En una sesión marcada por el enfrentamiento entre los bloques políticos, el Senado aprobó con 67 votos a favor y 32 en contra, las reformas legales que permiten al presidente de la República conceder amnistía de forma directa a individuos sentenciados o bajo proceso penal. Esta medida, respaldada por Morena y sus aliados, desató la oposición del PAN, PRI, PRD y MC, quienes anunciaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
El principal punto de discordia radica en el temor de la oposición a otorgar un poder excesivo al ejecutivo, señalando el riesgo de liberar delincuentes al margen del procedimiento establecido y más allá de las facultades constitucionales. Julen Remetería del PAN, destacó la posibilidad de un “poder omnímodo” para el presidente, mientras que Damián Zepeda advirtió sobre el peligro de conceder amnistía a criminales peligrosos.
Las críticas no se detuvieron allí. Alejandra Reynoso y Germán Martínez cuestionaron los motivos detrás de esta medida, llegando incluso a insinuar posibles vínculos con la financiación de campañas políticas. Miguel Ángel Mancera del PRD calificó la propuesta como un “incentivo perverso” para la delación.
Ante estas acusaciones, Ricardo Monreal de Morena defendió la reforma, argumentando su enfoque en casos emblemáticos como Ayotzinapa y Tlatlaya. Monreal desestimó las críticas como “especulaciones de mentes perversas”, mientras que César Cravioto acusó a la oposición de evitar la búsqueda de la verdad sobre pasadas administraciones.
A pesar de las 17 reservas presentadas para eliminar el artículo 9 de la Ley de Amnistía, todas fueron rechazadas, y la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión. La polarización política en torno a esta reforma sugiere un prolongado debate en el ámbito legislativo.
