El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

La discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones volvió a encender el debate en el Senado, en un ambiente donde la tensión entre libertad de expresión y regulación estatal tomó el protagonismo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en voz de su presidente José Antonio García Herrera, expresó un contundente rechazo ante lo que considera una propuesta regresiva que afecta directamente a los medios tradicionales, dejando fuera del marco regulatorio a los medios digitales y plataformas globales.

Durante su participación en el último conversatorio organizado en el Senado sobre esta ley, García Herrera calificó la propuesta como una amenaza directa a la democracia mexicana, acusando una sobrerregulación que discrimina a la radio y televisión abierta, mientras que plataformas de streaming, redes sociales y servicios digitales quedan intocables.

La inquietud central radica en la posibilidad de que la Agencia Digital de Transformación y Telecomunicaciones tenga la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de una orden judicial ni ofrecer derecho de audiencia a los medios afectados. Esta medida fue descrita como censura previa, una acción que, según el presidente de la CIRT, vulnera directamente los principios democráticos más elementales.

“El primer derecho que tienen las audiencias es la pluralidad de medios”, expresó con firmeza García Herrera, subrayando que hoy existen múltiples canales y plataformas a disposición del público, lo que, a su juicio, hace innecesarias regulaciones paternalistas que “pretenden decidir por los ciudadanos qué deben o no escuchar”.

El dirigente criticó la propuesta de regresar a la normatividad de 2014, destacando que esta obligaría a los medios electrónicos a separar explícitamente la información de la opinión. Consideró esto como una exigencia impráctica, que entorpecería el trabajo cotidiano de conductores y comunicadores, y que además podría interpretarse como una forma disfrazada de censura.

“No podemos crear una información que atente contra los contenidos de los medios”, afirmó, mencionando incluso como ejemplo las conferencias presidenciales donde se entremezclan datos y opiniones sin mayor distinción. La imposición de criterios rígidos, señaló, rompe con la lógica de los formatos informativos contemporáneos.

El punto más alarmante, según su intervención, radica en la facultad de suspender transmisiones sin un procedimiento judicial. Esto implica, en palabras de García Herrera, una sanción anticipada, sin siquiera conocer el contenido que se busca penalizar. Una medida que, lejos de proteger, pone en jaque a la libertad editorial y a los derechos fundamentales de los medios de comunicación.

“El internet es un arma que permite a cualquier medio internacional ingresar al país”, advirtió, subrayando la desigualdad que existe entre medios nacionales sujetos a regulaciones estrictas y gigantes digitales que operan sin restricciones desde el exterior.

Con un tono firme, concluyó su exposición apelando a la responsabilidad legislativa. “Tenemos que ser muy responsables para determinarlo”, sentenció. Las alarmas están encendidas. La industria de la radio y televisión tradicional lanza un llamado urgente para equilibrar la cancha y evitar que los avances tecnológicos sirvan de excusa para retroceder en materia de libertad de expresión.

La propuesta de ley sigue su curso en el Senado, pero el mensaje de la CIRT ha sido claro: el debate no ha terminado, y los medios tradicionales no piensan quedarse en silencio.

La nueva Ley de Telecomunicaciones avanza con rapidez por el Senado, respaldada por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Estudios Legislativos. Con 29 votos a favor y 9 en contra, el dictamen fue aprobado en menos de dos horas y media y está en ruta hacia el pleno senatorial, antes de su eventual llegada a la Cámara de Diputados.

Morena, PT y Partido Verde cerraron filas para dar el sí a una ley que prohíbe expresamente la propaganda política de gobiernos extranjeros a través de medios digitales y radioeléctricos. Desde la bancada oficialista, el senador morenista José Antonio Álvarez Lima defendió el documento de 311 páginas. Aseguró que se trata de una legislación para garantizar el uso democrático y equitativo del espectro radioeléctrico, sin importar las barreras socioeconómicas, y donde el Estado se posicione como garante de las comunicaciones.

Pero mientras la mayoría celebraba este paso como un avance soberano, en la trinchera opositora la alarma no tardó en sonar. Desde el PAN, Ricardo Anaya lanzó una advertencia: “No es cierto que urgía sacar esto por la emergencia de que nos invadieron con los spots de Trump”. A su juicio, esta reforma representa una “ley censura” que permite a la Agencia de Transformación Digital controlar redes sociales y plataformas digitales sin límites claros. Su preocupación se centra en el artículo 109, que establece facultades de bloqueo en plataformas digitales.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, fue más allá: “Esto no es soberanía. Es control político, total, autoritario, con fachada digital”. Aseguró que la ley se presenta disfrazada de salvación y comparó sus implicaciones con regímenes autoritarios. La censura, señaló, no entra gritando, entra disfrazada de protección.

Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa. Alejandro Barrales cuestionó la rapidez con la que se aprobó el dictamen, que regula todo el espacio radioeléctrico y las redes sociales. Alertó que se pretende otorgar atribuciones a la Agencia de Transformación Digital para que esta determine qué contenidos pueden ser bloqueados, lo que calificó como “un claro asalto a la libertad de expresión”.

Aunque la narrativa oficial subraya que esta ley busca proteger a la población del contenido político extranjero, las críticas sobre su trasfondo no se detienen. Señalamientos por concentración de poder, censura encubierta y control total de la narrativa digital circulan con fuerza entre la oposición.

El Senado se prepara para una votación definitiva que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones en el país. El reloj legislativo corre, y la atención nacional ya está puesta sobre el próximo paso de esta polémica reforma.