Una de las principales redes delictivas dedicada al robo y distribución ilegal de combustible en el centro del país fue desmantelada por fuerzas federales tras seis meses de investigaciones. La operación, ejecutada en 11 municipios y cuatro entidades simultáneamente, dejó como resultado la detención de 32 personas, entre ellas sus presuntos líderes, así como el aseguramiento de infraestructura, armamento, vehículos de lujo, dinero en efectivo y especies exóticas.

Ciro Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, fue detenido en el Estado de México como presunto líder de esta estructura criminal, junto con su operador logístico y financiero Diego “N”. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada. Luis Miguel Ortega Maldonado, conocido como El Flaco de Oro, fue capturado en la Ciudad de México y es señalado como el encargado de coordinar el traslado de hidrocarburo en carreteras clave del centro del país.

Durante las acciones se identificaron dos tomas clandestinas que provocaban pérdidas anuales de hasta mil 200 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). También se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión y se catearon 12 inmuebles que funcionaban como centros operativos de la red delictiva.

Los objetos decomisados incluyen:

• 21 tractocamiones
• 14 semirremolques
• 14 contenedores tipo tanque
• Ocho pipas
• 48 vehículos, algunos blindados
• 36 armas de fuego
• Casi 16 millones de pesos en efectivo
• Una bodega de almacenamiento
• Un autobús, motocicletas y equipo de videograbación

Además, fueron rescatados varios animales exóticos, entre ellos cachorros de jaguar y león, monos araña y aves silvestres. Estos ejemplares fueron puestos bajo resguardo de la Profepa.

Las investigaciones identifican como responsables a Ciro Sergio y Luis Miguel “N”, con influencia en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Su estructura incluía bodegas, gasolineras, unidades de transporte y presuntos vínculos con autoridades municipales y estatales. La Fiscalía General de la República solicitó 12 órdenes de cateo tras ampliar los indicios recabados.

En municipios mexiquenses como Ixtlahuaca, Polotitlán, Huehuetoca, Nopaltepec, Ecatepec y Jilotepec, se detuvieron a varios operadores financieros, como Aurelio “N” e Israel Molina Núñez, El Mil Millones, señalado por falsificar documentos para justificar el origen del combustible.

En Querétaro se detuvo a Heréndira “N”, operadora financiera, y en Saltillo, Coahuila, se localizaron casi dos millones de litros de hidrocarburo en un predio usado para resguardar vehículos y contenedores. Allí fueron detenidas 11 personas adicionales, junto con el decomiso de bombas, ferrotanques, pipas y tractocamiones.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se solicitará la extinción de dominio sobre los bienes asegurados. Las personas detenidas ya fueron imputadas y solicitaron duplicidad del término constitucional. Las investigaciones continúan para identificar la posible participación de autoridades en distintos niveles de gobierno.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.

Este fin de semana, la tranquilidad del municipio de Teuchitlán, Jalisco, se quebró con la sorpresiva detención de su alcalde, José Murguía Santiago. La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmaron fuentes federales a un medio de comunicación.

La detención se relaciona directamente con las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro clave en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar del hermetismo de las autoridades sobre los detalles precisos, los primeros informes apuntan a que Murguía Santiago estaría implicado en actividades delictivas vinculadas a ese lugar.

El rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio que encabezaba el ahora detenido alcalde, fue identificado por la FGR como un sitio de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, declaró recientemente que “ya está totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación” del grupo criminal.

Murguía Santiago, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue trasladado a la Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Su nombre ahora se suma a una investigación de alto perfil que mantiene en alerta a diversas instituciones de seguridad del país.

El rancho saltó a la atención pública el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de lo que consideraron un “campo de exterminio”. Entre los restos localizados, se encontraron al menos 400 pares de zapatos. Aunque la FGR ha descartado que en el lugar funcionara un crematorio, las pruebas genéticas en curso buscarán determinar si las pertenencias encontradas están relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.

Las labores del colectivo Guerreros Buscadores han sido fundamentales para permitir que las investigaciones sigan avanzando. Apenas este viernes, recibieron autorización para ingresar nuevamente a la zona en compañía de peritos y personal de la Fiscalía.

La situación actual mantiene encendidas las alarmas sobre la posible existencia de más “narcorranchos” en el estado y sus alrededores. La FGR, por su parte, ha trazado una línea de investigación paralela que buscará esclarecer si el caso del rancho Izaguirre es apenas una pieza más en una red mucho más amplia.

El caso de Murguía Santiago marca un giro delicado en la política local de Jalisco y abre un capítulo más en la lucha por desmantelar estructuras criminales infiltradas en el poder público.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

La investigación sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha tomado un giro importante con el primer informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR). Alejandro Gertz Manero, titular de la institución, expuso las primeras hipótesis y reveló la falta de un dictamen definitivo sobre los restos humanos encontrados en el lugar. 

Seis meses después del hallazgo, los servicios periciales de Jalisco aún no han determinado la antigüedad ni la identidad de los restos, lo que ha generado preocupación en la FGR. Gertz Manero señaló omisiones graves por parte de la Fiscalía de Jalisco y destacó que no existen pruebas periciales concluyentes sobre la posibilidad de que se hayan realizado actividades crematorias en el sitio.

Las investigaciones apuntan a que el rancho Izaguirre pudo haber sido un campo de adiestramiento operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde además de entrenar a sus reclutas, se habrían cometido asesinatos. Las declaraciones de víctimas secuestradas en el lugar han sido clave para establecer las primeras líneas de investigación. En uno de los testimonios, se indicó que elementos de la Policía de Tala, bajo la dirección de su jefe, participaron en las operaciones delictivas; uno de ellos ya se encuentra detenido.

Entre los objetos recuperados en el rancho se hallaron identificaciones de presuntos sicarios que ya han sido detenidos en otras entidades del país. Además, se localizaron prendas de vestir, que según los testimonios pertenecían a personas reclutadas y entrenadas en el sitio, quienes dejaban su ropa para uniformarse de acuerdo con las características tácticas del grupo criminal.

Pese a la gravedad de los hechos, el rancho Izaguirre quedó en estado de abandono luego de las primeras diligencias ministeriales realizadas por las autoridades locales, a pesar de haber sido asegurado por el Ministerio Público.

Las investigaciones continúan en curso y la FGR sigue recopilando pruebas para esclarecer el caso. La atracción de la investigación por parte de la fiscalía federal responde a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y evitar encubrimientos o irregularidades en el manejo de la información.

Facundo Santillán Julián ha sido nombrado como el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Este cargo era anteriormente ocupado por José Agustín Ortiz Pinchetti. El nombramiento fue notificado al Senado, que solo tomará conocimiento del aviso sin necesidad de aprobación.

Con una trayectoria sólida en la administración pública, docencia y el sector privado, Santillán Julián cuenta con experiencia en diversas áreas de seguridad y justicia. Antes de asumir este nuevo reto, dirigió la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de ocupar la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la misma institución en 2022.

Su trayectoria incluye el desempeño como asesor en la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México y como coordinador general de estrategias en esa misma institución en 2021. También ha trabajado en el ámbito estatal como subdirector de amparos en una secretaría de seguridad pública.

El anuncio de su designación se realiza en el contexto de la primera sesión ordinaria del Senado de la República, presidida por Gerardo Fernández Noroña. En esta jornada, además del nombramiento, se abordarán otros temas clave, incluyendo reformas y nuevos proyectos legislativos.

Las comisiones del Senado también iniciarán reuniones para trabajar en las iniciativas prioritarias de la Cámara Alta en los próximos días. Con este nombramiento, la FISEL continuará con su labor de garantizar el cumplimiento de la ley en procesos electorales, contribuyendo a la transparencia y legalidad en los comicios del país.