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En medio de ajustes y decisiones tomadas por la ministra Lenia Batres Guadarrama en su nueva asignación en la Segunda Sala de la Corte, algunos trabajadores de su ponencia buscan alternativas laborales ante la preocupación por la posible pérdida de sus prestaciones extraordinarias.

La ministra Batres asumió su posición en la Segunda Sala, ocupando el espacio dejado por Loretta Ortiz, quien solicitó el cambio a la Primera Sala. Sin embargo, la trama se complica al recordar que la ministra inicialmente llegó a una ponencia que Arturo Zaldívar abandonó abruptamente en noviembre pasado, manteniendo en ella a los secretarios de Estudio y Cuenta, así como al personal administrativo que le diera la bienvenida.

Desde su llegada, la ministra Batres ha impulsado medidas de austeridad, solicitando la reducción de su salario y renunciando a prestaciones extraordinarias, además de expresar su interés en inscribirse voluntariamente en el ISSSTE para recibir servicios médicos públicos en lugar de privados.

Aunque la Corte respondió indicando las limitaciones constitucionales y legales para algunas de estas solicitudes, la ministra persiste en su decisión de renunciar a las prestaciones y ajustar su salario. Este enfoque de austeridad se ha extendido a los miembros de su ponencia, a quienes ha instado a renunciar a prestaciones extraordinarias y ajustar sus salarios para alinearse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la incertidumbre de perder sus beneficios laborales, varios secretarios de la ponencia de Batres han iniciado gestiones para cambiar su adscripción a las oficinas de otros ministros. Argumentan que buscan preservar sus empleos y que, de no encontrar una solución rápida, podrían verse obligados a renunciar a sus plazas en el Poder Judicial de la Federación, ya que ocupan puestos de confianza y los ministros tienen la prerrogativa de gestionar su personal de confianza.

Lenia Batres se convierte en la primera ministra directamente designada por el poder Ejecutivo para integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el rechazo del Senado a las ternas propuestas por Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones.

En su toma de posesión, Batres Guadarrama criticó a la SCJN, acusándola de extralimitarse, incurrir en excesos y ponerse por encima de la Constitución. La ministra argumenta que la Corte ha confundido la jerarquía de la Constitución con la de la instancia, señalando que, si actuara como verdadero tribunal Constitucional, debería prevalecer la Constitución sobre la Suprema Corte.

“Esta Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Podría decirse que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan, porque si actuara como verdadero tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución”, expresó Batres.

“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las leyes mexicanas, por eso hablamos de excesos”, agregó.

El evento de asunción contó con la presencia de destacadas figuras gubernamentales, incluyendo al hermano de Batres, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el vocero Presidencial Jesús Ramírez, la Fiscal General de la CDMX Ernestina Godoy, y otros miembros del gabinete.

Batres resaltó su origen humilde y expresó su compromiso como “Ministra del pueblo”. El discurso de bienvenida a Batres Guadarrama fue realizado por la Ministra Yasmín Esquivel, quien destacó que ahora hay cinco mujeres en la SCJN, sumando un total de 15 ministras en la historia.

Las críticas hacia Batres por sus planteamientos fueron expresadas por el académico Sergio Charbel Olvera, quien considera que su discurso refleja una perspectiva “arcaica y muy superada”, más acorde con un Estado autoritario. Olvera enfatiza la importancia de que la SCJN realice interpretaciones constitucionales para garantizar el Estado de derecho en un sistema democrático.