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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos meses comenzará el proceso de aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida como “Ley Telecom”, la cual fue publicada el año pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su aprobación en el Congreso de la Unión. El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria informó que el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino, acudirá próximamente a la conferencia presidencial para explicar de manera detallada cómo se implementarán las disposiciones de esta legislación. Señaló que esta presentación permitirá dar a conocer el proceso de aplicación de la ley y su alcance dentro del nuevo marco normativo.

Sheinbaum explicó que la reforma tiene como uno de sus ejes principales garantizar el derecho de las audiencias y fortalecer el acceso a información adecuada. Indicó que la legislación contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan manifestar cuando consideren que no están recibiendo información correcta. “Ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información (…) ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo”, afirmó.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el DOF en medio de un debate público en el que se expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos de censura y espionaje. Uno de los puntos más controvertidos durante la discusión fue el artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de ordenar el bloqueo temporal de plataformas digitales.

Ante los señalamientos realizados por diversos sectores, dicho artículo fue eliminado del texto final de la ley. La presidenta explicó que este ajuste respondió a las críticas surgidas durante el proceso legislativo y reiteró que su gobierno no tiene intención de aplicar medidas de censura ni de espionaje.

Sheinbaum subrayó que la reforma busca actualizar el marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con énfasis en la protección del derecho a la información y de las audiencias. Añadió que la próxima explicación por parte de la Agencia de Transformación Digital permitirá conocer las etapas previstas para la implementación de la Ley Telecom en los próximos meses.

Durante un periodo extraordinario de sesiones, el Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 77 votos a favor y 30 en contra. La propuesta legislativa impulsada por Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, tras una sesión marcada por intensos debates y posturas encontradas.

En la discusión se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aprobaron cuatro. Dos fueron propuestas por el senador Javier Corral, dirigidas al artículo 10 y al noveno transitorio, mientras que las otras dos, impulsadas por Ricardo Sheffield, otorgan facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para evitar el encarecimiento de los equipos de telefonía móvil.

El dictamen eliminó el artículo 109, que contemplaba el bloqueo de plataformas digitales. La modificación fue destacada en tribuna por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien señaló que este cambio respondió a la presión de la sociedad civil, expertos y ciudadanos organizados.

El PAN y el PRI mantuvieron su rechazo al dictamen, argumentando que se preservan medidas que podrían traducirse en censura y vigilancia indebida. Anaya expresó que la suspensión precautoria de transmisiones de radio y televisión no se limita a casos específicos, como la protección de la niñez, y alertó sobre la permanencia del registro obligatorio de líneas móviles.

En respuesta, el senador Manuel Huerta, de Morena, aclaró que la ley “no espía, no persigue, no censura” y que su propósito es garantizar que la comunicación digital esté al servicio del pueblo.

Por su parte, Alejandro Moreno, presidente del PRI, calificó la ley como “una guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático” y señaló que pretende controlar los medios, limitar a la oposición y vigilar a los ciudadanos.

Desde otra óptica, el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, precisó que el registro de telefonía móvil no es una medida nueva, ya que figura desde antes en el artículo 190 de la legislación vigente.

El nuevo dictamen también elimina la censura previa a contenidos internacionales por parte de la Secretaría de Gobernación y establece la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo independiente con autonomía técnica y operativa, integrado por cinco personas propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado. Sus funciones abarcarán autorización, vigilancia, regulación y sanción en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Sobre la legalidad de estos nombramientos, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que podrían ser inconstitucionales al no estar contemplados dentro de las atribuciones del Senado según el artículo 76 de la Carta Magna.

Además, la ley determina que la autoridad competente en temas de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía y trabajará junto con tribunales especializados.

La Agencia de Transformación Digital conducirá las políticas públicas para ampliar la cobertura social, impulsar el acceso satelital y aprovechar el espectro radioeléctrico. El Estado podrá participar como proveedor comercial en condiciones equitativas, sin descuidar su misión social.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, en una sesión decisiva que consolidó el respaldo mayoritario de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue avalado con múltiples cambios respecto a su versión original y generó reacciones diversas dentro del recinto legislativo.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la definición expresa sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La versión anterior establecía que estas serían disciplinadas, profesionales y civiles, y que su actuación debía regirse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Ese fragmento fue suprimido en la nueva redacción, mientras se ratificó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal, bajo adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación basada en doctrina policial civil.

Además, el dictamen retiró la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, lo cual fue señalado por legisladores como una concesión menor. A pesar de esa eliminación, continúa la preocupación entre diputados por la posibilidad de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, sin requerimiento de orden judicial, prevista en el proyecto paralelo de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se debatirá próximamente.

La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública facultades adicionales, entre ellas, la capacidad de suspender recursos en materia de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos de coordinación. Esta medida fue calificada por algunos legisladores como una centralización excesiva del poder y como un instrumento que podría someter a las entidades a decisiones federales de manera unilateral.

Durante la sesión, representantes de diversas bancadas fijaron postura. El diputado César Damián, del PAN, expresó que su grupo parlamentario votaría a favor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero rechazaría la del Sistema de Inteligencia, debido a preocupaciones por posibles mecanismos de vigilancia sin control judicial. Advirtió sobre el fortalecimiento de lo que denominó “el monstruo del espionaje”.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la aparente eliminación del registro de usuarios de líneas telefónicas, señalando que la Agencia de Transformación Digital mantiene el control de la información. También subrayó que el acceso sin restricciones a datos sigue contemplado en la ley de inteligencia próxima a discutirse.

Por parte del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó el voto en contra de su bancada, señalando como grave la eliminación del carácter civil en la definición de seguridad pública, así como las modificaciones de última hora al dictamen. Consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fue dotado de un poder que va más allá de su función articuladora, al poder incluso condicionar los recursos a gobiernos locales.

En la misma sesión se anticipó que la discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia tendría lugar ese mismo día. Las implicaciones de ambos proyectos continúan generando análisis entre legisladores, especialistas y organizaciones civiles, por su posible impacto en derechos ciudadanos y equilibrios institucionales.

La aprobación se da en un contexto político clave, marcado por la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y podría reconfigurar la estructura y funciones de seguridad en el país de forma profunda.

El Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos con 75 votos a favor —provenientes de Morena y aliados— y 37 en contra, emitidos por la oposición. Esta reforma establece el uso del mecanismo LlaveMX como plataforma única de acceso a trámites y servicios públicos digitales.

La iniciativa prevé sustituir trámites presenciales por digitales, fusionar procesos relacionados y promover pagos en línea. También busca eliminar intermediarios y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión gubernamental. De acuerdo con la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la ley representa una oportunidad para simplificar procesos, ahorrar recursos y garantizar mayor accesibilidad y transparencia para la ciudadanía.

Valdez subrayó que esta transformación permitirá la optimización administrativa entre dependencias, reduciendo tiempos y costos, al tiempo que fortalece la atención directa a la población. El mecanismo LlaveMX fungirá como una credencial digital unificada, válida en todos los niveles del gobierno federal.

Durante la discusión en el pleno, la bancada opositora expresó desacuerdos sustanciales. La senadora Laura Esquivel, del PAN, indicó que esta legislación no busca agilizar trámites, sino “concentrar el poder y la información” en una sola entidad, sin contrapesos ni protección suficiente para los datos personales. Desde su postura, la centralización representaría un riesgo para el equilibrio del federalismo.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, añadió que la iniciativa parece moderna y funcional, pero constituye “un paso irreversible hacia el control, la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo”. Señaló que la ley entrega al gobierno la capacidad de administrar sin regulación la identidad digital de los mexicanos.

Según Sánchez, esta ley “significa poner nuestra identidad al servicio del poder para que se use sin control alguno”, y calificó de obligatorio el registro de la población en el sistema. Señaló que una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital— tendrá el control de los trámites y el historial ciudadano.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley no solo podría vulnerar los datos personales de millones de ciudadanos, sino también entrar en conflicto con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 19, relacionado con la protección de la información digital.

Anaya agregó que el proyecto demandará una alta inversión pública en infraestructura tecnológica, recursos que actualmente no están disponibles en el presupuesto gubernamental. También destacó que la falta de garantías técnicas y jurídicas expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios.

Con esta reforma, la Agencia de Transformación Digital obtendrá un papel central en la administración pública digital, y será la responsable de coordinar todos los trámites en línea del país. La ley pasará ahora a su fase de aplicación y evaluación, en medio de un debate que mantiene latente la discusión sobre tecnología, derechos digitales y límites del poder estatal.