La Cámara de Diputados definió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras un proceso legislativo que culminó durante la madrugada de este martes con la votación del pleno. Luego de la revisión de perfiles y la integración de una terna final, los legisladores eligieron con 472 votos a favor a Aureliano Hernández Palacios Cardel como responsable del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales durante el periodo 2026-2034.

El proceso comenzó previamente en la Comisión de Vigilancia de la ASF, instancia que evaluó a los aspirantes y seleccionó a los tres perfiles mejor calificados para enviar la propuesta final a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política. La terna quedó integrada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

Con esa propuesta, el pleno de la Cámara de Diputados inició el procedimiento formal de elección. Durante la sesión legislativa, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, dio inicio al proceso de votación a las 2:25 de la madrugada mediante el sistema de cédula.

Los legisladores se formaron a un costado del salón de sesiones para emitir su voto individual, el cual fue depositado en una urna transparente instalada en el recinto parlamentario. Uno a uno, los diputados acudieron a registrar su decisión mientras se desarrollaba el conteo correspondiente.

Durante la jornada de votación también se realizaron gestiones políticas dentro del recinto legislativo. El cabildeo de los secretarios de los distintos grupos parlamentarios fue encabezado por Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, quien operó el respaldo en favor de Hernández Palacios.

Al concluir el escrutinio, la Mesa Directiva informó el resultado final de la elección. Aureliano Hernández Palacios Cardel obtuvo 472 votos, cifra que superó ampliamente la mayoría calificada requerida de dos terceras partes de los legisladores presentes.

En la misma votación, Luis Miguel Martínez Anzures obtuvo seis sufragios, mientras que Elizabeth Barba Villafán, funcionaria de la Fiscalía General de la República y única mujer de la terna, recibió menos votos. También se registraron dos votos nulos durante el proceso.

Tras confirmar el resultado, la presidencia de la Cámara de Diputados anunció que Hernández Palacios asumirá el cargo a partir del 15 de marzo, fecha en la que iniciará formalmente su gestión al frente de la Auditoría Superior de la Federación.

El nuevo titular sustituirá a David Colmenares, quien concluye su periodo de ocho años al frente del órgano fiscalizador. Posteriormente, la Mesa Directiva designó una comisión de legisladores encargada de acompañar al funcionario electo para rendir protesta ante el pleno.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es economista y es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México a partir de enero de 2022.

Con esta votación, la Cámara de Diputados definió al funcionario que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante los próximos ocho años, organismo responsable de revisar las cuentas públicas y supervisar el ejercicio del gasto federal.

La Cámara de Diputados de México inició el proceso de entrevistas para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y supervisar la correcta aplicación del gasto del gobierno. En esta etapa, legisladores revisan perfiles y trayectorias de los aspirantes que buscan dirigir la institución responsable de la rendición de cuentas en el país.

El proceso ha generado debate por la participación de la magistrada Natalia Téllez, quien compite por el cargo pese a haber sido candidata en la elección judicial del año pasado para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La discusión surge debido a que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas establece como requisito no haber sido postulado para un cargo de elección popular durante el año previo al nombramiento.

Durante su comparecencia ante legisladores, el diputado del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, planteó un escenario hipotético: si se produjera la ausencia de una ministra en la Suprema Corte, ¿optaría por ese puesto o por dirigir la ASF? La magistrada respondió que no dejaría sin conducción a una institución que consideró fundamental para la fiscalización del gasto público.

En la elección judicial pasada, Téllez obtuvo 2 millones 303 mil 18 votos, resultado que la colocó por debajo de Sara Irene Herrerías y en el sexto lugar entre las candidatas mujeres, posición que la mantiene como posible integrante del máximo tribunal en caso de una vacante femenina.

Téllez fue designada en abril de 2021 como magistrada de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de 15 años. Su nombramiento fue aprobado por el Senado con 96 votos a favor y 21 en contra, en una sesión donde legisladores de oposición cuestionaron el procedimiento, debate que fue respondido por el entonces coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al presentar el acuerdo que respaldaba la designación.

Ante los cuestionamientos sobre su elegibilidad para la ASF, la magistrada envió el 2 de marzo una carta a los diputados encargados del proceso. En el documento argumentó que la candidatura a ministra de la Suprema Corte no debe considerarse técnicamente un cargo de elección popular dentro del sistema constitucional mexicano, por lo que —según su postura— la restricción legal no aplicaría en su caso.

Desde la tribuna del Senado, la legisladora de Morena, Nora Ruvalcaba, pidió que la actual fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, sea excluida del proceso para encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al señalarla por presunta omisión en la investigación de irregularidades relacionadas con un parque fotovoltaico en Aguascalientes.

Ruvalcaba sostuvo que en 2019 el municipio de Aguascalientes firmó un contrato con la empresa Next Energy para abastecer de electricidad a 55 mil luminarias que, según afirmó, fueron adquiridas a sobreprecio. Indicó que el acuerdo debió cancelarse; sin embargo, en 2020 fue modificado para ampliar su alcance y suministrar energía destinada a la extracción de agua de pozos municipales a través de un parque fotovoltaico que, aseguró, no se construyó.

En su intervención, la senadora afirmó que, pese a que “no se ha generado ni un solo watts”, el municipio ha pagado casi 2 mil millones de pesos desde entonces. Detalló que en 2022 se presentaron denuncias ante la FGR, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía Anticorrupción. Según su dicho, dicha instancia no emprendió acciones de investigación ni ejerció acciones para procurar justicia.

La morenista agregó que un día antes de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la FGR, la fiscal María de la Luz Mijangos Borja se declaró incompetente para conocer del caso y remitió el expediente a la Fiscalía Estatal de Aguascalientes.

Durante su posicionamiento, Ruvalcaba advirtió a la Cámara de Diputados —instancia que lleva a cabo el proceso de selección del próximo titular de la ASF— que la actual fiscal anticorrupción figura entre las aspirantes al cargo. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación tiene como función fiscalizar el uso de los recursos públicos, por lo que, afirmó, no debería quedar en manos de quien, a su juicio, no actuó frente a denuncias relacionadas con el manejo de dinero público.

La senadora, quien fue candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes en 2016, reiteró sus señalamientos sobre la falta de actuación en el caso del proyecto fotovoltaico y pidió que se valore su desempeño dentro del proceso de designación en curso.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 66 millones 563 mil pesos en el ejercicio de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionadas con materiales, suministros y servicios generales utilizados durante el Proceso Electoral 2023-2024 y en los comicios extraordinarios del Poder Judicial.

La observación forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, en la que el órgano fiscalizador examinó cuatro partidas presupuestales vinculadas con los capítulos de Materiales y Suministros, así como de Servicios Generales. Como resultado, determinó que el instituto deberá aclarar el uso y comprobación de los recursos señalados.

En el análisis del Proceso Electoral 2023-2024, la ASF identificó pagos por 63.2 millones de pesos por concepto de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral. Sin embargo, el informe advierte que no se integró documentación completa que acredite la prestación efectiva del servicio contratado.

En lo que respecta al Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial 2024-2025, el ente auditor reportó la falta de documentos que respalden la recepción, uso y destino de materiales didácticos por un monto de un millón 70 mil pesos. Esta observación se suma a otras inconsistencias detectadas en la comprobación del gasto.

Asimismo, la ASF señaló que no se acreditó el uso adecuado de vehículos arrendados para fines distintos a los autorizados, por los cuales se erogaron 2 millones 250 mil 700 pesos. El órgano fiscalizador indicó que no se presentó evidencia suficiente para justificar el destino de dichas unidades.

En el mismo informe, la Auditoría reportó que el INE pagó 793.9 millones de pesos por boletas y materiales didácticos y de simulacro correspondientes al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Aunque en la documentación se asentó que estos insumos fueron recibidos en tiempo y forma en 2024, el reporte indica que su producción, suministro y entrega se realizó hasta 2025.

Las observaciones emitidas implican que el instituto deberá presentar la información y documentación necesaria para solventar los señalamientos y comprobar el ejercicio de los recursos públicos en los rubros revisados.

La agrupación digital 4T Transparente presentó un desmentido documentado frente a los señalamientos que intentaron vincular a Konkistolo, Abastémade, FamilyDuck, Grupo Pelmu y Todólogos.com con presuntas irregularidades en contratos relacionados con Alimentación para el Bienestar, antes Diconsa.

En un análisis difundido públicamente, 4T Transparente sostuvo que los señalamientos carecen de resoluciones administrativas, sentencias judiciales o determinaciones formales de autoridad competente. La narrativa mediática, afirmó la agrupación, no se sostiene jurídicamente.

El reportaje original fue difundido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pero de acuerdo con la revisión presentada por 4T Transparente, no existen elementos oficiales que acrediten corrupción, ilegalidad o daño al erario público.

“Empresas fantasma”: acusación sin respaldo legal

Uno de los puntos centrales fue la etiqueta de “empresas fantasma” atribuida a Konkistolo, Abastémade, FamilyDuck, Grupo Pelmu y Todólogos.com.

Sin embargo, el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), citado por 4T Transparente, establece que:

• Las empresas cumplieron con obligaciones fiscales y patronales.
• Declararon los ingresos derivados de contratos.
• No se encuentran en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Además, la ASF realizó diligencias en domicilios fiscales vigentes, lo que confirma su reconocimiento administrativo. Según la agrupación, el señalamiento se construyó a partir de visitas a domicilios desactualizados, sin verificación previa ante el SAT.

4T Transparente calificó esta imputación como una conclusión sin sustento legal.

Contratos en 2025: datos oficiales

Respecto a la supuesta operación generalizada en 2025, la agrupación indicó que la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia confirma que únicamente dos de las empresas celebraron contratos ese año, tal como fue informado oficialmente el 25 de agosto de 2025.

Para 4T Transparente, generalizar contratos inexistentes constituye una distorsión que impacta la percepción pública en un tema de alta sensibilidad política nacional.

ASF: fiscalización no equivale a culpabilidad

Otro punto del desmentido subraya que la Auditoría Superior de la Federación no impuso multas, no acreditó daño patrimonial ni inició procedimientos de responsabilidad derivados de estos contratos.

La agrupación enfatizó que la existencia de una auditoría no implica corrupción, y que presentar la fiscalización como prueba de ilegalidad constituye una narrativa engañosa.

Comercializadoras integrales y adjudicación directa

En su posicionamiento, 4T Transparente explicó que la figura de comercializadora integral es legal y común en el mercado, especialmente cuando se requiere diversidad de insumos para programas sociales.

Asimismo, recordó que la adjudicación directa está prevista en la Ley de Adquisiciones desde hace décadas y ha sido utilizada por distintos gobiernos para garantizar rapidez y continuidad, particularmente en contextos de emergencia.

Presentar estos mecanismos como anomalías, sostuvo la agrupación, descontextualiza su fundamento jurídico.

Comparación con Segalmex: contextos distintos

El desmentido también rechaza la comparación con el caso de Segalmex, donde sí existieron sanciones y procesos penales.

En contraste, en los contratos relacionados con Konkistolo, Abastémade, FamilyDuck, Grupo Pelmu y Todólogos.com, no existe sanción ni acreditación de daño patrimonial.

Para 4T Transparente, la equiparación responde más a una narrativa política que a un análisis jurídico.

Defensa ante una campaña dolosa

En su mensaje final, la agrupación señaló que las empresas fueron colocadas en el centro de una campaña que construyó sospechas sin resoluciones formales, afectando su reputación sin sustento legal.

También cuestionó la posible vulneración a la normativa de protección de datos personales al difundir información no indispensable para el interés público.

Mientras no existan sanciones ni determinaciones oficiales que acrediten ilegalidad, concluye el desmentido, las acusaciones contra Konkistolo, Abastémade, FamilyDuck, Grupo Pelmu y Todólogos.com carecen de respaldo jurídico y forman parte de una narrativa que no se sostiene frente a la evidencia documental presentada.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Guerrero desmintió la existencia de una supuesta “carta de liberación” relacionada con el proceso de revisión a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La dependencia precisó que el procedimiento de fiscalización continúa vigente y se desarrolla conforme a lo establecido en la ley.

La aclaración se emitió luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre una presunta exención o cierre del procedimiento en favor de la presidenta municipal. Ante ello, la ASF señaló que dicha información es incorrecta y responde a una confusión de términos sobre el alcance real de la revisión en curso.

En un comunicado oficial, la auditoría reiteró que su actuación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad en el uso de los recursos públicos. “La ASF reitera su postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado”, indicó la institución.

La ASF explicó que el proceso al que se ha hecho referencia corresponde a una revisión del Ramo 28, relativo a las Participaciones Federales, y no a una supuesta “carta de liberación”, como se había informado. En ese sentido, puntualizó que no existe ningún documento que exonere o concluya de manera anticipada el procedimiento de fiscalización relacionado con el Ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, la dependencia detalló que se inició un proceso de fiscalización específico al municipio en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Esta revisión forma parte de las atribuciones legales de la ASF y se centra en conceptos distintos a los que han sido mencionados en algunas publicaciones.

La auditoría subrayó que todas las acciones emprendidas se realizan respetando el debido proceso y con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En ese contexto, aclaró que la revisión en curso no implica una resolución definitiva, sino una etapa dentro del procedimiento de fiscalización establecido en la normatividad vigente.

La aclaración de la ASF se da en el marco de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López. Al respecto, la auditoría local señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre dicho recurso.

Con esta postura, la ASF de Guerrero reafirmó que el proceso de fiscalización continúa y que no existe, hasta el momento, ninguna determinación que implique la liberación o conclusión del caso relacionado con la revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, desestimó las 37 denuncias presentadas en su contra por la diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, quien lo acusó de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, por un monto cercano a los 700 millones de pesos.

López Hernández aseguró que las acusaciones tienen un trasfondo político y que forman parte de una estrategia mediática impulsada por sus adversarios. “Desde luego que hay trasfondos políticos en todo ello. Ahora andan haciendo una serie de reportajes. Y hay una señora que presentó 50 denuncias, que me acusa de que la Auditoría detectó irregularidades por 600 millones de pesos a los tres años que yo fui gobernador”,señaló el legislador morenista.

El exgobernador explicó que el presupuesto total de Tabasco durante su administración fue de aproximadamente 180 mil millones de pesos en tres años, por lo que, según él, las supuestas irregularidades representan una proporción mínima y dentro de lo que podría considerarse normal en cualquier ejercicio administrativo. “Normalmente en todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades administrativas mínimas. Entonces que estudien bien y que vean a quién corresponden esas irregularidades, si es que las hay”, afirmó.

Las denuncias interpuestas por la diputada Pérez-Jaén ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen presunto daño al erario y falta de comprobación de recursos públicos. La legisladora panista aseguró haber presentado pruebas documentales que respaldan los señalamientos, derivados de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En paralelo, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) difundió —y posteriormente eliminó— un comunicado en redes sociales donde solicitaba investigar el patrimonio del senador morenista. Ante ello, López Hernández aseguró estar tranquilo y sostuvo que ya ha explicado el origen de sus bienes y su situación fiscal. “Ya leí por ahí que alguien decía que nadie los había presionado. Yo creo que están en su derecho y que soliciten a las autoridades correspondientes el que esto se informe”, comentó.

El senador insistió en que ha sido transparente con sus declaraciones patrimoniales y fiscales. “He sido suficientemente claro, he explicado lo que he presentado tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre versiones que apuntan a un posible acercamiento del exsenador panista Roberto Gil Zuarth y del exsecretario de Gobernación priista Miguel Ángel Osorio Chong con Morena, Adán Augusto López afirmó no tener información al respecto. “No tengo conocimiento de que eso sea cierto”, dijo, luego de que su compañero de bancada, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que ambos políticos habrían mostrado interés en sumarse al partido guinda de cara al proceso electoral de 2024.

López Hernández reiteró que continuará trabajando desde el Senado en los temas legislativos y aseguró que las denuncias presentadas en su contra no lo distraerán de su labor política ni de las tareas de coordinación al interior del grupo parlamentario de Morena.

Irregularidades por más de un millón 205 mil pesos fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en hospitales operados por IMSS-Bienestar, como parte de la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2024. El análisis se enfocó en el programa de Equipamiento de Unidades Hospitalarias de Alta Especialidad, que involucró recursos auditados por 447 millones 339 mil pesos.

Entre los hospitales señalados por fallas en la administración, uso o mantenimiento de equipo médico, destacan el Hospital General de Huamantla en Tlaxcala, el Hospital Materno Infantil de Mexicali en Baja California, y el Hospital General de Tijuana.

El Hospital General de Huamantla concentró el mayor número de observaciones. La ASF reportó que un electrocardiógrafo multicanal adquirido por 338 mil pesos no se encuentra en funcionamiento. Además, tres equipos de este tipo fueron transferidos de manera irregular al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. También se identificó un audiómetro de campo libre que no está en uso porque no hay personal especializado para operarlo.

La auditoría apuntó que IMSS-Bienestar no aplicó sanciones económicas por 707 mil pesos a cuatro proveedores responsables del mantenimiento de 19 equipos médicos, incumplimiento que permanece sin consecuencias contractuales.

En Mexicali, el Hospital Materno Infantil recibió observaciones por el incumplimiento del proveedor EMCYHH, S. de R.L. de C.V., quien no realizó mantenimiento preventivo a siete equipos de anestesia básica, con un costo conjunto de casi 483 mil pesos.

Por su parte, el Hospital General de Tijuana fue señalado porque no se localizó una báscula electrónica con valor de 16 mil pesos. La ASF concluyó que el equipo no se encuentra físicamente en el inventario del hospital, lo que constituye una falta de control patrimonial.

El informe, registrado bajo el folio 2024-1-47AYO-19-0411-2025, derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, lo que podría abrir procedimientos contra funcionarios responsables del manejo del equipamiento hospitalario.

Además de las fallas específicas por hospital, el informe expone que el IMSS-Bienestar no acreditó el registro contable del alta de 164 bienes adquiridos mediante el Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), por un monto de 226 millones de pesos.

La auditoría también indicó que no existen procedimientos estandarizados para la recepción, resguardo y control de alta y baja de equipos médicos en las unidades hospitalarias fiscalizadas. Esta ausencia de lineamientos compromete la trazabilidad y el uso adecuado de los recursos públicos asignados al sector salud.

La revisión de la ASF se mantiene como una herramienta clave para la rendición de cuentas del gasto federalizado y el funcionamiento del sistema IMSS-Bienestar en su etapa de consolidación como operador principal de servicios de salud pública en el país.