Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.