Castigan a exfuncionarios del Banco del Bienestar y SAT por irregularidades y desvío de recursos

Cuatro exservidores públicos vinculados al Banco del Bienestar y al Servicio de Administración Tributaria fueron sancionados por faltas administrativas graves, luego de que autoridades detectaran operaciones irregulares mientras desempeñaban funciones dentro de ambas instituciones.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió imponer inhabilitaciones y multas económicas contra los involucrados, quienes laboraban en los Órganos Internos de Control de dichas dependencias.

De acuerdo con la investigación, tres de los sancionados participaron en el retiro de recursos de cuentas bancarias sin autorización de los usuarios del Banco del Bienestar. Las operaciones ilegales superaron los 275 mil pesos.

Los exfuncionarios relacionados con este caso fueron identificados como Juan D., Orlando P. y Marco. Los tres recibieron una inhabilitación de 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, además de sanciones económicas.

En un expediente distinto, las autoridades también acreditaron irregularidades cometidas por Víctor R., quien trabajaba en el SAT. Según la información oficial, el exservidor público realizó asignaciones indebidas de citas para trámites fiscales utilizando datos de personas que no aparecían registradas como contribuyentes. Por estos hechos, Víctor R. fue sancionado con una inhabilitación de un año para desempeñar funciones dentro de la administración pública.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló en su comunicado que las sanciones fueron resultado de procedimientos administrativos derivados de conductas cometidas cuando los involucrados aún eran servidores públicos. “El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad”, indicó la dependencia federal al dar a conocer las resoluciones.

Lenia Batres critica en sesión un proyecto que no estaba en discusión y ministros corrigen el error

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

SEP ofreció representación diplomática a Marx Arriaga; rechazó el cargo y será relevado: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que a Marx Arriaga, hasta ahora director de Materiales Educativos de la dependencia, se le propuso ocupar una representación diplomática en un país de Latinoamérica, oferta que fue declinada. La notificación sobre su salida del cargo le fue comunicada el 28 de enero y la transición será efectiva a partir del 15 de febrero.

De acuerdo con el titular de la SEP, el relevo se dio en el contexto de una actualización a los libros de texto. Delgado explicó que, al plantearle ajustes a los materiales, Arriaga manifestó su desacuerdo con cualquier modificación. Ante ese escenario, se le ofreció participar en otra área de la administración pública, incluida la posibilidad de representar a México en el extranjero, alternativa que también rechazó.

Según el funcionario, ambas partes acordaron que, si Arriaga no presentaba su renuncia el 15 de febrero, se procedería conforme a los mecanismos legales para concretar el cambio. La remoción fue formalizada mediante una diligencia coordinada por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, instancia que notificó que la plaza cambiará a la modalidad de libre designación a partir de la fecha señalada.

Delgado reconoció que el procedimiento no se desarrolló de la manera adecuada. Aseguró que no existe cese, suspensión ni desalojo formal, y señaló que no había justificación para la presencia de elementos de seguridad durante el proceso. Indicó que se solicitará al Órgano Interno de Control investigar quién requirió el apoyo del personal de resguardo.

Tras los hechos, Marx Arriaga sostuvo que no había recibido un documento oficial que acreditara su despido conforme a la legislación laboral vigente. Señaló que, mientras no se le entregue una notificación formal, se mantiene en el cargo.

El día anterior, Arriaga fue retirado de su oficina en avenida Universidad por personal de seguridad. En un video difundido por él mismo, se observa un intercambio en el que cuestiona el origen de la orden para que abandonara las instalaciones y pregunta si la instrucción provino directamente del secretario o de otra funcionaria.

Clara Brugada destaca avances en seguridad y programas sociales en su primer informe

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este lunes al Congreso capitalino el primer informe de la administración de Clara Brugada. La entrega formal estuvo a cargo del secretario de Gobierno, César Cravioto, quien acudió en representación de la jefa de Gobierno a la sede legislativa.

En un acto protocolario breve, Cravioto explicó que este informe da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital y representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Adelantó que será el próximo 12 de octubre cuando Brugada acuda personalmente al recinto legislativo a rendir su informe.

“El informe que hoy se entrega da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital de la transformación. Además de atender esta obligación constitucional, la entrega representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración”, declaró Cravioto al subir al estrado.

Tras la entrega, el funcionario subrayó que entre los temas más destacados está la seguridad, donde aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido 60%. Agregó que se han detenido a 500 personas por extorsión y que los homicidios dolosos bajaron de 2.4% el año pasado a 2.1% en lo que va de 2024.

El informe entregado consta de cuatro documentos: el propio informe, un análisis ejecutivo, un compendio estadístico y el reporte de cada una de las alcaldías. Entre los temas centrales se encuentran los programas sociales, como Mercomuna, Desde la Cuna y el apoyo a estudiantes para transporte, así como el avance de proyectos emblemáticos como el Cablebús y las Utopías.

Cravioto reconoció que en tres predios destinados a Utopías persisten conflictos vecinales, aunque descartó retrasos en los proyectos. Añadió que actualmente se atienden los problemas derivados de las lluvias, las más intensas en tres décadas, lo que ha impactado en el bacheo y mantenimiento vial.

“No estamos atorados en nada, bueno, ahora se vino el tema de las lluvias, que es un tema que la verdad, todo lo vemos, nunca lo habíamos percibido así, por lo menos en los últimos 30 años. De todos modos se está trabajando en el bacheo y, pasando las lluvias, estaremos trabajando en el reencarpetamiento”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Jesús Sesma, señaló que el documento será revisado con rigor, destacando áreas como salud, seguridad, movilidad, atención ciudadana y desarrollo social. “Nuestra labor es analizar estas acciones con responsabilidad institucional y un enfoque ciudadano, para garantizar que cada decisión tomada busque mejorar la vida cotidiana de los capitalinos”, puntualizó.

Con la entrega formal, se inicia el proceso de glosa en el Congreso, en el cual se solicitará la comparecencia de integrantes del gabinete de Brugada para detallar los avances de su primer año de gestión.

Procesan a dos exfuncionarios del SAT por presunta corrupción de 172 millones de pesos

Un juez dictó vinculación a proceso contra dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su presunta participación en actos de corrupción que habrían afectado al erario público por aproximadamente 172 millones de pesos.

Se trata de Leopoldo “N”, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén “N”, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal. Ambos son señalados de haber cometido los delitos de uso de documentos falsos, ejercicio indebido del servicio público y actos contra la administración pública mientras desempeñaban altos cargos en el SAT.

Leopoldo Carrillo Werring trabajó en el SAT desde 2002 hasta diciembre de 2018, abarcando las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para dejar el cargo al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Rubén Durán Miranda tuvo una amplia carrera en el sector público entre 2002 y 2019, con labores en el SAT y otras dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el SAT, detectó las irregularidades que presuntamente involucraban a los exfuncionarios. Según el comunicado emitido por la FGR, estas acciones reafirman su política de “cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con fortalecer la recaudación fiscal como parte del proyecto de transformación del país.

“La lucha contra la corrupción es esencial para construir cimientos sólidos en beneficio de los mexicanos y demostrar que las instituciones están combatiendo este flagelo”, destacó la FGR en su declaración.

La vinculación a proceso de ambos exfuncionarios representa un paso significativo en los esfuerzos por garantizar la transparencia en la administración pública y proteger los recursos fiscales del país.

Claudia Sheinbaum confirma a Antonio Martínez como titular del SAT

Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ratificación de Antonio Martínez como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), continuando con el cargo que le fue asignado en 2018 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue nombrado responsable de la Administración General de Grandes Contribuyentes.

Martínez asumió la dirección del SAT en octubre de 2022, por lo que la presidenta electa ha decidido mantenerlo en su puesto, mientras se prepara el nuevo paquete económico para 2024. Este paquete podría incluir nuevos impuestos para los ciudadanos, de acuerdo con las previsiones de la próxima administración.

Antonio Martínez ha tenido una destacada trayectoria dentro del Sistema Financiero Mexicano, donde ha trabajado en áreas clave como la política fiscal y tributaria. Inició su carrera en el sector público bajo la tutela de Margarita Ríos Farjat, actual ministra de la Suprema Corte, y se destacó durante su paso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde se encargó de la supervisión de capital y liquidez de las instituciones financieras.

Martínez llegó al SAT para sustituir a Raquel Buenrostro, quien fue designada como titular de la Secretaría de Economía.