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Un amplio bloque integrado por más de 150 organizaciones, especialistas, actores políticos y representantes de la academia pidió detener la elección judicial prevista para 2027 con el fin de corregir deficiencias detectadas en el proceso de 2025 y rediseñar su estructura.

El pronunciamiento fue enviado a autoridades legislativas y electorales, donde se advierte que el esquema vigente presenta fallas de origen que ponen en duda su capacidad para asegurar perfiles adecuados y un sistema de justicia de calidad. Además, alertaron sobre riesgos estructurales que podrían afectar la confianza pública en el proceso.

Uno de los puntos centrales es la coincidencia de la elección judicial con los comicios federales y locales de 2027. De acuerdo con los firmantes, este cruce podría abrir la puerta a prácticas partidistas y clientelares que comprometan la independencia del Poder Judicial.

“La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, señalaron.

Entre las fallas detectadas tras la jornada de junio de 2025 destacan la ausencia de filtros técnicos robustos para evaluar candidaturas, lo que permitiría la participación de aspirantes sin experiencia suficiente. También se identificaron problemas operativos como boletas complejas, escasa información para los votantes y criterios inconsistentes en la valoración de perfiles.

El modelo actual contempla tres comités de evaluación —uno por cada Poder del Estado—, mecanismo que, según los críticos, ha generado disparidades en los estándares, así como percepciones de parcialidad política.

Ante este panorama, los firmantes plantearon una serie de ajustes: elevar los requisitos técnicos de quienes aspiren a cargos judiciales, unificar los criterios de evaluación y simplificar el diseño electoral para hacerlo más claro y funcional.

La elección judicial forma parte de una reforma impulsada por el gobierno mexicano que introdujo el voto popular para designar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este proceso se planteó en dos fases: la primera se realizó en 2025, mientras que la segunda está programada para 2027, cuando se renovarán cargos federales restantes y la totalidad de los puestos locales.

Advertencias internacionales también han apuntado en la misma dirección. La Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que la coincidencia de elecciones podría incrementar la influencia partidista en el proceso judicial.

Los impulsores de la propuesta sostienen que aplazar la jornada permitiría ajustar el modelo sin abandonarlo, con el objetivo de mejorar su implementación y fortalecer su credibilidad.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.