La reciente auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha arrojado luz sobre una serie de irregularidades en la construcción de 120 departamentos militares en Santa Fe, Ciudad de México, llevada a cabo por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Según el informe de la Cuenta Pública 2023, la obra se realizó sin los permisos ambientales ni las aprobaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que ha generado un debate significativo en torno a la legalidad y el impacto de estas construcciones.
La ASF detalló que, al revisar el proyecto, el Instituto no presentó la acreditación de la propiedad del terreno, el comprobante de pago del predial, ni los dictámenes de impacto urbano requeridos. Tampoco se entregaron los documentos de factibilidad de servicios hidráulicos, determinación de límites de zonificación, modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano, ni el certificado de uso de suelo, todos esenciales para asegurar la viabilidad y el cumplimiento normativo del proyecto.
En mayo de 2024, la ASF notificó estas omisiones al Instituto, que respondió entregando documentos que demostraban que estaban en proceso de obtener los permisos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la ASF decidió mantener la observación debido a la falta de documentación concreta que acreditara las factibilidades legales y ambientales necesarias para la construcción.
La construcción de la nueva unidad habitacional militar comenzó en 2022 y se extiende por 15 mil metros cuadrados, incluyendo seis edificios de cinco niveles cada uno, con un total de 120 departamentos. Cada vivienda está diseñada para albergar a cuatro personas, con sala comedor, cocina, tres recámaras, dos baños y un cuarto de servicio, ofreciendo capacidad para 480 habitantes en total.
Este proyecto no está exento de un pasado controversial. En 2018, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se planificó un desarrollo inmobiliario de lujo en el mismo sitio, lo que desató protestas por las posibles afectaciones al entorno local y al cercano bosque de Chapultepec. Tras asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó brevemente la idea con fines recaudatorios para la Guardia Nacional, pero ante las críticas, canceló ese plan y anunció la construcción de viviendas exclusivamente para militares.
El descubrimiento de irregularidades en la construcción no es un caso aislado. Las auditorías de la Cuenta Pública 2022 ya habían encontrado excesos de pagos por más de 5 millones de pesos en el mismo proyecto. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las normativas vigentes para evitar daños ambientales y urbanísticos.
La construcción en Santa Fe ha reavivado la discusión sobre la gestión de proyectos por parte de las Fuerzas Armadas y el impacto que estas edificaciones pueden tener en el entorno urbano y ambiental de una de las zonas más importantes de la Ciudad de México.
El futuro de la unidad habitacional en Santa Fe sigue siendo incierto, mientras las autoridades deben decidir cómo abordar las irregularidades detectadas y asegurar que los proyectos futuros cumplan con todos los requisitos necesarios para su aprobación y desarrollo.
