la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana. La dependencia también ajustó a cuatro los heridos que permanecen bajo atención médica después del estallido registrado la mañana del sábado en la calle Ignacio López Rayón, justo frente a la base del grupo comunitario.

De acuerdo con la fiscalía, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas, cuando un automóvil explotó a escasos metros del inmueble utilizado por la corporación local. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que se haya tratado de un “coche bomba” presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o, en su defecto, que la unidad transportara sustancias químicas o explosivas que habrían detonado accidentalmente.

El reporte preliminar detalla que dos de las víctimas mortales eran hombres que viajaban en el mismo vehículo que estalló, mientras que las otras tres pertenecían a la policía comunitaria. En el sitio se encontró una camioneta severamente dañada por la explosión, así como los restos de dos personas. Inicialmente se indicó que ocho integrantes de la corporación comunitaria habían resultado lesionados.

Los heridos fueron trasladados por vía aérea mediante helicópteros estatales y federales hacia hospitales del complejo de Ciudad Salud, en Morelia. Durante su atención médica, tres de ellos murieron debido a la gravedad de sus lesiones, lo que elevó la cifra final de víctimas mortales.

El gobierno de Michoacán aclaró que no reconoce oficialmente a la policía comunitaria de Coahuayana como una institución de seguridad, argumentando que sus integrantes han rechazado someterse a los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), encargado del registro y evaluación de policías y su armamento en México. La agrupación es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, exmiembro de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 para confrontar al cártel de los “Caballeros Templarios”.

En la región, la Guardia Civil de Michoacán opera en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina, debido a la confrontación que, según la Secretaría de Marina, mantienen las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana contra el CJNG por el control de rutas relacionadas con el tráfico de drogas.

El refuerzo de seguridad en la entidad se intensificó el 10 de noviembre, después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un acto público. Michoacán cuenta con 270 kilómetros de costa distribuidos entre Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, zona donde la Marina realiza patrullajes constantes debido a su uso como ruta marítima para el traslado de cocaína proveniente de Sudamérica.

Autoridades han identificado que habitantes de diversas comunidades costeras participan en el traslado de estos cargamentos, al recolectar paquetes en altamar y transportarlos posteriormente por vía terrestre o aérea hacia distintos puntos del país o hacia la frontera con Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó que más funcionarios están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de la entidad.

El fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, declaró a medios locales que ya existen carpetas abiertas contra diversos servidores públicos, aunque aclaró que por motivos de seguridad no puede revelar sus nombres. En paralelo, informó que este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia de Bermúdez Requena de manera virtual, sin dar detalles debido a la secrecía del proceso.

El exfuncionario enfrenta cargos graves. En caso de ser declarado culpable, las penas que se le imputan superarían los 158 años de prisión. “En el caso de resultar penalmente responsable, es decir que sea sentenciado Hernán ‘N’, la penalidad que alcanzaría sería por lo que hacen al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la finalidad que alcanzaría el caso de resultar sentenciado, sin considerar los delitos federales”, explicó Vázquez Landeros.

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía tabasqueña anunció que solicitará la vinculación a proceso del exsecretario con base en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación. Asimismo, pedirá que se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Hernán Bermúdez Requena estuvo prófugo desde febrero de este año y fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay. Una semana después, el miércoles 17, fue expulsado de ese país y trasladado a México, donde la noche del jueves ingresó al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La FGR lo señala como líder de “La Barredora” y lo acusa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos como contra la salud, tráfico de armas, secuestro y delitos relacionados con hidrocarburos, según lo establecido en el artículo 2 de la legislación correspondiente.

Además, la nueva orden de aprehensión incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”; José del Carmen Castillo Ramírez, alias “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández, quienes también habrían estado vinculados a las operaciones de la organización.

El arribo de Bermúdez Requena a México ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Vestía una sudadera café con capucha y un pantalón negro, la misma ropa que llevaba al momento de su detención. Fue custodiado por cerca de una decena de agentes federales.

Con la cabeza agachada, escuchó cómo un elemento de la Agencia de Investigación Criminal le notificaba el cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El fiscal Vázquez Landeros reiteró que las investigaciones en torno a otros funcionarios continúan abiertas y que la Fiscalía estatal mantiene estrecha coordinación con la FGR para avanzar en el caso.

Después de una década en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue trasladado al penal federal número 18 en Coahuila. Esta reubicación fue ordenada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, y se concretó el 30 de abril de 2025.

La salida de Abarca del Altiplano ocurre luego de años marcados por procesos judiciales, sentencias y múltiples acusaciones. En ese periodo, fue señalado por delitos graves como secuestro y delincuencia organizada, además de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero anunció, el pasado 7 de abril, una sentencia de 20 años de prisión en su contra por su participación en el asesinato del síndico municipal Justino Carbajal Salgado, ocurrido el 8 de marzo de 2013 en pleno centro de Iguala.

En esa investigación, la fiscalía estatal sostuvo que José Luis Abarca ordenó directamente privar de la vida al funcionario municipal. La sentencia fue resultado de una indagatoria calificada como “intensa”, en la que se logró probar la responsabilidad del exedil. Abarca, durante su gestión, acumuló múltiples acusaciones que lo mantuvieron durante años en uno de los penales de mayor seguridad en el país.

El cambio de centro penitenciario se realizó tras una solicitud presentada por el propio Abarca mediante un juicio de amparo. En su recurso, el exalcalde reclamó que no se le estaba proporcionando la atención médica especializada que requiere debido a su estado de salud. Las autoridades consideraron el argumento y autorizaron su traslado al Centro Federal de Reinserción Social Número Dieciocho, donde actualmente permanece bajo custodia.

Aunque en mayo de 2023 fue absuelto por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas, de los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, José Luis Abarca no quedó en libertad. Otra sentencia lo condena a 92 años de prisión por el delito de secuestro, lo que lo mantiene firme dentro del sistema penitenciario federal.

La trayectoria judicial de Abarca se mantiene como una de las más controversiales del país. Su caso sigue vinculado a uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de México y su figura continúa siendo referencia obligada en el análisis de la corrupción, la impunidad y la violencia política. El cambio de penal marca un nuevo episodio en una historia aún lejos de cerrarse.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que pueda responder ante un juez penal por el delito de violación en grado de tentativa. 

En un comunicado oficial, la fiscalía indicó que esta petición ante el Congreso de la Unión es un requisito constitucional necesario para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público. La solicitud se formalizó este jueves y marca un nuevo capítulo en la investigación contra el actual diputado federal.

Cuauhtémoc Blanco, quien dejó la gubernatura de Morelos en agosto de 2024, asumió su cargo como diputado federal por Morena el 1 de septiembre del mismo año. Su fuero parlamentario impide que se le procese judicialmente sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

El caso se originó en diciembre de 2023, cuando Fabiola “N” denunció haber sido agredida por Blanco. Según la fiscalía, la víctima ha aportado nuevas pruebas en los últimos meses, lo que ha impulsado la investigación y la necesidad de retirar el fuero al exfutbolista para que enfrente la justicia.

Además, la fiscalía informó que se está integrando una carpeta de investigación por el delito de amenazas en agravio de la denunciante. En este contexto, se ha mencionado la presunta participación del dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo, quien habría intimidado a la víctima tras su denuncia contra Blanco.

Otro hecho relevante es la denuncia interpuesta en octubre de 2024 por la mediahermana del exfutbolista, cuyo caso está registrado bajo la carpeta de investigación con folio SC01/9583/2024 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Según los informes, la agresión denunciada habría ocurrido en la residencia oficial del gobierno estatal, ubicada en la colonia Reforma de Cuernavaca.

Este proceso judicial podría marcar un precedente en la política mexicana, ya que determinará si un servidor público con fuero puede ser juzgado sin impedimentos legales. Por el momento, se espera la respuesta de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero para que Cuauhtémoc Blanco pueda comparecer ante la justicia y esclarecer los hechos de los que se le acusa.

Una lamentable tragedia sacudió el estado de Puebla la noche del pasado lunes 3 de febrero, cuando un intento de asalto terminó con la vida de un bebé de nueve meses y dejó herida a su madre. El violento suceso ocurrió en la carretera que conecta con Zacatlán de las Manzanas, a la altura de Ahuazotepec. 

La familia viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por sujetos armados a bordo de una camioneta. Al percatarse del peligro, el padre, quien conducía el automóvil, intentó escapar acelerando, pero los delincuentes reaccionaron abriendo fuego contra el auto. Una de las balas impactó en la cabeza del bebé, provocando una situación desesperante para los padres.

Tras el ataque, los padres llevaron de emergencia al menor al Hospital General de Zacatlán, donde lamentablemente los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La madre del bebé también resultó herida durante el tiroteo.

Las autoridades locales fueron notificadas del crimen y de inmediato se desplegaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y peritos para recabar pruebas, tomar declaraciones y asegurar el vehículo como parte de la investigación.

Este suceso ha generado gran conmoción, especialmente porque, según testigos y medios locales, la zona donde ocurrió el ataque ha sido escenario de varios intentos de robo cometidos por los mismos delincuentes. La violencia con la que actuaron los agresores evidencia el nivel de inseguridad en la región.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, condenó enérgicamente el crimen y aseguró que no habrá impunidad. A través de redes sociales, expresó su solidaridad con la familia afectada y reiteró su compromiso con la justicia. “Como padre de familia, expreso mi solidaridad. Como gobernador, garantizo que NO habrá impunidad. Este homicidio tendrá consecuencias legales”, publicó.

Además, Armenta informó que ha instruido a la Secretaría de Seguridad de Puebla para colaborar con la Fiscalía en las investigaciones y coordinar la búsqueda de los responsables en conjunto con otras instancias de seguridad.

Este crimen ha reavivado el debate sobre la seguridad en las carreteras del estado y la urgencia de reforzar las estrategias para combatir la delincuencia. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y mayor protección para evitar que hechos tan trágicos se repitan en el futuro.