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La sesión para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se convirtió en una jornada de alta tensión política, marcada por insultos, pancartas y reclamos cruzados entre Morena y la oposición. En medio del caos, la mayoría oficialista logró aprobar en lo general el dictamen con 358 votos a favor y 133 en contra, sin abstenciones.

Todo comenzó la noche del martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando el diputado del PRI, Carlos Mancilla, subió a tribuna con una camiseta negra que llevaba la frase “Justicia para Manzo” y la foto del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado. Con una gran pancarta al frente que marcaba la hora del crimen, el legislador priista responsabilizó al actual gobierno del clima de violencia que vive el país.

Mientras Mancilla hablaba, un grupo de diputados de Morena encabezado por Arturo Ávila irrumpió frente a la tribuna con una enorme lona que decía “Carroñeros MC-PRIAN”, acompañada por las imágenes de los líderes nacionales de la oposición. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, intervino para exigir que se retiraran las pancartas, alegando que bloqueaban la visibilidad del orador.

El enfrentamiento verbal escaló. Mancilla respondió con insultos y acusaciones directas, mientras coreaba junto a su bancada “¡Narcodiputados!”. Las palabras encendieron aún más los ánimos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, intervino para calmar los ánimos y pidió retirar los carteles, reconociendo que existía un acuerdo previo para garantizar el orden del debate.

Sin embargo, la tensión no bajó. Desde su curul, Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano, reprochó el lenguaje usado por el priista y exigió respeto hacia las mujeres. Sus palabras provocaron reacciones divididas: aplausos desde la bancada oficialista y más gritos desde la oposición.

La diputada morenista Flor de María Esponda aprovechó su turno para reproducir un video en el que vinculó el inicio de la violencia en México con la estrategia de seguridad implementada en 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón. Aseguró que los señalamientos del PRI eran hipócritas y que la tragedia nacional tenía raíces más profundas.

Tras horas de enfrentamientos verbales, la presidenta Kenia López decretó un receso hasta este miércoles para continuar con la discusión de mil 708 reservas, que deberán resolverse antes de la madrugada del jueves. De acuerdo con la ley, el PEF 2026 debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

La sesión cerró con un Congreso dividido, un ambiente crispado y el recordatorio de que, pese a los desacuerdos, el reloj legislativo sigue corriendo para definir cómo y en qué se gastará el dinero público el próximo año.

El Senado volvió a convertirse en campo de batalla política. Durante la sesión de este martes, un intercambio entre la senadora panista Lilly Téllez y el morenista Gerardo Fernández Noroña encendió los ánimos en el pleno, justo en el contexto del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Lo que comenzó como un debate sobre la violencia en el país terminó escalando a una confrontación directa que continuó incluso en redes sociales.

La discusión surgió luego de que el Senado guardara un minuto de silencio por el homicidio del alcalde michoacano. Durante su intervención, Téllez criticó la postura del gobierno federal respecto al combate al crimen organizado y cuestionó la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no responder con una “guerra” a los cárteles. Su discurso apuntó contra los legisladores de Morena, a quienes acusó de tolerar la violencia que afecta a los ciudadanos.

Desde su escaño, Fernández Noroña interrumpió la exposición, lo que provocó que Téllez respondiera con insultos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista a Palestina, donde participó en una gira diplomática y visitó zonas afectadas por el conflicto armado. El intercambio de palabras tensó el ambiente en la Cámara Alta y marcó uno de los momentos más acalorados del debate.

Ya fuera del recinto, Noroña llevó el enfrentamiento a las redes sociales. Desde su cuenta en X, atribuyó los ataques de la senadora a una supuesta estrategia impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, medio en el que Téllez trabajó antes de iniciar su carrera política. Según el morenista, los señalamientos buscan distraer la atención del adeudo fiscal que, asegura, mantiene el empresario con el gobierno federal.

Noroña también dirigió sus críticas hacia el panista Ricardo Anaya, quien compartió el video del enfrentamiento en sus redes. Lo acusó de utilizar los ataques para beneficiar intereses particulares y de mantener una postura hipócrita ante las tensiones políticas en el Senado.

El episodio entre ambos legisladores se suma a la larga lista de enfrentamientos verbales que han caracterizado las sesiones del Congreso en los últimos meses, en medio de la polarización política y el clima de violencia que atraviesa el país.

Mientras tanto, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate nacional sobre seguridad y justicia. En contraste con las disputas políticas, el Congreso mantiene en la agenda la discusión sobre cómo responder a la escalada de violencia sin agravar la crisis de seguridad que afecta a México.

El gobierno federal intensificará las labores de inteligencia para enfrentar a la delincuencia organizada, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que el país no retomará la llamada “guerra contra el narco”, una estrategia que, según explicó, sólo incrementó la violencia en el pasado.

Desde su conferencia matutina, la mandataria informó que la Fiscalía de Michoacán cuenta con todo el respaldo del Gabinete de Seguridad para llevar a cabo las investigaciones del homicidio. Las indagatorias continuarán hasta identificar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron el ataque, en un esfuerzo coordinado entre autoridades locales y federales.

Sheinbaum destacó que, en los últimos meses, el gobierno federal había trabajado de forma conjunta con el municipio de Uruapan para fortalecer la seguridad y atender las causas que generan la violencia. El alcalde asesinado, señaló, había reconocido los avances logrados con esa colaboración, lo que refuerza la importancia de mantener la estrategia basada en la inteligencia y la justicia.

La presidenta enfatizó que el camino no es volver a la militarización ni a los enfrentamientos directos, sino consolidar una política de seguridad que priorice la investigación, la prevención y la atención a las causas sociales. Recordó que los años de la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, no redujeron la violencia, sino que la agravaron, dejando al país con altos niveles de inseguridad y fragmentación social.

La nueva estrategia busca fortalecer la presencia institucional y reforzar las tareas de inteligencia para evitar la impunidad. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es que la fuerza del Estado se ejerza a través de la justicia y no mediante acciones bélicas que, en su momento, solo generaron más víctimas y desconfianza hacia las instituciones.

El gobierno federal, aseguró, mantendrá un acompañamiento permanente con Michoacán y con otros estados que enfrentan situaciones similares. En el caso de Uruapan, se incrementarán las operaciones de inteligencia y las acciones

conjuntas con las autoridades locales para restablecer la seguridad en la región.

La mandataria reafirmó que su administración continuará fortaleciendo las capacidades de investigación, la coordinación entre dependencias y el trabajo en campo para desarticular estructuras criminales. La meta es clara: garantizar justicia, eliminar la impunidad y reducir la violencia desde sus raíces, con una estrategia basada en la inteligencia y no en la guerra.

La tarde de este domingo, el Centro Histórico de Morelia vivió momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán durante una protesta por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Lo que inició como una movilización pacífica terminó en un estallido de violencia que dejó daños materiales, enfrentamientos con la Guardia Civil y el eco de un reclamo que sacudió a la capital estatal.

La marcha comenzó alrededor de las 5:45 de la tarde en la emblemática Fuente de Las Tarascas, punto de encuentro de los inconformes que exigían justicia. El contingente avanzó por el corazón de Morelia hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde se pegaron cartulinas y mantas con mensajes de protesta. Sin embargo, una parte del grupo decidió romper el cerco y forzó la entrada principal del edificio histórico.

En cuestión de minutos, los manifestantes ingresaron a los salones del recinto, causando destrozos a puertas, ventanas y mobiliario antiguo. Algunos muebles fueron arrojados sobre la avenida Madero, una de las principales arterias de la ciudad, generando caos y obligando a las autoridades a desplegar un operativo urgente.

Elementos antimotines de la Guardia Civil respondieron con gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud. Tras varios minutos de enfrentamiento, el acceso al Palacio fue controlado y la zona acordonada. Los daños al inmueble aún no han sido cuantificados, pero las imágenes que circularon en redes sociales mostraron la magnitud del acto y la tensión vivida en el centro de Morelia.

La protesta en la capital se sumó a otra manifestación masiva en Uruapan, donde más de 10 mil personas acompañaron el sepelio del alcalde Manzo Rodríguez. El cuerpo del edil fue velado en el templo de San Francisco de Asís y posteriormente sepultado en el panteón San José, en medio de un ambiente de indignación y luto colectivo.

El alcalde, conocido por la población como “El del Sombrero”, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas, un evento cultural que cada año reúne a cientos de familias en la Pérgola Municipal de Uruapan. Durante el ataque, sus escoltas repelieron la agresión, abatiendo a uno de los responsables y deteniendo a dos más. Un funcionario municipal también resultó herido en el tiroteo.

La muerte de Carlos Manzo y los disturbios en Morelia reflejan el clima de tensión que vive Michoacán, donde la violencia política ha vuelto a golpear de lleno. El Palacio de Gobierno amaneció resguardado, convertido en símbolo de una noche en que el reclamo de justicia se mezcló con la rabia y la desesperación de una población que exige respuestas.

Una situación inesperada sacudió el ambiente electoral en Xalapa, Veracruz, cuando se reportó la ausencia de 2,700 boletas correspondientes a la elección de alcalde. El representante del Partido Verde Ecologista, Sergio Martínez Ruiz, expuso la anomalía durante una sesión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo que encendió las alarmas en pleno desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025.

El Consejo Municipal de Xalapa precisó que el faltante se detectó el pasado 15 de mayo durante el desembarque de la documentación electoral del Distrito 10. Se trataba de boletas con folios del 16,201 al 18,900, que no llegaron con el resto del material programado. La tensión inicial fue disipada tras una pronta investigación que arrojó resultados claros y contundentes.

El origen del incidente fue confirmado por la empresa encargada de producir el material electoral, Litho Formas S.A. de C.V., la cual reconoció que la caja no fue embarcada por un error humano durante el proceso de embalaje. Una vez identificada la situación, la empresa localizó el paquete dentro de su planta, donde permanecía en custodia y bajo medidas de seguridad, sin haber salido del almacén.

El OPLE Veracruz, junto con representantes de todos los partidos políticos acreditados, verificó y documentó el hallazgo. Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó que la cadena de custodia se mantuviera íntegra en todo momento. La caja fue enviada de inmediato el 16 de mayo, bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública y personal de la Oficialía Electoral, arribando esa misma noche al Consejo Municipal de Xalapa.

La entrega fue presenciada por representantes partidistas, reforzando la transparencia del proceso y asegurando que cada paso se mantuviera bajo estricta vigilancia institucional. El conteo y sellado de las boletas inició de inmediato, conforme al calendario establecido, sin que este incidente provocara retrasos ni alteraciones legales.

Actualmente, las actividades continúan con normalidad. La documentación será agrupada y distribuida a las Mesas Directivas de Casilla, tal como lo establece la normatividad electoral vigente. La vigilancia permanece activa y las acciones del OPLE se desarrollan con apego a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad.

El OPLE Veracruz confirmó que esta situación no compromete la certeza del proceso, gracias a la respuesta inmediata, al seguimiento institucional y a la colaboración de las fuerzas de seguridad y las representaciones políticas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones.

El municipio de Teuchitlán, Jalisco, vive un cambio repentino en su liderazgo. Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros ha sido nombrado presidente municipal interino, luego de que el hasta ahora alcalde, José “N”, fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público.

La decisión se concretó este sábado durante una sesión de cabildo en la que se oficializó el relevo. Los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron de forma unánime la propuesta de Rodríguez Ballesteros, destacando su integridad y trayectoria dentro del municipio.

“Todo el tema de la elección fue por unanimidad del Partido Acción Nacional, del Partido Morena y los integrantes de Movimiento Ciudadano. Decidimos, por la calidad moral que tiene el compañero, que él sea el presidente interino”, expresó Osvaldo Anguiano, regidor de Teuchitlán, tras concluir la sesión.

Rodríguez Ballesteros no es ajeno a la vida política local. Participó en la más reciente contienda electoral como parte de la planilla de Movimiento Ciudadano, equipo con el que José Santiago “N” ganó la alcaldía. Ahora, asume la responsabilidad de liderar el municipio en un escenario legal y político complejo.

La vinculación a proceso de José “N” fue determinada durante la audiencia celebrada este viernes en los juzgados federales de oralidad de Puente Grande, Jalisco. La jueza Ana Beatriz Aguilar Jiménez fue la encargada de conducir la audiencia, en la que se estableció prisión preventiva como medida cautelar por un periodo máximo de dos años.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la etapa de investigación, tiempo en el cual buscará integrar el mayor número de elementos provenientes de las víctimas y otros posibles implicados. Durante este tiempo, el ahora exalcalde permanecerá en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande.

El ambiente político en Teuchitlán se transforma bajo una nueva dirección, mientras el proceso judicial en curso mantiene la atención pública. La designación de Rodríguez Ballesteros se presenta como un intento por devolver estabilidad al gobierno municipal en medio de una coyuntura legal delicada.

Sin discursos estridentes ni confrontaciones públicas, la transición se llevó a cabo con discreción institucional, aunque no exenta de tensión. El nuevo edil asume el cargo con el respaldo de todas las fracciones representadas en el cabildo y con la expectativa de encaminar nuevamente la gestión local hacia un terreno firme.

El grupo musical Los Alegres del Barranco ha obtenido un amparo federal que les permite continuar con sus presentaciones en el estado de Michoacán, a pesar del decreto estatal que prohíbe espectáculos donde se promueva la apología del delito. La resolución ha generado una inmediata reacción del gobierno estatal, que anunció una queja formal ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación.

El conflicto se desató tras la publicación del decreto el pasado 16 de abril en el Diario Oficial del Estado de Michoacán. Dicho documento restringe las presentaciones de artistas que, a juicio de las autoridades, fomenten la violencia o engrandezcan figuras del crimen organizado en eventos públicos, como fiestas populares, jaripeos o palenques.

El juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, otorgó la suspensión provisional del decreto exclusivamente a Los Alegres del Barranco, en el juicio de amparo 518/2025. El juez argumentó que la medida estatal carece de un análisis contextual suficiente para justificar su aplicación generalizada en los 113 municipios del estado.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, expresó su inconformidad con la decisión judicial. Desde su perspectiva, la suspensión no solo contradice la Ley de Amparo, sino que además representa un riesgo para la seguridad y el bienestar social al permitir espectáculos que podrían alentar indirectamente la cultura del crimen.

“Vamos a presentar una queja ante esta suspensión provisional que emite este juez, porque expresamente va contra el interés popular y porque quieren que siga haciéndose apología del delito”, puntualizó el funcionario estatal.

Aunque la medida judicial representa un revés temporal para el gobierno michoacano, no extingue el debate de fondo sobre la regulación de los contenidos musicales en eventos masivos. La situación se complica aún más debido a las investigaciones abiertas contra Los Alegres del Barranco en el estado de Jalisco. 

La Fiscalía General del Estado mantiene cuatro carpetas activas por presunta apología del delito, tras presentaciones en las que se proyectaron imágenes y se interpretaron letras alusivas a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La banda sinaloense ha anunciado su intención de actuar el próximo 30 de mayo en Maravatío, Michoacán. Hasta ahora, Mario Pérez Flores, alcalde del municipio y militante de Morena, no ha emitido comentarios oficiales sobre el evento ni sobre el cumplimiento del decreto estatal.

La confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo estatal marca un episodio más en la compleja discusión sobre libertad de expresión, seguridad pública y cultura popular en el país.

Este fin de semana, la tranquilidad del municipio de Teuchitlán, Jalisco, se quebró con la sorpresiva detención de su alcalde, José Murguía Santiago. La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmaron fuentes federales a un medio de comunicación.

La detención se relaciona directamente con las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro clave en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar del hermetismo de las autoridades sobre los detalles precisos, los primeros informes apuntan a que Murguía Santiago estaría implicado en actividades delictivas vinculadas a ese lugar.

El rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio que encabezaba el ahora detenido alcalde, fue identificado por la FGR como un sitio de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, declaró recientemente que “ya está totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación” del grupo criminal.

Murguía Santiago, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue trasladado a la Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Su nombre ahora se suma a una investigación de alto perfil que mantiene en alerta a diversas instituciones de seguridad del país.

El rancho saltó a la atención pública el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de lo que consideraron un “campo de exterminio”. Entre los restos localizados, se encontraron al menos 400 pares de zapatos. Aunque la FGR ha descartado que en el lugar funcionara un crematorio, las pruebas genéticas en curso buscarán determinar si las pertenencias encontradas están relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.

Las labores del colectivo Guerreros Buscadores han sido fundamentales para permitir que las investigaciones sigan avanzando. Apenas este viernes, recibieron autorización para ingresar nuevamente a la zona en compañía de peritos y personal de la Fiscalía.

La situación actual mantiene encendidas las alarmas sobre la posible existencia de más “narcorranchos” en el estado y sus alrededores. La FGR, por su parte, ha trazado una línea de investigación paralela que buscará esclarecer si el caso del rancho Izaguirre es apenas una pieza más en una red mucho más amplia.

El caso de Murguía Santiago marca un giro delicado en la política local de Jalisco y abre un capítulo más en la lucha por desmantelar estructuras criminales infiltradas en el poder público.