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Alertan que reforma a derechos de autor podría afectar libertad de expresión y frenar inversión cultural

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La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

Libertad de expresión bajo la lupa: Sheinbaum exige a Veracruz aclarar detención del periodista

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

Voces clave se preparan para transformar la ley de telecomunicaciones en México

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El Senado de la República se prepara para una serie de conversatorios que marcarán pauta en la evolución de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Movimiento Ciudadano (MC) lanzó una propuesta con 21 nombres de peso, entre los que destacan perfiles como Denisse Dresser, Mony de Swaan y representantes de organizaciones como Artículo 19.

La propuesta fue enviada por la bancada naranja al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López. Con precisión y visión, se eligieron especialistas que aportarán experiencia, diversidad de perspectivas y un enfoque técnico fundamental para este debate legislativo.

Cada conversatorio contará con una temática central y expertos cuidadosamente seleccionados. El 3 de mayo abre la agenda con el tema “Cobertura social y acceso al espectro radioeléctrico”. Entre los invitados propuestos para esta fecha está Salma Jalife Villalón, una figura destacada por su paso por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes y por haber sido comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Su experiencia en el diseño de estrategias digitales públicas resulta clave para abordar los retos de conectividad y cobertura nacional.

El 8 de mayo, bajo el título “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, se prevé la participación de Mony de Swaan, expresidente de la extinta Cofetel, así como del escritor y académico Jorge Volpi. Ambos perfiles brindarán profundidad desde distintas trincheras: la regulación institucional y la visión crítica de la cultura mediática.

Para el 15 de mayo, el foco girará en torno a los “Servicios digitales”. MC propuso a Gabriela Warkentin, periodista y fundadora de Ibero 90.9; a Xavier Careaga, experto en tecnología con estudios en Harvard; y a Carolina Leconte Mejía, actual vicepresidenta de Contenidos para Netflix México. Las propuestas apuntan a examinar el presente y futuro de las plataformas digitales en un contexto regulatorio nacional.

Finalmente, el 22 de mayo se abordará el crucial tema de los “Derechos de los usuarios y audiencias”. En esta fecha se contempla la presencia de Denisse Dresser, politóloga, profesora del ITAM y voz crítica del acontecer nacional, así como de Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión.

Movimiento Ciudadano sostiene que este grupo de especialistas tiene el perfil ideal para aportar argumentos sólidos, técnicos y democráticos en un momento clave para la legislación en telecomunicaciones. Su objetivo: asegurar una ley moderna, plural, que garantice derechos, combata la concentración de poder y promueva la libertad en todos los canales de comunicación del país.

Indignación por el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, considerado protector de las comunidades indígenas

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El pasado 17 de enero, la lucha por la defensa de la tierra en Oaxaca sufrió un golpe devastador. Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista y reconocido activista contra el proyecto del Tren Interoceánico, fue hallado sin vida en un rancho entre Santa Ana y la cabecera municipal de San Juan Guichicovi. Su cuerpo, con evidentes impactos de arma de fuego, confirmó el desenlace trágico tras haber sido reportado como desaparecido.

Romero, quien dedicó su vida a la protección de los derechos de las comunidades indígenas y al cuidado de sus tierras, era miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). Su incansable lucha contra el Tren Interoceánico lo convirtió en un símbolo de resistencia para quienes temen que este megaproyecto afecte sus territorios y modos de vida.

La organización Artículo 19, a través de redes sociales, condenó el asesinato de Romero y exigió que se haga justicia. También solicitó que las autoridades brinden protección inmediata a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, quienes enfrentan crecientes riesgos por su labor.

De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) calificó el crimen como una afrenta a los derechos humanos y demandó que la investigación contemple el contexto de su activismo. “Es indispensable que este suceso sea investigado desde la perspectiva de los derechos humanos y que se contemple su labor como persona defensora”, señaló la comisión, que también envió sus condolencias a la familia y a las organizaciones a las que Romero pertenecía.

El Tren Interoceánico, un proyecto que busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, ha generado divisiones entre quienes ven en él una oportunidad de desarrollo económico y quienes temen la pérdida de tradiciones, tierras y recursos naturales. La resistencia de Romero y otros defensores ha sido clave para visibilizar las preocupaciones de las comunidades indígenas.

El asesinato de Arnoldo Nicolás Romero es un recordatorio del peligro que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en México. La exigencia de justicia no solo honra su memoria, sino que también es un llamado a proteger a quienes continúan luchando por un futuro más justo y sostenible.

Artículo 19 honra periodistas en México, víctimas de la impunidad y la violencia

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México continúa siendo un país peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19, organización defensora de los derechos de la prensa, rindió homenaje a los 48 periodistas mexicanos asesinados en los últimos seis años, un homenaje sombrío que denuncia “la forma más extrema de censura”. A través de una ofrenda, la organización visibiliza el nivel alarmante de violencia contra comunicadores, quienes, en palabras de Artículo 19, han sido silenciados “en un entorno de impunidad y complicidad”.

 

Este fenómeno se ha repetido en las últimas tres administraciones federales. Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se contabilizaron 48 periodistas asesinados, mientras que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la cifra llegó a 47 en cada periodo. Aunque Claudia Sheinbaum lleva poco más de un mes como presidenta, ya se reportó el primer caso: el periodista Mauricio Cruz Solís, quien fue asesinado a balazos tras realizar coberturas en el centro de Uruapan, Michoacán.

 

La impunidad rodea estos crímenes. Para Artículo 19, es evidente que “las redes de complicidad entre autoridades y grupos delincuenciales” hacen posible la perpetuación de la violencia contra la prensa, creando zonas de silencio y miedo en diferentes regiones del país. La organización exige el fin de esta impunidad y hace un llamado a las nuevas autoridades: “Es imperativo romper el pacto de silencio que existe en torno a la violencia hacia periodistas y la persecución a quienes defienden los derechos humanos”.

 

La situación, sin embargo, trasciende México. La Unesco ha destacado que el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel mundial queda sin castigo. En su reciente informe, divulgado en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, subrayó la gravedad de esta problemática. “En 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por cumplir con su deber de informar. En la gran mayoría de los casos, nadie rendirá cuentas por su muerte”, lamentó Azoulay. En ese bienio, 162 periodistas fueron asesinados, de los cuales 14 eran mujeres, la cifra más alta registrada desde 2017.

 

Para Artículo 19, la falta de una respuesta contundente por parte del Estado alimenta las amenazas y los asesinatos de periodistas. A la fecha, el riesgo de sufrir represalias sigue siendo una realidad para quienes trabajan en este sector, y la amenaza es aún mayor en zonas donde el crimen organizado tiene presencia significativa.

 

A medida que México inicia un nuevo gobierno, la expectativa de la sociedad y de los organismos internacionales es clara: que se ponga fin a la impunidad y se proteja a quienes se dedican a la labor periodística. Artículo 19 ha dejado claro que esta responsabilidad no debe seguir siendo ignorada, recordando que “negar la existencia de esta violencia es también una forma de complicidad”.

 

En un país donde informar se ha vuelto un acto de valentía, la memoria de los periodistas caídos permanece como un recordatorio incómodo, una herida abierta en la sociedad. “Romper el silencio”, señala Artículo 19, “es la única manera de honrar su legado y de asegurar que su lucha no fue en vano”.

Crisis de Violencia y Alta Impunidad Marcan el Inicio del Gobierno de Sheinbaum en México

Publicada el por Fernando Guzman

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo inició con dos asesinatos de periodistas, sumando a la larga lista de agresiones contra la prensa en México, donde la violencia y la impunidad se mantienen alarmantemente altas. En vísperas del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, se registraron los homicidios de Mauricio Cruz Solís, director del medio digital Minuto x Minuto, en Uruapan, Michoacán, y de Patricia Ramírez, periodista de espectáculos en Colima, conocida como Paty Bunbury. Hasta el 1 de noviembre, las autoridades aún no habían identificado a los responsables de estos crímenes, lo que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales que luchan por la protección de la libertad de expresión.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19 destacan que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, RSF ha documentado 156 asesinatos de periodistas, mientras que Artículo 19 ha registrado 168, reflejando una impunidad de hasta el 98% en estos casos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, RSF contabilizó 37 asesinatos de periodistas, mientras que Artículo 19 reporta 47, cifras que contrastan con las de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que solo reconoce 38 homicidios directamente vinculados a la labor periodística.

La FEADLE, creada en 2010, ha llevado a cabo más de mil 700 investigaciones por agresiones a periodistas, siendo las amenazas, el abuso de autoridad y las lesiones los delitos más frecuentes. Hasta septiembre de 2024, la fiscalía ha obtenido 41 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad de expresión, de las cuales solo ocho corresponden a homicidios.

En entrevista con Proceso, Artur Romeu, director de RSF en América Latina, calificó la situación en México como “catastrófica”, señalando que la violencia contra periodistas se ha vuelto estructural y persistente, sin relación directa con cambios de gobierno. Romeu explicó que esta violencia también incluye secuestros y amenazas, en muchos casos con la complicidad de autoridades locales y el crimen organizado.

Romeu destacó que, durante su estancia en México, tuvo reuniones con funcionarios de derechos humanos y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar esfuerzos para combatir la impunidad en los crímenes contra la prensa, un compromiso asumido por Sheinbaum en su campaña. Pese a esto, lamentó que no haya habido un pronunciamiento por parte de Sheinbaum tras los recientes asesinatos de Cruz Solís y Paty Bunbury, y advirtió sobre la importancia de erradicar los discursos hostiles contra la prensa desde el gobierno.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, subrayó que el principal aliciente de la violencia es la impunidad, que refleja en muchos casos la complicidad entre las autoridades y los perpetradores de estos delitos. Maldonado también apuntó que solo el 40% de los asesinatos de periodistas durante el sexenio de López Obrador fueron atraídos por la FEADLE, mientras que el resto quedaron sin justicia efectiva.

Aunque Artículo 19 reconoce una disminución en los ataques retóricos contra la prensa desde la presidencia en este nuevo gobierno, Maldonado advierte que aún falta establecer una ruta clara de protección y justicia para el gremio periodístico.

Mario Marín Podrá Enfrentar su Proceso en Libertad

Publicada el por Fernando Guzman

Este sábado, la periodista Lydia Cacho, junto a la organización Artículo 19, anunció que, tras la audiencia dirigida por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, Mario Marín, exgobernador de Puebla, podrá continuar su proceso en libertad. Marín está acusado de tortura y de proteger redes de trata infantil.

Artículo 19, parte del equipo legal de Cacho presente en la audiencia, reporta que, según el criterio de la jueza, Marín no requiere prisión preventiva en este momento. La jueza federal ha modificado la medida cautelar anterior, permitiendo que el exgobernador permanezca en libertad mientras se lleva a cabo el proceso.

Esta decisión se suma a la reciente liberación de Adolfo Karam, procesado por tortura contra Cacho, anunciada el 7 de agosto. Cacho ha expresado en su cuenta de X que su equipo legal está pidiendo que Marín use un brazalete electrónico, y otras medidas cautelares como firma periódica o arraigo domiciliario mientras enfrenta su juicio.

Cacho ha criticado la decisión de la jueza en X, acusándola de socavar años de trabajo para proteger a los torturadores y violar sus derechos. También ha señalado la conexión de Marín con redes de trata infantil y ha criticado al Poder Judicial en México.

El 7 de agosto, Artículo 19 reveló la liberación de Hugo Karam del centro penitenciario en Cancún, como resultado del cambio en las medidas cautelares dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo. Esta decisión obedeció a una sentencia de amparo que revocó la prisión preventiva impuesta a Karam por la falta de pruebas suficientes.

Cacho fue detenida ilegalmente en diciembre de 2005 tras publicar su libro “Los demonios del Edén”, que expone una red de pornografía infantil y lavado de dinero involucrando a empresarios y exfuncionarios. Marín, entonces gobernador de Puebla, había intervenido para trasladar a Cacho desde Cancún y acusarla de daños morales mientras era torturada. La filtración de una grabación reveló la complicidad entre Marín y el empresario textilero Kamel Nacif.

En febrero de 2023, la Fiscalía General de la República había ratificado la prisión preventiva contra Marín, citando el riesgo que representa para la víctima y testigos, y el riesgo de fuga.

Crecen 92% las Impugnaciones a Respuestas de la Administración Pública en el Gobierno de AMLO

Publicada el por Fernando Guzman

Un reporte de Artículo 19, presentado este martes, revela un incremento del 92% en las impugnaciones a las respuestas de la Administración Pública Federal (APF) bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia indica un retroceso en el acceso a la información.

Durante el periodo de Peña Nieto (2012-2018), se registraron 42,631 impugnaciones, mientras que en el gobierno de López Obrador la cifra alcanzó 82,147, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) citados en el informe “Derechos pendientes”.

Artículo 19 considera que este aumento es un claro ejemplo de los “francos retrocesos” en acceso a la información durante el actual sexenio, a pesar de que se ha proclamado como el “gobierno de la transparencia”. La organización destaca que, solo en el primer año de gobierno de López Obrador, los recursos de revisión crecieron un 62.8% en comparación con 2018.

El informe también resalta la “parálisis” en el INAI debido a la falta de nombramiento de tres nuevos comisionados por parte de Morena y sus aliados en el Senado. Además, menciona que el presidente López Obrador ha propuesto la desaparición de organismos autónomos como el INAI. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, declaró recientemente que “no necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia”.

Otro dato relevante es que la Consejería Jurídica de la Presidencia ha interpuesto 100 recursos contra resoluciones del INAI que ordenaban la entrega de información, alegando razones de “seguridad nacional” en casos como la compra de vacunas contra Covid-19 y la adquisición de software espía.

Artículo 19 subraya que las poblaciones en situación de marginación, como las de zonas rurales e indígenas, continúan enfrentando dificultades para acceder a la información, afectando su vulnerabilidad en situaciones como desastres naturales. Programas como Sembrando Vida, gestionado por la Secretaría de Bienestar, también presentan problemas de opacidad en la divulgación de datos sobre presupuesto y entrega de recursos.

El informe concluye que el gobierno de López Obrador no solo no resolvió los pendientes en materia de libertad de expresión heredados de sexenios anteriores, sino que dejará nuevos desafíos a la próxima administración. Entre estos, se incluyen la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad, y la vigilancia aumentada sobre defensores de derechos humanos.