Un juez de control emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. La medida también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 agentes de la Policía Estatal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el juez otorgó los mandamientos judiciales al considerar que existen elementos suficientes para presumir la participación de los señalados en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Los hechos se remontan a un operativo ordenado el 5 de abril de 2017, cuando, de acuerdo con la fiscalía, Aureoles habría instruido a Corona Martínez desplegar fuerzas policiales en Arantepacua con el objetivo de recuperar aproximadamente un centenar de vehículos retenidos por habitantes indígenas. La protesta respondía a un conflicto territorial con la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan.

Durante el ingreso de los agentes de la entonces denominada Policía Michoacán, se registró un enfrentamiento en el acceso al poblado. El saldo fue de cuatro indígenas muertos por disparos —entre ellos un menor de edad—, 31 personas heridas por golpes o impactos de bala y 38 detenidos. Un elemento policial también falleció en el operativo.

Años después, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal, así como actos constitutivos de tortura, afectaciones al derecho de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia en perjuicio de la comunidad indígena. Además, el organismo señaló que elementos policiales realizaron cateos ilegales en 56 viviendas del poblado. 

Tras los hechos, la administración estatal encabezada por Aureoles atribuyó la violencia al narcotraficante Benito Morales Jiménez, conocido como “El Beny”, identificado entonces como líder regional del cártel de Los Viagras, a quien acusaron de atacar a los policías durante el ingreso. Sin embargo, “El Beny” no fue detenido.

Posteriormente, el juez de control Juan Salvador Alonso Mejía ordenó la liberación de los indígenas detenidos, luego de que la defensa acreditó que el gobierno estatal había sembrado armas de fuego y fabricado pruebas.

Esta nueva orden judicial se suma a otro proceso que enfrenta Silvano Aureoles por el presunto desvío de más de mil millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. Por este caso ya se encuentran detenidos Carlos Maldonado Mendoza, Antonio Bernal Bustamante, Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda, mientras que Juan Bernardo Corona también cuenta con orden de aprehensión relacionada con ese expediente.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en Guerrero desmintió la existencia de una supuesta “carta de liberación” relacionada con el proceso de revisión a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La dependencia precisó que el procedimiento de fiscalización continúa vigente y se desarrolla conforme a lo establecido en la ley.

La aclaración se emitió luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre una presunta exención o cierre del procedimiento en favor de la presidenta municipal. Ante ello, la ASF señaló que dicha información es incorrecta y responde a una confusión de términos sobre el alcance real de la revisión en curso.

En un comunicado oficial, la auditoría reiteró que su actuación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normatividad en el uso de los recursos públicos. “La ASF reitera su postura por hacer cumplir la ley respecto a la fiscalización de los recursos que utilizan todos los entes públicos en estricto apego a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en el estado”, indicó la institución.

La ASF explicó que el proceso al que se ha hecho referencia corresponde a una revisión del Ramo 28, relativo a las Participaciones Federales, y no a una supuesta “carta de liberación”, como se había informado. En ese sentido, puntualizó que no existe ningún documento que exonere o concluya de manera anticipada el procedimiento de fiscalización relacionado con el Ayuntamiento de Acapulco.

Asimismo, la dependencia detalló que se inició un proceso de fiscalización específico al municipio en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Esta revisión forma parte de las atribuciones legales de la ASF y se centra en conceptos distintos a los que han sido mencionados en algunas publicaciones.

La auditoría subrayó que todas las acciones emprendidas se realizan respetando el debido proceso y con el objetivo de fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. En ese contexto, aclaró que la revisión en curso no implica una resolución definitiva, sino una etapa dentro del procedimiento de fiscalización establecido en la normatividad vigente.

La aclaración de la ASF se da en el marco de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Acapulco, encabezado por Abelina López. Al respecto, la auditoría local señaló que se mantendrá atenta y acatará la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre dicho recurso.

Con esta postura, la ASF de Guerrero reafirmó que el proceso de fiscalización continúa y que no existe, hasta el momento, ninguna determinación que implique la liberación o conclusión del caso relacionado con la revisión de la Cuenta Pública 2023 del municipio de Acapulco.