Amplían facultades de la Unidad de Evaluación y Control de la ASF para sancionar a funcionarios

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha aprobado una propuesta de reforma al reglamento interno de su Unidad de Evaluación y Control (UEC), permitiéndole ahora imponer sanciones a los funcionarios de este órgano dependiente de la Cámara de Diputados.

Esta modificación, que no se realizaba desde hace una década, otorga nuevas atribuciones a la UEC para examinar posibles conflictos de intereses entre los servidores públicos de la ASF, en concordancia con la Ley de Responsabilidades. Además, se incluyen procedimientos de responsabilidad administrativa para los funcionarios de la Auditoría Superior, así como la facultad de llevar a cabo investigaciones preliminares sobre acciones del auditor superior.

“Se trata de proporcionar a la UEC las herramientas necesarias para sancionar a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación que no estén desempeñando sus funciones correctamente, una solicitud respaldada por todos los grupos parlamentarios”, declaró el diputado Pablo Angulo (PRI), presidente de la Comisión de Vigilancia.

La propuesta de modificación del reglamento interno será remitida a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, encargada de elaborar el dictamen correspondiente, someterlo a votación y, en su caso, remitirlo a la mesa directiva para su votación en el Pleno.

La diputada Inés Parra (Morena) elogió las reformas propuestas al reglamento, destacando que proporcionan a la UEC un marco claro sobre las responsabilidades administrativas, en línea con el nuevo Sistema Anticorrupción. Sin embargo, expresó algunas observaciones sobre la participación del titular de la UEC en la Comisión de Vigilancia y la duración de su cargo.

Por su parte, la diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) afirmó que, en términos generales, las propuestas de reforma ofrecen certeza jurídica y cumplen con las disposiciones de las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como del Sistema Nacional Anticorrupción.

ASF detecta irregularidades en contratos entre CFE Telecom y Conahcyt

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado una serie de irregularidades en las operaciones de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, según su informe correspondiente al año 2022. Estas anomalías abarcan diversas áreas, como transacciones bancarias, contratos de licitación para adquisición de equipamiento de red e iluminación de fibra óptica, así como la inyección de capital en Altán Redes.

En cuanto a las transacciones con Altán Redes, se destaca que la inversión de CFE Telecomunicaciones en esta empresa presentó irregularidades en la transacción de los fondos. Aunque se destinaron 161,000 millones de dólares para acceder a la infraestructura y red de Altán, la ASF encontró que la transacción no contó con evidencia de cómo Nacional Financiera (Nafin) proporcionó a la empresa los datos bancarios ni las instrucciones para realizar el depósito.

Por otro lado, se han detectado irregularidades en contratos con Infotec, una entidad vinculada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En estos contratos se han observado problemas como equipos no registrados, instalaciones incompletas, y pagos significativamente más altos que los calculados por el ente fiscalizador. Además, se señala una supervisión deficiente por parte de CFE Telecomunicaciones en estas contrataciones.

La ASF determinó que estas irregularidades presumen un probable daño a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos por un monto considerable. Es importante mencionar que la empresa estatal ha mantenido una estrecha relación con las subsidiarias del Conacyt durante esta administración, lo que añade complejidad al panorama.

En resumen, el informe de la ASF destaca una serie de irregularidades en las operaciones de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, lo que subraya la necesidad de investigaciones y procedimientos administrativos para abordar estas cuestiones y garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.