México debe cuidar celosamente su soberanía: Sheinbaum destaca en el día de las Fuerzas Armadas

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó este martes la importancia de proteger de manera firme la soberanía nacional y reconoció el papel histórico de las Fuerzas Armadas en la defensa de la independencia del país. El mensaje fue pronunciado durante la ceremonia conmemorativa por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en la base aérea de Santa Lucía, en las inmediaciones de la capital del país.

Durante su discurso, la mandataria afirmó que la defensa de la soberanía ha sido una constante a lo largo de la historia nacional y advirtió que las amenazas no siempre han tenido origen externo. “México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”, expresó ante integrantes de las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum resaltó que la Fuerza Aérea Mexicana mantiene una relación estrecha con la sociedad y destacó su carácter institucional. Señaló que no se trata de una entidad ajena a la población, sino de una organización con raíces profundas en el sentir popular, vinculada históricamente a la defensa del país y al cumplimiento de tareas estratégicas.

El posicionamiento presidencial se dio en un contexto marcado por las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que ha planteado la posibilidad de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico. En este escenario, el llamado a preservar la soberanía adquirió un énfasis particular durante el acto conmemorativo.

La Fuerza Aérea Mexicana fue fundada en 1915, en el marco de la Revolución Mexicana, y desde 1944 cuenta con reconocimiento constitucional como una de las fuerzas armadas del país. Entre los episodios más relevantes de su trayectoria se encuentra la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, durante operaciones en el Pacífico, hecho que contribuyó a su consolidación institucional y prestigio histórico.

En el mismo evento, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reafirmó el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de los pilares fundamentales del Estado mexicano. Destacó que la integridad territorial, la independencia y la soberanía constituyen bases esenciales para la viabilidad nacional y deben ser protegidas por las instituciones militares.

El general también abordó la cooperación internacional en materia de defensa, particularmente con Estados Unidos. Indicó que la relación con el Departamento de Guerra de ese país, a través del Comando Norte, es “sólida y fuerte” y se apoya en valores compartidos como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo.

Añadió que dicha colaboración se rige por principios de la política exterior mexicana, entre ellos la reciprocidad, la responsabilidad compartida y diferenciada, la confianza mutua y el respeto a las decisiones soberanas, con el objetivo de alcanzar beneficios comunes para ambas naciones.

Amparo contra la Ley de la FGR en riesgo: Alertan retroceso en derechos de las víctimas ante la SCJN

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

Sheinbaum fija postura ante Estados Unidos: coordinación en seguridad y defensa de la soberanía

En medio de las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones militares contra cárteles mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que México mantiene una estrategia de seguridad basada en la coordinación bilateral, la atención a las causas de la violencia y la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Las afirmaciones fueron realizadas este domingo durante una visita oficial al estado de Michoacán.

La mandataria señaló que su gobierno trabaja de manera conjunta con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, particularmente del fentanilo. De acuerdo con Sheinbaum, esta colaboración ha permitido reducir a la mitad la cantidad de esta sustancia que cruza desde México hacia territorio estadounidense, como resultado de la estrategia implementada y el intercambio de información entre ambos países.

Durante su mensaje, la presidenta subrayó que el enfoque de su administración prioriza la mejora de las condiciones de vida de la población como un eje central para disminuir la violencia. En ese contexto, sostuvo que el incremento del uso de la fuerza no genera soluciones sostenibles y que los avances se logran mediante el trabajo conjunto y acciones coordinadas. “Más violencia no lleva a nada (…) no sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”, expresó ante asistentes.

Sheinbaum reiteró que, si bien existe colaboración constante con el gobierno estadounidense, hay límites claros en la relación bilateral. Enfatizó que la soberanía y la independencia del país no están sujetas a negociación. “Con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó, al tiempo que recalcó que esa será la línea de actuación de su administración.

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que Donald Trump asegurara públicamente que planea “empezar a atacar por tierra” a los cárteles mexicanos, a los que acusó de ejercer control sobre México. El exmandatario estadounidense también responsabilizó a estas organizaciones criminales de la muerte de entre 250 mil y 300 mil personas al año en Estados Unidos, vinculadas al consumo de drogas.

Ante este escenario, Sheinbaum insistió en que la cooperación entre ambos países se mantiene dentro de un marco de respeto mutuo. Recalcó que la coordinación en seguridad ha mostrado resultados concretos, particularmente en el combate al tráfico de fentanilo, sin que ello implique ceder decisiones internas o permitir acciones unilaterales en territorio mexicano.

La presidenta remarcó que su gobierno continuará impulsando una estrategia que combine acciones de seguridad con políticas sociales, desarrollo regional y fortalecimiento institucional, especialmente en entidades como Michoacán, donde la violencia ha tenido un impacto significativo. En ese sentido, reiteró su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la población, bajo el principio de que la paz y la seguridad se construyen con cooperación, atención a las causas y respeto pleno a la soberanía nacional.

Javier Duarte deberá seguir tras las rejas: Jueza cierra la puerta a su salida anticipada

La jueza de Ejecución Ángela Zamorano Herrera resolvió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir de manera íntegra la condena que le fue impuesta en 2018, al negar la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia de la medida.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Desde entonces cumple una sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de la cual ha cubierto más del 96 %, según los datos expuestos en la audiencia.

Su defensa argumentó que el exmandatario ha mostrado buen comportamiento, un cambio de conducta y que ha cumplido con la mayor parte de su condena, razones que —señalaron— justificaban su egreso anticipado bajo medidas cautelares.

Sin embargo, la juzgadora consideró que esos elementos no eran suficientes para otorgar el beneficio solicitado. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran las observaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a Duarte como un interno con mala conducta y recordó que el exgobernador evadió una audiencia por un caso de presunta desaparición forzada, motivando un señalamiento de incumplimiento.

Además, la FGR destacó que Duarte enfrenta un proceso vigente por el delito de desaparición forzada, relacionado con el entorpecimiento de la investigación por la desaparición del policía David Lara Cruz. En este caso, la audiencia intermedia se ha pospuesto en seis ocasiones. También se señaló que el exfuncionario no cumplió con el Plan de Actividades para su reinserción social, que incluye participación en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La defensa respondió que el delito por el que se le acusa en este proceso excluye su participación directa en la desaparición, y sostuvo que Duarte nunca ha sido acusado ni vinculado a proceso por desaparición forzada como tal. “Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada”, afirmaron sus representantes legales, quienes insistieron en que el caso fue sobreseído previamente.

Tras la negativa de la jueza, su abogado Pablo Campuzano adelantó que analizarán la posibilidad de apelar la resolución. Mencionó también que el cumplimiento total de la pena está previsto para abril, por lo que evaluarán los tiempos procesales para definir los siguientes pasos legales.

En paralelo, Duarte mantiene otro proceso abierto por peculado, actualmente en fase intermedia. Las denuncias en su contra lo señalan por la presunta malversación de más de 62 mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante su administración en Veracruz.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, quien asumió el cargo en septiembre tras ganar la elección del llamado “acordeón” con 54 mil 797 votos, fue la encargada de emitir esta resolución que confirma la permanencia del exgobernador en prisión hasta concluir su condena.

Sheinbaum encabeza desfile de la Revolución y lanza mensaje contra la violencia y protestas

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una ceremonia marcada por el contexto de protestas convocadas por el movimiento “Generación Z” tras las detenciones registradas en la marcha del sábado pasado. Desde primeras horas, la mandataria recorrió la plancha del Zócalo capitalino a bordo de un vehículo militar, acompañada por el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa.

Este es el segundo desfile revolucionario que la presidenta encabeza desde que asumió el cargo. A su paso, estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Luego de entonar el Himno Nacional, se programó que los titulares de Defensa, Marina y la propia mandataria dirigieran mensajes oficiales.

En el Centro Histórico se implementaron cortes viales debido a las movilizaciones anunciadas, y fueron suspendidos los servicios de varias estaciones de la Línea 2 del Metro, entre San Antonio Abad y Revolución. Las medidas se aplicaron como parte del operativo de control y seguridad ante las manifestaciones previstas para la mañana.

Durante su discurso, Sheinbaum dirigió un mensaje firme a sus críticos y a sectores de la oposición, a quienes acusó de generar violencia y promover incluso una intervención extranjera. En una intervención que fue ovacionada, subrayó valores que, dijo, su gobierno ha mantenido, como la austeridad y el combate a la corrupción. “El que convoca la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca […] El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca”, expresó ante los asistentes. Agregó que su administración respeta la Constitución, la democracia y las libertades, además de atender las demandas de la población.

La ceremonia se llevó a cabo cinco días después de los hechos de violencia registrados durante la movilización en el Centro Histórico, donde hubo confrontaciones entre policías y manifestantes. Sin mencionar directamente esos incidentes, la presidenta condenó cualquier forma de violencia y recalcó que “México no volverá a caminar hacia atrás”, al insistir en que la paz deriva de la justicia y no de la imposición.

En su mensaje también criticó a sectores de los medios de comunicación y a comentaristas que, dijo, incurren en calumnias o adaptan sus posturas según sus intereses. Afirmó que, pese a campañas de desinformación, “el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia”, al asegurar que su administración ha mantenido principios de honestidad y transparencia.

Adiós a los cobros fantasmas: Senado aprueba ley para cancelar servicios con un clic

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

Senado aprueba sustituir a la Cofece por nueva Comisión Nacional Antimonopolio

En el sexto día del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 35 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La nueva institución será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría de Economía. Sustituirá a la Cofece con un diseño institucional distinto, mayores atribuciones y cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Su principal objetivo será garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos.

El dictamen forma parte del paquete de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicado el 20 de diciembre de 2024. Establece un nuevo marco institucional, que modifica procedimientos, endurece sanciones y amplía las facultades del Estado para intervenir en los mercados.

Entre las innovaciones más destacadas figura la facultad para ordenar la desincorporación de activos en casos de concentración indebida en sectores clave como telecomunicaciones, medios y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.

También se fortalece la cooperación internacional. La reforma establece mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, especialmente en el marco del T-MEC, para permitir investigaciones transnacionales sobre colusión empresarial o prácticas anticompetitivas.

Se amplía el periodo para investigar concentraciones entre empresas de uno a tres años y se incorpora un nuevo libro legal que regula la participación cruzada en medios de comunicación.

El artículo Tercero Transitorio establece que la Cofece continuará en funciones de manera provisional hasta que se conforme el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Los nombramientos deberán ser enviados por el Ejecutivo al Senado y los periodos de los comisionados estarán escalonados hasta el año 2032.

Las sanciones se incrementan de manera considerable: se establecen multas de hasta 200 mil UMAs por obstrucción a verificaciones y se podrá inhabilitar hasta por cinco años a empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas en procesos de contratación pública.

Las resoluciones firmes de la Comisión habilitarán a los consumidores a presentar acciones colectivas sin necesidad de agotar juicio previo, facilitando la defensa de derechos en casos de afectación por prácticas anticompetitivas.

Desde tribuna, senadores de oposición calificaron la reforma como un retroceso. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de concentración de poder y pérdida de autonomía técnica. Por su parte, legisladores de Morena defendieron el rediseño institucional, al asegurar que responde a una realidad económica desigual y busca romper con estructuras tecnocráticas que no han garantizado una competencia auténtica. El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final.

Remesas bajo fuego: Sheinbaum responde con firmeza frente al nuevo impuesto de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia clara desde San Luis Potosí: México está listo para movilizarse en defensa de los migrantes y sus remesas. El nuevo impuesto del 3.5% propuesto por la administración de Donald Trump, recientemente aprobado por el Congreso de Estados Unidos, ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano, que lo considera injusto y violatorio de acuerdos bilaterales.

“Nos vamos a movilizar”, declaró Sheinbaum ante un público atento, refiriéndose a los millones de mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos para sostener a sus familias. Sin rodeos, subrayó que los migrantes trabajan duro, pagan impuestos en el país vecino y no deberían enfrentar un nuevo gravamen por ayudar a los suyos en México.

La mandataria reiteró el respaldo total del gobierno federal a la comunidad migrante, enfatizando que no se permitirá que una carga fiscal adicional afecte a quienes ella considera “héroes y heroínas de la patria”.Alrededor de 40 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, y en 2024 enviaron casi 65 mil millones de dólares en remesas, una cifra récord que representa casi el 4% del PIB nacional.

Sheinbaum enfatizó que este flujo de recursos no solo mantiene a flote a millones de familias en México, sino que también contribuye de forma significativa a la economía estadounidense. “Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, sentenció.

La polémica medida fiscal fue impulsada por la actual administración de Trump, quien regresó al poder con un plan que inicialmente contemplaba un impuesto del 5% a las remesas. El Congreso estadounidense ajustó la propuesta a una tasa del 3.5%, ahora pendiente de discusión en el Senado. Mientras tanto, Sheinbaum ha comenzado a llamar a la acción, pidiendo a los paisanos que se manifiesten mediante cartas, mensajes en redes sociales y otras formas de presión ciudadana.

La presidenta también recordó que este tipo de medidas contradicen el tratado bilateral firmado en 1994, que impide la doble tributación entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha insistido en que esta iniciativa representa un retroceso en la cooperación internacional y afecta de manera directa a las personas más vulnerables en ambos lados de la frontera.

Aunque Sheinbaum no detalló cómo serían las posibles movilizaciones, dejó claro que el país seguirá informando paso a paso sobre sus acciones frente a esta medida. El llamado es a mantenerse atentos y unidos frente a lo que considera una amenaza directa a la economía de millones de familias mexicanas.

Nuevo capítulo en el caso Ovidio Guzmán: audiencia será en mayo

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

 

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

 

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

 

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.

México y EE. UU. refuerzan cooperación militar con entrenamiento en Campeche

El Senado de la República ha autorizado a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir la entrada a territorio mexicano de 10 militares del Ejército de Estados Unidos. Su presencia en el país tiene como objetivo participar en un programa de adiestramiento denominado “Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina”. 

Este entrenamiento se llevará a cabo del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025 en el centro de capacitación y adiestramiento especializado de infantería de la Marina, ubicado en San Luis Carrizo, Campeche. La iniciativa fue aprobada con unanimidad por el Senado, con un total de 107 votos a favor de todas las fuerzas políticas.

 

El propósito principal de este programa es que las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos y la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina de México lleven a cabo actividades conjuntas de capacitación. Entre los temas que abordarán se encuentran la ejecución de tácticas, técnicas y procedimientos de combate.

 

La delegación estadounidense estará conformada por 10 elementos del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Estos militares ingresarán al país portando armamento, municiones, material y equipo especializado, indispensables para el desarrollo del entrenamiento conjunto.

 

Está previsto que el personal de instructores llegue a México el 15 de febrero de 2025, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Campeche en una aeronave militar tipo C-130, propiedad del Ejército de los Estados Unidos. Su salida del país está programada para el 30 de marzo del mismo año.

 

Este tipo de ejercicios entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa. La capacitación conjunta permitirá el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en operaciones especiales, reforzando la preparación de ambas naciones ante posibles amenazas o desafíos en materia de seguridad.

 

La aprobación de este programa de entrenamiento refleja la voluntad del gobierno mexicano de mantener relaciones de cooperación con Estados Unidos en temas de defensa y seguridad. Además, destaca el compromiso de ambas naciones en la formación de personal altamente capacitado para enfrentar situaciones de riesgo y fortalecer la operatividad de sus fuerzas militares.

 

Con la llegada de estos instructores, la Secretaría de Marina busca mejorar sus capacidades tácticas y operacionales, elevando el nivel de preparación de sus elementos en el uso de estrategias avanzadas de combate. Este tipo de entrenamientos no solo benefician a las fuerzas armadas, sino que también contribuyen a garantizar la seguridad y estabilidad en la región.

 

La implementación de este programa refuerza los lazos de colaboración entre México y Estados Unidos, promoviendo un trabajo conjunto en beneficio de la seguridad nacional.