El asesinato del periodista Alejandro Gallegos León, ocurrido en Tabasco, ha generado una fuerte condena tanto en el ámbito nacional como internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su rechazo al crimen y exigió una investigación que contemple la labor periodística de Gallegos como una posible línea de investigación.
Gallegos León, quien fue visto por última vez el pasado viernes, fue localizado sin vida al día siguiente en el municipio de Cárdenas. Reconocido como fundador de La Voz del Pueblo y columnista en Tabasco Hoy, también se desempeñaba como docente y se especializaba en temas educativos y políticos. Su trabajo incluía la administración de la página de denuncia ciudadana La Voz del Pueblo, Noticias Sin Censura.
“Condenamos la desaparición y el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León. Hacemos un llamado a las autoridades a realizar una investigación efectiva que considere su labor periodística como línea de investigación”, señaló la ONU-DH en un comunicado difundido en redes sociales. Además, la organización manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos del comunicador en este difícil momento.
La organización Artículo 19 también se pronunció sobre el caso, exigiendo justicia y solicitando la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco (FGJE) confirmó que el periodista había sido reportado como desaparecido el viernes, alrededor de las 2:25 p. m., tras perder contacto con su familia.
El asesinato de Gallegos León suma un nuevo golpe a la libertad de prensa en México, un país considerado peligroso para el ejercicio del periodismo. Desde el año 2000, se han registrado más de 169 asesinatos de periodistas, incluyendo dos durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024.
Este caso subraya la urgente necesidad de proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de su labor. La investigación en torno a la muerte de Gallegos no solo debe esclarecer los hechos, sino también enviar un mensaje claro de que los ataques contra la libertad de expresión no quedarán impunes.
