Histórica regulación del trabajo digital: Las plataformas en el ojo del huracán

Con una votación mayoritaria de 389 a favor y 65 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular una reforma crucial para regular el trabajo en plataformas digitales. Tras una sesión que apenas superó los 40 minutos de debate, la iniciativa fue enviada al Senado y promete cambiar el panorama laboral para miles de repartidores y conductores.

 

La reforma modifica los artículos 49, 50, 127 y 997 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar derechos básicos a quienes operan en aplicaciones como Uber, DiDi o Rappi. Entre los beneficios más destacados está el acceso al reparto de utilidades y la posibilidad de ser atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en caso de accidente.

 

Esta medida llega en un momento de tensión entre los trabajadores de plataformas y las empresas que los contratan. “La reforma es necesaria, pero debe equilibrarse con las condiciones reales del trabajo digital”, advirtió Luis García, representante de Alianza In México, una asociación que agrupa a DiDi, Rappi y Uber. La organización exhortó a los legisladores a establecer un diálogo más amplio e incluyente para evitar confusiones fiscales y operativas.

 

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum a inicios de diciembre, busca establecer un régimen de garantías laborales, acceso a salud y vivienda para los trabajadores digitales. Sin embargo, no todos están convencidos de que la implementación sea tan simple como suena.

 

El IMSS tendrá un plazo de 180 días para definir los lineamientos del programa piloto que asegure a estos trabajadores. “El cambio es histórico, pero no podemos ignorar las complejidades de asegurar a quienes trabajan por su cuenta y a distintos horarios”, comentó Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Uno de los puntos más debatidos es la necesidad de un régimen fiscal claro. Al no tener horarios fijos ni un salario estable, muchos conductores y repartidores temen que la reforma pueda derivar en obligaciones tributarias poco claras. “Nos quieren proteger, pero no saben cómo operamos en realidad”, afirmó Rosa Martínez, repartidora en la Ciudad de México.

 

Empresas como Uber, DiDi y Rappi han mostrado su preocupación por la falta de especificidad en algunos puntos de la reforma. Aseguran que las nuevas disposiciones podrían limitar su operatividad o incrementar los costos del servicio. “La flexibilidad es clave en este trabajo. Si las nuevas reglas no lo respetan, podría haber menos oportunidades para quienes dependen de estas plataformas”, comentó un portavoz de DiDi.

 

Por otro lado, activistas laborales celebran la aprobación como un avance hacia la justicia social. “Estos trabajadores son fundamentales en nuestra economía moderna, pero han estado desprotegidos durante años. Esta reforma es apenas el primer paso”, afirmó Mariana Vázquez, abogada laboral.

 

El Senado ahora tiene la responsabilidad de analizar y, posiblemente, ajustar esta iniciativa. El desenlace podría definir el futuro de miles de trabajadores que, cada día, recorren las calles para mantener en movimiento a las ciudades.

El desafío del Senado ante la aprobación de la reforma constitucional contra vapeadores y fentanilo

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.


La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.


La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.


Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.


La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.


Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.