El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó formalmente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la apertura de investigaciones por posibles delitos relacionados con la distribución de “acordeones” con instrucciones de voto en el marco de la elección del Poder Judicial. Este tipo de materiales, impresos y sistematizados, se estarían utilizando para influir en el sufragio ciudadano a favor de candidaturas específicas.
Dos denuncias ciudadanas activaron la alerta. La primera se refiere a presuntas acciones de funcionarios públicos en el estado de Nuevo León; la segunda, a hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde personas identificadas como Servidores de la Nación habrían participado en la entrega de estos documentos. En ambos casos, los señalados forman parte de estructuras gubernamentales, lo que genera preocupación sobre el uso de recursos públicos y la posible coacción del voto.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE fue la encargada de dar vista a la FISEL, con el objetivo de que se inicien las indagatorias correspondientes. La legislación vigente prohíbe tajantemente la distribución de propaganda electoral que induzca al voto, especialmente si esta proviene de actores vinculados al servicio público.
Desde el Consejo General del INE, las voces de alerta fueron claras. La consejera Claudia Zavala subrayó que las herramientas oficiales como los simuladores de boletas están diseñadas para ayudar al electorado a prepararse, pero advirtió que existe una línea muy clara entre el apoyo informativo y la inducción al voto. “Tiene que revisarse si esto implica alguna inducción o coacción al voto”, indicó.
Por su parte, la consejera Norma Irene De La Cruz señaló que la producción masiva e impresa de estos “acordeones” podría representar un gasto significativo que deberá ser fiscalizado. Advirtió que algunos de los nombres incluidos en las listas niegan haber promovido dicha propaganda, lo que refuerza la necesidad de rastrear su origen y financiamiento.
El INE recalcó que estas denuncias aún están en fase preliminar de investigación interna. Las autoridades competentes buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados, y si existen elementos suficientes para que el caso sea judicializado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra sobre la validez y consecuencias de estas acciones.
Las investigaciones siguen su curso, mientras el INE mantiene su llamado a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, en un proceso electoral que se perfila como uno de los más complejos del año.
