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Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

Existen múltiples razones por las cuales el Senado, bajo la mayoría de Morena, podría desistir de ratificar a Rosario Piedra Ibarra para un segundo periodo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La actuación de Piedra al frente de esta institución, creada en 1990 para proteger a los ciudadanos comunes de abusos gubernamentales, ha sido fuertemente cuestionada. Sus críticos señalan que en lugar de cumplir con esta misión, la CNDH se ha convertido en una oficina subordinada a la agenda del gobierno federal, perdiendo su autonomía y capacidad de respuesta.

Durante su gestión, Piedra Ibarra ha sido criticada por su falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos y su escasa preparación en el tema. Sus detractores afirman que, en cinco años, ha beneficiado únicamente al gobierno mientras que las necesidades de los ciudadanos han sido ignoradas. Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, mencionó que Piedra no se encontraba entre los cinco perfiles mejor evaluados para el cargo, lo que refuerza la idea de que el Senado podría buscar un reemplazo que recupere la credibilidad de la CNDH.

Otro tema que empaña la reputación de Piedra Ibarra es la reciente acusación sobre una carta falsa que presentó ante el Senado. Este documento, supuestamente firmado por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, como respaldo a su candidatura, resultó ser falsificado, algo que el propio obispo denunció públicamente. La polémica ha generado dudas sobre la ética de la presidenta de la CNDH, quien ahora enfrenta cuestionamientos no solo por su desempeño, sino también por la transparencia de sus acciones.

Entre las alternativas para el cargo destaca Paulina Hernández Diz, una abogada joven, originaria de Jalisco, con formación sólida en derechos humanos y experiencia en el área. Hernández Diz es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Su perfil académico incluye diplomados en derechos humanos, políticas públicas y perspectiva de género, y se le considera libre de vínculos políticos, lo cual la posiciona como una candidata idónea.

Sin embargo, el Senado, controlado por Morena, parece inclinarse por Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya afinidad política con el partido guinda y falta de especialización en derechos humanos generan inquietud en diversos sectores. Al igual que Piedra, Ramírez Hernández es considerada una figura cercana a Morena, lo que plantea dudas sobre si la CNDH podría recuperar su independencia.

A pocas semanas de que finalice el periodo de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo, organizaciones civiles y expertos advierten que el Senado podría respaldar a la actual ombudsperson para que continúe al frente de la institución o, en su defecto, designar a alguien cercano al partido mayoritario.

Luis de la Barreda Solórzano, exlíder de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, afirma que la posible reelección de Piedra es “previsible”, dado el modo en que se manejó su designación inicial. “La mayoría de senadores la eligieron sin que lograra el número de votos necesario y, pese a su gestión cuestionada, podrían reelegirla. Piedra ha actuado de forma omisa y sumisa en el cargo”, subraya De la Barreda.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enfatiza la necesidad de que el próximo nombramiento en la CNDH se realice de manera adecuada, transparente y participativa, alineado con los Principios de París que exigen independencia y autonomía. Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, subraya que es crucial evaluar los planes de trabajo presentados por los candidatos, considerando la militarización, la crisis de desapariciones y otros problemas en derechos humanos.

Guerrero también critica que Piedra dejará una CNDH debilitada, sin respuestas claras ante temas relevantes como la militarización y la reforma judicial. Además, señala que el proyecto de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, promovido por Piedra, no aborda los problemas esenciales que enfrenta el organismo.

Ante la posibilidad de que Piedra o un simpatizante del partido en el poder retomen el liderazgo de la CNDH, Guerrero considera que esto reflejaría un desinterés de la Cuarta Transformación por los derechos humanos. “Si el Senado la reelige o designa a alguien afín al partido dominante, el mensaje es que no hay un compromiso serio para garantizar la autonomía de la CNDH en este contexto de debilitamiento de organismos autónomos”, señala.

Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, sostiene que aunque Piedra tiene derecho a buscar la reelección, esto debería basarse en una gestión efectiva, lo cual, asegura, no ha sido el caso. “Su administración ha sido cómplice del oficialismo, careciendo de la capacidad técnica que caracterizó al organismo en el pasado”, concluye.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dictaminado la prohibición a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de inmiscuirse en la campaña electoral, ordenándole la eliminación del informe sobre violencia política que emitió a principios de mes. Este informe había sido criticado por dirigirse a la candidata opositora Xóchitl Gálvez y a medios críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Según la resolución, dada a conocer por Proceso el pasado martes 26, el TEPJF afirmó que la CNDH carece de competencias en asuntos electorales, advirtiendo que su intervención en el proceso electoral podría generar “juicios paralelos”, causando incertidumbre sobre los procedimientos y autoridades competentes para evaluar conductas irregulares en materia electoral.

La CNDH y su directora, Rosario Piedra Ibarra, han enfrentado críticas de diversas organizaciones de derechos humanos debido a sus decisiones consideradas complacientes con el gobierno de López Obrador y su utilización política. En este caso, el organismo autónomo invocó el “derecho a la democracia” para justificar la publicación del informe, el cual cuestionaba a la oposición y elogiaba a Claudia Sheinbaum Pardo.

La CNDH tenía la intención de implementar un “escalómetro de violencia política” para monitorear campañas, discursos de candidatos, plataformas, spots, propaganda, eventos, así como noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales.

Tanto la CNDH como Piedra Ibarra han defendido su participación en las campañas electorales, retratándose como víctimas de un “asedio” por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante el TEPJF.