Puertas cerradas en Segob desatan reclamo nacional de campesinos tras mesa de diálogo cancelada

La llegada de más de 60 productores provenientes de distintas regiones del país terminó frente a puertas cerradas. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron este viernes a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación para participar en una mesa de diálogo previamente acordada, pero al arribar, afirmaron que les informaron que el encuentro había sido cancelado sin previo aviso.

La inconformidad quedó registrada en una transmisión en vivo realizada por representantes del movimiento, quienes señalaron que acudieron con disposición para dialogar, pero encontraron el recinto cerrado. Una de las voceras afirmó que llegaron junto con sus compañeros “con el mejor ánimo de entablar una conversación” y sostuvo que el diálogo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura mantener “no existe”.

Las críticas no se limitaron al episodio de este viernes. Uno de los integrantes del frente aseguró que la cancelación forma parte de una dinámica que, según dijo, también ha afectado a otros sectores. “Esto no nos ha pasado nada más a nosotros, les pasó a los maestros, a los alumnos, a las madres buscadoras esto es una política fallida del gobierno”, expresó.

De acuerdo con publicaciones difundidas por el propio movimiento, también señalaron que, por instrucciones del subsecretario de gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, los funcionarios que participarían en la reunión condicionaron que únicamente escucharían a un grupo específico de campesinos, y no a todos los representantes incluidos en la lista presentada previamente.

Las imágenes compartidas por los productores mostraron a los manifestantes frente a las puertas cerradas del edificio, mientras elementos policiales con cascos y escudos antidisturbios resguardaban el acceso. Según los campesinos, el encuentro había sido programado luego de las movilizaciones del lunes pasado, cuando realizaron cierres carreteros en distintos puntos del país.

Durante su presencia frente a las instalaciones, uno de los representantes señaló ante medios de comunicación que los participantes provenían de 22 estados, entre ellos Tamaulipas, Tlaxcala, Reynosa, Hidalgo, Baja California, Morelos y Guanajuato.

El FNRCM también anunció que volverán a acudir a las instalaciones de Gobernación el 11 de junio, fecha en la que, aseguraron, realizarán nuevamente su movilización y reiteraron que “no habrá fuerza policiaca, ni ninguna fuerza supuestamente de ellos que vaya a detener nuestra movilización”.

Asimismo, los productores acusaron que la cancelación del encuentro representa un retroceso en los avances previos y denunciaron que la conducta de la dependencia

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en ocasiones anteriores que el diálogo con los distintos sectores permanece abierto, postura desde la cual ha criticado los cierres carreteros realizados previamente por los campesinos.

La protesta que activistas sacudieron Ciudad Judicial: Voces trans contra la impunidad

Una protesta en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México, liderada por activistas trans, dejó un mensaje contundente sobre la violencia y discriminación que enfrenta su comunidad. La manifestación, encabezada por Natalia Lane, incluyó actos de vandalismo en las instalaciones del Poder Judicial, con destrozos en pantallas, puertas de vidrio y arcos detectores de metales.

La acción se enmarca en un contexto de creciente frustración por la falta de justicia en casos de transfeminicidios y otros crímenes de odio. Videos difundidos en redes sociales muestran a las manifestantes armadas con martillos y exigiendo respuestas por los altos índices de impunidad que persisten en los crímenes contra personas trans en México.

La protesta provocó un operativo de seguridad en la Colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se desplegaron elementos policiales para evitar mayores daños y se cerraron calles cercanas. Las afectaciones viales reflejan la intensidad de un conflicto que pone en el centro la exigencia de justicia por parte de un sector históricamente vulnerado.

La lucha de Natalia Lane, conocida por su activismo, no es nueva. Apenas el 14 de enero, durante un evento público, increpó a Bertha Alcalde, fiscal capitalina, cuestionando las políticas de la Fiscalía en torno a transfeminicidios. Lane denunció la falta de medidas efectivas y la omisión en casos graves que afectan a su comunidad.

Su propia experiencia es un símbolo de esta problemática. En 2022, Natalia fue víctima de un intento de feminicidio, caso que se llevó a juicio como un feminicidio en grado de tentativa, un avance significativo en términos de reconocimiento legal. Sin embargo, la activista sigue enfrentando la posibilidad de que su agresor obtenga libertad, lo que la motivó a solicitar el amparo de la justicia federal, aunque esta resolvió que no procede modificar la medida cautelar de prisión preventiva. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en respuesta, reiterando su compromiso con el caso de Lane y destacando el precedente que representó judicialmente. Sin embargo, estas palabras contrastan con la percepción de la comunidad trans sobre la falta de avances reales en otros casos similares.

El contexto es alarmante. La comunidad trans en México enfrenta tasas desproporcionadas de violencia, con crímenes que rara vez encuentran justicia. Las protestas, aunque controversiales, reflejan el nivel de desesperación y la urgencia de un cambio.

Operativo en Chiapas: Caen policías por presunta desaparición forzada de personas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha dado un golpe contundente contra la impunidad con la detención de 11 elementos policiales, señalados por su presunta participación en desapariciones forzadas que han estremecido a la entidad. Nueve de los detenidos son policías municipales y dos agentes de investigación.

 

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que las aprehensiones son el resultado de meses de indagatorias intensas. Tres carpetas de investigación, llenas de pruebas y testimonios, han sido clave para desenmascarar a quienes traicionaron su deber de proteger a la ciudadanía.

 

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en marzo de 2023, cuando Christian y José Luis desaparecieron tras ser vistos por última vez en el Centro de Reclusión por Faltas Administrativas de Tuxtla Gutiérrez. La fiscalía demostró que los detenidos, entre ellos un alcalde y varios jueces, mintieron al negar su presencia en el lugar.

 

En marzo de 2024, otro caso sacudió Palenque: Félix “N”, un policía de investigación, desapareció sin dejar rastro. Esta semana, Rodrigo “N”, excomandante regional de la zona selva, fue capturado como parte de las investigaciones.

 

El tercer caso tiene un desenlace menos sombrío, pero igual de perturbador. Miguel “N” fue localizado con vida tras 10 días en los separos de la policía de investigación en Tonalá, donde sufrió torturas y abusos. Efraín “N”, uno de los responsables, ya enfrenta la justicia.

 

El gobernador Eduardo Ramírez, a través de redes sociales, expresó que estas acciones forman parte de un compromiso firme con la justicia y la verdad. Mientras tanto, el fiscal aseguró que hay más órdenes de aprehensión en curso, ejecutadas bajo una estricta estrategia de sigilo.

 

Este operativo, aunque solo un paso inicial, representa una señal clara de que Chiapas está dispuesto a enfrentar a quienes abusan de su poder. La indignación social se mezcla con una tenue esperanza de que estos casos marquen el inicio de un cambio profundo en las instituciones que deben garantizar la seguridad y los derechos de todos.