La protesta que activistas sacudieron Ciudad Judicial: Voces trans contra la impunidad

Una protesta en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, liderada por activistas trans, dejó un mensaje contundente sobre la violencia y discriminación que enfrenta su comunidad. La manifestación, encabezada por Natalia Lane, incluyó actos de vandalismo en las instalaciones del Poder Judicial, con destrozos en pantallas, puertas de vidrio y arcos detectores de metales.

La acción se enmarca en un contexto de creciente frustración por la falta de justicia en casos de transfeminicidios y otros crímenes de odio. Videos difundidos en redes sociales muestran a las manifestantes armadas con martillos y exigiendo respuestas por los altos índices de impunidad que persisten en los crímenes contra personas trans en México.

La protesta provocó un operativo de seguridad en la Colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se desplegaron elementos policiales para evitar mayores daños y se cerraron calles cercanas. Las afectaciones viales reflejan la intensidad de un conflicto que pone en el centro la exigencia de justicia por parte de un sector históricamente vulnerado.

La lucha de Natalia Lane, conocida por su activismo, no es nueva. Apenas el 14 de enero, durante un evento público, increpó a Bertha Alcalde, fiscal capitalina, cuestionando las políticas de la Fiscalía en torno a transfeminicidios. Lane denunció la falta de medidas efectivas y la omisión en casos graves que afectan a su comunidad.

Su propia experiencia es un símbolo de esta problemática. En 2022, Natalia fue víctima de un intento de feminicidio, caso que se llevó a juicio como un feminicidio en grado de tentativa, un avance significativo en términos de reconocimiento legal. Sin embargo, la activista sigue enfrentando la posibilidad de que su agresor obtenga libertad, lo que la motivó a solicitar el amparo de la justicia federal, aunque esta resolvió que no procede modificar la medida cautelar de prisión preventiva. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en respuesta, reiterando su compromiso con el caso de Lane y destacando el precedente que representó judicialmente. Sin embargo, estas palabras contrastan con la percepción de la comunidad trans sobre la falta de avances reales en otros casos similares.

El contexto es alarmante. La comunidad trans en México enfrenta tasas desproporcionadas de violencia, con crímenes que rara vez encuentran justicia. Las protestas, aunque controversiales, reflejan el nivel de desesperación y la urgencia de un cambio.

Operativo en Chiapas: Caen policías por presunta desaparición forzada de personas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha dado un golpe contundente contra la impunidad con la detención de 11 elementos policiales, señalados por su presunta participación en desapariciones forzadas que han estremecido a la entidad. Nueve de los detenidos son policías municipales y dos agentes de investigación.

 

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que las aprehensiones son el resultado de meses de indagatorias intensas. Tres carpetas de investigación, llenas de pruebas y testimonios, han sido clave para desenmascarar a quienes traicionaron su deber de proteger a la ciudadanía.

 

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en marzo de 2023, cuando Christian y José Luis desaparecieron tras ser vistos por última vez en el Centro de Reclusión por Faltas Administrativas de Tuxtla Gutiérrez. La fiscalía demostró que los detenidos, entre ellos un alcalde y varios jueces, mintieron al negar su presencia en el lugar.

 

En marzo de 2024, otro caso sacudió Palenque: Félix “N”, un policía de investigación, desapareció sin dejar rastro. Esta semana, Rodrigo “N”, excomandante regional de la zona selva, fue capturado como parte de las investigaciones.

 

El tercer caso tiene un desenlace menos sombrío, pero igual de perturbador. Miguel “N” fue localizado con vida tras 10 días en los separos de la policía de investigación en Tonalá, donde sufrió torturas y abusos. Efraín “N”, uno de los responsables, ya enfrenta la justicia.

 

El gobernador Eduardo Ramírez, a través de redes sociales, expresó que estas acciones forman parte de un compromiso firme con la justicia y la verdad. Mientras tanto, el fiscal aseguró que hay más órdenes de aprehensión en curso, ejecutadas bajo una estricta estrategia de sigilo.

 

Este operativo, aunque solo un paso inicial, representa una señal clara de que Chiapas está dispuesto a enfrentar a quienes abusan de su poder. La indignación social se mezcla con una tenue esperanza de que estos casos marquen el inicio de un cambio profundo en las instituciones que deben garantizar la seguridad y los derechos de todos.