1,600 militares refuerzan seguridad en Sinaloa tras hechos de violencia y ataque a legisladores

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

Senado aprueba LlaveMX, nueva ley digital que divide al Senado por riesgos a la privacidad

El Senado de la República aprobó la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos con 75 votos a favor —provenientes de Morena y aliados— y 37 en contra, emitidos por la oposición. Esta reforma establece el uso del mecanismo LlaveMX como plataforma única de acceso a trámites y servicios públicos digitales.

La iniciativa prevé sustituir trámites presenciales por digitales, fusionar procesos relacionados y promover pagos en línea. También busca eliminar intermediarios y reducir espacios de discrecionalidad en la gestión gubernamental. De acuerdo con la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación, la ley representa una oportunidad para simplificar procesos, ahorrar recursos y garantizar mayor accesibilidad y transparencia para la ciudadanía.

Valdez subrayó que esta transformación permitirá la optimización administrativa entre dependencias, reduciendo tiempos y costos, al tiempo que fortalece la atención directa a la población. El mecanismo LlaveMX fungirá como una credencial digital unificada, válida en todos los niveles del gobierno federal.

Durante la discusión en el pleno, la bancada opositora expresó desacuerdos sustanciales. La senadora Laura Esquivel, del PAN, indicó que esta legislación no busca agilizar trámites, sino “concentrar el poder y la información” en una sola entidad, sin contrapesos ni protección suficiente para los datos personales. Desde su postura, la centralización representaría un riesgo para el equilibrio del federalismo.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, añadió que la iniciativa parece moderna y funcional, pero constituye “un paso irreversible hacia el control, la centralización, el espionaje masivo y la muerte del federalismo”. Señaló que la ley entrega al gobierno la capacidad de administrar sin regulación la identidad digital de los mexicanos.

Según Sánchez, esta ley “significa poner nuestra identidad al servicio del poder para que se use sin control alguno”, y calificó de obligatorio el registro de la población en el sistema. Señaló que una sola agencia —la Agencia de Transformación Digital— tendrá el control de los trámites y el historial ciudadano.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya advirtió que la ley no solo podría vulnerar los datos personales de millones de ciudadanos, sino también entrar en conflicto con el Tratado de Libre Comercio en su artículo 19, relacionado con la protección de la información digital.

Anaya agregó que el proyecto demandará una alta inversión pública en infraestructura tecnológica, recursos que actualmente no están disponibles en el presupuesto gubernamental. También destacó que la falta de garantías técnicas y jurídicas expone a la ciudadanía a riesgos innecesarios.

Con esta reforma, la Agencia de Transformación Digital obtendrá un papel central en la administración pública digital, y será la responsable de coordinar todos los trámites en línea del país. La ley pasará ahora a su fase de aplicación y evaluación, en medio de un debate que mantiene latente la discusión sobre tecnología, derechos digitales y límites del poder estatal.