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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propuesto un conjunto de 30 modificaciones a la reforma de la Ley del Infonavit aprobada previamente por el Senado. Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia, garantizar la equidad en la toma de decisiones y brindar mayor protección a los derechos de los trabajadores.

 

Entre los principales cambios, destaca la obligación de la Dirección General del Instituto de publicar en su página web información actualizada y precisa sobre aspectos financieros, administrativos y operativos. Este punto es crucial para ofrecer a los derechohabientes una visión clara del estado del Fondo de Vivienda y de los proyectos de construcción.

 

Monreal también subraya la importancia de preservar el equilibrio histórico en la gobernanza del Infonavit mediante la integración tripartita de sus órganos. En este sentido, plantea ajustar la composición de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría para que cada sector –gobierno, trabajadores y empresarios– tenga la misma representación, evitando la predominancia de uno sobre los otros.

 

Un elemento central de su propuesta es blindar las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores. Estas serán consideradas inviolables, lo que significa que no estarán sujetas a auditorías o fiscalizaciones. Este enfoque responde a las inquietudes expresadas por representantes sindicales y trabajadores, quienes buscan mayor seguridad en la gestión de sus recursos.

 

Otro punto relevante es la modificación del plazo para la creación de una empresa filial que coordine la construcción de viviendas. Inicialmente prevista para finales de 2024, Monreal propone extender el plazo hasta febrero de 2025, permitiendo una planificación más detallada y adecuada a las nuevas normativas.

 

En cuanto a la fiscalización, el proyecto establece que será responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando un escrutinio riguroso e independiente del Instituto como organismo fiscal autónomo. Asimismo, los proyectos de vivienda aprobados antes del 1 de julio de 2023 serán cancelados, aunque los promoventes tendrán 30 días para presentar propuestas alineadas a las nuevas reglas.

 

Con estas modificaciones, la reforma pretende reforzar la confianza en el Infonavit como una institución al servicio de los trabajadores, promoviendo transparencia y equilibrio en su funcionamiento. Se prevé que las propuestas sean discutidas en comisiones el próximo jueves y turnadas al pleno en febrero, antes de ser enviadas nuevamente al Senado para su aprobación final.

 

La iniciativa liderada por Monreal busca no solo modernizar el marco jurídico del Infonavit, sino también proteger los intereses de los trabajadores y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

Con una votación mayoritaria de 389 a favor y 65 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma crucial para regular el trabajo en plataformas digitales. Tras una sesión que apenas superó los 40 minutos de debate, la iniciativa fue enviada al Senado y promete cambiar el panorama laboral para miles de repartidores y conductores.

 

La reforma modifica los artículos 49, 50, 127 y 997 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar derechos básicos a quienes operan en aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi. Entre los beneficios más destacados está el acceso al reparto de utilidades y la posibilidad de ser atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de accidente.

 

Esta medida llega en un momento de tensión entre los trabajadores de plataformas y las empresas que los contratan. “La reforma es necesaria, pero debe equilibrarse con las condiciones reales del trabajo digital”, advirtió Luis García, representante de Alianza In México, una asociación que agrupa a DiDi, Rappi y Uber. La organización exhortó a los legisladores a establecer un diálogo más amplio e incluyente para evitar confusiones fiscales y operativas.

 

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de diciembre, busca establecer un régimen de garantías laborales, acceso a salud y vivienda para los trabajadores digitales. Sin embargo, no todos están convencidos de que la implementación sea tan simple como suena.

 

El IMSS tendrá un plazo de 180 días para definir los lineamientos del programa piloto que asegure a estos trabajadores. “El cambio es histórico, pero no podemos ignorar las complejidades de asegurar a quienes trabajan por su cuenta y a distintos horarios”, comentó Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Uno de los puntos más debatidos es la necesidad de un régimen fiscal claro. Al no tener horarios fijos ni un salario estable, muchos conductores y repartidores temen que la reforma pueda derivar en obligaciones tributarias poco claras. “Nos quieren proteger, pero no saben cómo operamos en realidad”, afirmó Rosa Martínez, repartidora en la Ciudad de México.

 

Empresas como Uber, DiDi y Rappi han mostrado su preocupación por la falta de especificidad en algunos puntos de la reforma. Aseguran que las nuevas disposiciones podrían limitar su operatividad o incrementar los costos del servicio. “La flexibilidad es clave en este trabajo. Si las nuevas reglas no lo respetan, podría haber menos oportunidades para quienes dependen de estas plataformas”, comentó un portavoz de DiDi.

 

Por otro lado, activistas laborales celebran la aprobación como un avance hacia la justicia social. “Estos trabajadores son fundamentales en nuestra economía moderna, pero han estado desprotegidos durante años. Esta reforma es apenas el primer paso”, afirmó Mariana Vázquez, abogada laboral.

 

El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar y, posiblemente, ajustar esta iniciativa. El desenlace podría definir el futuro de miles de trabajadores que, cada día, recorren las calles para mantener en movimiento a las ciudades.

En un giro crucial para la educación judicial en México, el Senado de la República decidió no extinguir la Escuela Judicial Electoral (EJE), institución clave para la formación en materia electoral. La decisión se dio durante la aprobación de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos establecieron su incorporación a la Escuela Nacional de Formación Judicial, garantizando así su continuidad como un centro especializado.

La Escuela Judicial Electoral, dependiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estaba en riesgo de desaparecer según lo planteado en una propuesta inicial de reforma impulsada por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la intervención de figuras como Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, marcó la diferencia.

“El trabajo de esta escuela es esencial para la capacitación y profesionalización en materia electoral, un pilar para la democracia”, expresó Gutiérrez Luna, quien además es egresado de la institución con una maestría y aspirante a un doctorado.

El dictamen aprobado estipula que la EJE será integrada a la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este cambio asegura que la institución continúe desempeñando sus funciones en formación, capacitación, investigación y difusión en materia electoral.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó: “La reforma busca no solo fortalecer la educación judicial, sino también combatir de manera frontal la corrupción, la impunidad y el nepotismo en el Poder Judicial”.

Además del rescate de la EJE, las reformas aprobadas en el Senado introducen cambios significativos en el sistema judicial mexicano. La Ley de Carrera Judicial ahora incluye la noción de “justicia social” como eje rector, mientras que la Ley General de Responsabilidades se adapta para reflejar las competencias de nuevos órganos creados en las recientes modificaciones constitucionales.

La Escuela Judicial Electoral, en su nueva etapa, será una pieza clave en la formación de un Poder Judicial renovado. Su continuidad es vista como un triunfo para quienes defienden la especialización y la profesionalización en áreas críticas para el fortalecimiento de la democracia.

El rescate de la EJE demuestra que el diálogo y la colaboración pueden prevalecer en momentos de incertidumbre política. Como señaló Gutiérrez Luna, “La educación judicial es la columna vertebral de una democracia fuerte. Su preservación es un mensaje claro de que México apuesta por el conocimiento y la profesionalización como motores de cambio”.

En un paso crucial para la reestructuración de la seguridad en México, las comisiones del Senado han aprobado una reforma que dará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, la responsabilidad de coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública en todo el país. La propuesta, respaldada tanto por la oposición como por el oficialismo, fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea una modificación del artículo 21 de la Constitución.

 

La votación de esta reforma en las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad y Estudios Legislativos dejó un resultado positivo de 31 votos a favor, lo que subraya el consenso en torno a la necesidad de un cambio contundente en la estructura de seguridad nacional. Esta aprobación permitirá que la SSPC no solo dirija la estrategia de seguridad, sino que también coordine el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una medida que busca robustecer la capacidad del gobierno federal para investigar y combatir el crimen organizado de manera más eficiente.

 

En palabras de la senadora priista Claudia Anaya, la reforma representa “un avance significativo, ya que coloca a la Secretaría de Seguridad al nivel de la Defensa Nacional, permitiendo una intervención directa y con un mando civil en las operaciones de seguridad en el país”. La aprobación inicial se traduce en una señal de confianza en la SSPC, encabezada por Harfuch, quien en el pasado ha liderado operativos clave contra el crimen organizado en la Ciudad de México.

 

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) también se mostró optimista ante esta reforma. “La confianza que hoy estamos depositando en esta dependencia no es un cheque en blanco. Esta secretaría tiene la responsabilidad de transformar para siempre la forma en que investigamos y perseguimos el delito en México,” mencionó Colosio, enfatizando la expectativa de una mejora profunda en la inteligencia y en la coordinación con entidades estatales y municipales.

 

Sin embargo, el apoyo a la reforma no ha sido absoluto. Legisladores como el senador Ricardo Anaya (PAN) han manifestado su preocupación sobre posibles abusos en el uso de inteligencia para espiar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. “Vamos a votar a favor porque creemos en la investigación para desmantelar a las organizaciones criminales, no solo en descabezarlas. Sin embargo, es indispensable incluir salvaguardas para proteger la privacidad y la libertad de aquellos que disienten,” declaró Anaya.

 

La aprobación de esta reforma llega en un contexto de escalada de violencia en distintas zonas del país. Los recientes crímenes en el Estado de México, Querétaro, Guerrero y Sinaloa, así como los frecuentes asaltos en el transporte público, fueron recordados por el senador morenista Higinio Martínez, quien hizo un llamado urgente para detener la ola de violencia que “se ha convertido en un horror para la ciudadanía”.

 

Con esta reforma, la SSPC se convierte en el eje central de la seguridad nacional, contando con nuevas facultades para desarrollar investigaciones estratégicas en coordinación con las fiscalías y otros organismos de seguridad a nivel federal y local. Además, la dependencia podrá solicitar información a corporaciones de los tres niveles de gobierno para identificar y esclarecer delitos de manera más ágil y efectiva.

 

Se espera que el proyecto sea discutido en el pleno del Senado en los próximos días, donde los senadores analizarán las reservas propuestas por Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, entre ellas, la inclusión de protecciones adicionales para evitar el mal uso de la inteligencia en actividades de vigilancia y monitoreo de la ciudadanía.