Senado publica lista de 43 aspirantes para dirigir la FGR tras renuncia de Gertz Manero

El proceso para seleccionar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) avanzó esta semana con la publicación de la lista oficial de 43 aspirantes registrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. La relación de perfiles se integra por figuras del ámbito jurídico, político y administrativo, incluida Ernestina Godoy, actual encargada de despacho de la fiscalía, quien continúa al frente del organismo mientras se desarrolla la etapa de selección.

El documento muestra la incorporación de perfiles vinculados a Morena, como Hamlet García Almaguer, exlegislador y cercano a la organización La Luz del Mundo; así como Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas. También aparece César Gutiérrez Priego, abogado y exaspirante a ministro de la Suprema Corte durante el proceso de elección judicial. Todos ellos figuran entre los perfiles destacados por su experiencia en temas públicos y jurídicos.

La procedencia geográfica de las postulaciones se concentra principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque también se registraron aspirantes de estados como Puebla, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esta distribución refleja el alcance nacional del llamado emitido por el Senado tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejó la FGR para asumir una embajada en un “país amigo”.

Además de los nombres ya mencionados, el listado incluye a Félix Roel Herrera, quien fue consejero representante de Morena en Tabasco; José de Jesús Ruiz Munilla, director de proyecto en la Cámara de Diputados; Carlos Higinio Lledías Saavedra, excandidato a magistrado de circuito en Puebla; y David Borja, exdirector de Seguridad en Guerrero. Todos ellos forman parte de los perfiles que avanzaron a esta fase inicial del proceso.

El periodo de registro duró tres días y se realizó de manera virtual, tal como lo definió el Senado para esta convocatoria. Una vez concluido, la Jucopo —encabezada por el líder de la mayoría, Adán Augusto López— quedó como la instancia responsable de revisar los expedientes y seleccionar a las personas que continuarán en el procedimiento. Esta mecánica difiere de la aplicada en 2019, cuando la Comisión de Justicia asumió la conducción del proceso correspondiente.

En cuanto a Ernestina Godoy, además de figurar como aspirante, permanece al frente de la institución para garantizar la continuidad operativa mientras se define a la próxima persona que ocupará el cargo. Su nombre forma parte de los perfiles de mayor experiencia dentro del ámbito fiscal y político.

Con la lista de las 43 personas postuladas, el Senado avanza hacia las siguientes etapas del proceso, en las que la Jucopo determinará qué perfiles serán tomados en cuenta en la siguiente fase rumbo a la definición del relevo en la Fiscalía General de la República.

27 perfiles avanzan en el proceso para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas

Un total de 27 aspirantes cumplen con los requisitos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), luego de que se registraran 33 de los 75 perfiles propuestos por colectivos y familias de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que estas candidaturas forman parte de la consulta pública que definirá a quien encabece la institución.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que la lista completa se publicará en el micrositio de la Base de Consulta Pública, aunque de momento se encuentra en mantenimiento. Detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y cuestionamientos de colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos sobre cada uno de los perfiles presentados.

El proceso continuará con entrevistas y evaluaciones de idoneidad programadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Quienes superen estos filtros integrarán una lista final que será entregada por la Secretaría de Gobernación a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que tenga a la vista los perfiles considerados idóneos.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, declaró Rodríguez.

El relevo en la CNBP ocurre tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. Reyes Sahagún asumió la titularidad en octubre de 2023 tras la salida de Karla Quintana, pero colectivos de búsqueda cuestionaron su designación al señalar falta de experiencia en materia de desapariciones, además de acusaciones de incapacidad e ineficiencia.

Paralelamente, la Segob informó que se mantiene a la espera de que el Senado designe a las personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. El listado deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de septiembre, para que se presente ante el Pleno la propuesta de los 13 integrantes que conformarán el órgano.

El Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas y desapariciones forzadas o cometidas por particulares, además de expertos en investigación y persecución de delitos. Uno de los miembros deberá contar con perfil forense. “Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, puntualizó la titular de Segob.

Hasta que concluya la actualización, el micrositio oficial permanecerá en mantenimiento para integrar los nombres de los aspirantes.

Lista de los 27 aspirantes a la CNBP:

Alan Eduardo Herrera Valadez; Ana Bertha Vázquez Reyna; Arturo Saúl Vargas Rivas; Carlos Treviño Vives; Claudia Téllez Bonilla; Diana Laura Cano Tapia; Everardo Noé Ramírez García; Gonzalo Morales Hernández; Hermilio de Jesús Lares Contreras; Janeth Martínez Mondragón; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; José Luis González Olavarría; José Manuel Guzmán Amador; Juan Enrique Rivera Reyes; Leobardo Aguilar Orihuela; Leonardo René Trujillo Díaz; Lizbeth Eugenia Rosas Montero; Luis Javier Cervantes Gómez; María del Carmen Carabarín Trujillo; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambrosio; Martha Lidia Pérez Gumercindo; Osvaldo Antonio Chávez Wiarco; Raúl Alberto Molina Pereira; Sonia Perea Trejo; Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

Candidatas al Poder Judicial marcan distancia de propaganda con acordeones en fiscalización del INE

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

Nuevos topes de gastos de campaña para la elección del Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los montos diferenciados que podrán gastar las personas aspirantes a un cargo en la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dependiendo de la posición en contienda, los recursos para actos proselitistas variarán desde 220 mil hasta más de un millón 400 mil pesos.

La determinación se dio en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalidó el acuerdo anterior del INE, el cual establecía un monto genérico de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas. Con esta modificación, los límites de gasto quedan de la siguiente manera:

  •       Aspirantes a jueces de Distrito: hasta 220 mil 326.20 pesos.
  •        Magistratura de Circuito: hasta 413 mil 111.63 pesos.
  •        Candidatos a las salas regionales del TEPJF: hasta 881 mil 304.80 pesos.

Candidatos a los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF: hasta un millón 468 mil 841.33 pesos. 

Las campañas darán inicio el 30 de marzo y finalizarán el 28 de abril, permitiendo a los aspirantes llevar a cabo sus estrategias de difusión y acercamiento con la ciudadanía dentro de los límites establecidos.

En Hidalgo, se renovarán 30 cargos nacionales, ya que la elección del Poder Judicial local se llevará a cabo hasta 2027. Entre los puestos en disputa se encuentran nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, tres magistraturas de la Sala Regional Ciudad de México (CDMX), cinco magistraturas por Competencia del Circuito Judicial 29 y seis Juzgados por competencia del mismo circuito.

Con esta resolución, el INE garantiza equidad en la contienda electoral, permitiendo una distribución más justa de recursos para cada aspirante según el cargo al que buscan acceder. La implementación de estos nuevos montos busca dar mayor claridad y equilibrio en el proceso rumbo a la elección del primero de junio.

INE Informa de renuncias en el proceso de selección de juzgadores; se recibirán solicitudes

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el 18 de febrero a las 20:00 horas, un total de 222 aspirantes a cargos judiciales presentaron su renuncia. Estos candidatos formaban parte de la lista de 4,224 postulaciones firmes enviadas por el Senado de la República al INE.

En un comunicado oficial, el instituto indicó que actualizará el listado de candidaturas en su portal web conforme reciba nuevas solicitudes de renuncia. Además, anunció que, a partir de este martes, recibirá solicitudes de ratificación de renuncia o aclaración de personas a un cargo judicial durante las 24 horas del día en sus 300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y oficinas centrales.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el Senado ya concluyó su labor en este proceso y que la responsabilidad de la elección judicial ahora recae en el INE. En sus declaraciones, reafirmó que el Senado colaborará con el instituto en lo necesario, aunque señaló que algunos actores políticos han utilizado el tema para cuestionarlo.

Por su parte, la consejera del INE, Carla Humphrey, advirtió que el plazo máximo para hacer modificaciones en la lista de candidaturas es el 20 de febrero, antes de proceder con la impresión de las boletas electorales. Explicó que aún existen inconsistencias en los datos, como candidaturas duplicadas y errores en los nombres, lo que representa un reto para el instituto en la fase final del proceso.

El INE continúa evaluando la información recibida y trabaja en la depuración de la lista para garantizar la transparencia y legalidad en la designación de los nuevos juzgadores. Con el cierre del plazo acercándose, el proceso de actualización cobra especial relevancia en la organización de los comicios

Senado retoma el control del proceso de selección del Poder Judicial

El Senado de la República acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, asumiendo las tareas previamente encargadas al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta decisión busca garantizar la continuidad del proceso y evitar que los aspirantes queden en un estado de indefensión, según explicó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. 

La determinación implica que la Mesa Directiva del Senado llevará a cabo el mecanismo de insaculación, mediante el cual se determinarán los candidatos seleccionados entre los aspirantes que lograron superar la segunda etapa del proceso. En esta etapa, cerca de 600 aspirantes serán evaluados para convertirse en candidatos a los cargos del Poder Judicial, en un proceso que se espera sea transparente y equitativo.

 

Fernández Noroña destacó que, en la Mesa Directiva, cada integrante tiene un voto y que se busca garantizar la pluralidad de la Cámara de Senadores. Además, aseguró que el Senado está comprometido con construir un acuerdo que respalde este procedimiento, señalando que el resultado será presentado dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la notificación oficial del TEPJF.

 

En cuanto a las críticas hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF), Fernández Noroña acusó al organismo de actuar de manera irresponsable y de intentar sabotear el proceso de elección establecido por la reforma constitucional. Afirmó que la credibilidad del PJF ha sido afectada por su manejo del proceso y por no asumir plenamente su responsabilidad. Según el presidente del Senado, el amparo otorgado que detuvo el proceso inicial no debió proceder, ya que no estaba dentro de las competencias del juez encargado.

 

“No se van a quedar fuera las personas que, de buena fe, confiaron en el Poder Judicial. Lo que está haciendo el tribunal es garantizar los derechos de los aspirantes. Lo que hizo el Poder Judicial es contrario a los intereses nacionales y a cualquier mínima ética jurídica”, afirmó Fernández Noroña.

 

A pesar de las críticas, el senador reconoció el esfuerzo del Comité de Evaluación del PJF, que implementó un proceso de selección riguroso dejando fuera a dos tercios de los 3,000 aspirantes iniciales. Sin embargo, subrayó que el resultado final dependerá del mecanismo de insaculación y, en última instancia, del pueblo.

 

Este paso marca un momento clave en el proceso de selección, que ha sido objeto de controversias y tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La resolución del TEPJF y la intervención del Senado buscan dar continuidad al procedimiento, con la promesa de respetar los derechos de los aspirantes y asegurar que el proceso sea justo y transparente.

Un comité controversial: La paridad de género bajo la lupa en el Congreso de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde al Comité de Evaluación que supervisará la elección judicial local. Este órgano será clave para evaluar a las personas aspirantes a jueces y magistrados, analizando sus expedientes y seleccionando a quienes cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, ya que la integración del Comité ha generado fuertes críticas por violar la paridad de género, un principio estipulado por la ley.

 

Conformado por Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde, el Comité incluye solo a una mujer entre cinco integrantes, lo que va en contra de las normas que exigen una representación equitativa entre hombres y mujeres.

 

La oposición en el Congreso no tardó en señalar esta irregularidad. Legisladores como Roifyd Torres, del Movimiento Ciudadano, exigieron que se repusiera el proceso o, al menos, que se realizara una nueva votación para incluir a otra mujer en el Comité. Torres propuso que se eliminara a uno de los integrantes masculinos, sugiriendo que esto podría resolverse mediante votación o sorteo.

 

El morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para la Selección de Jueces y Magistrados, admitió que el Comité no cumple con la paridad de género, pero defendió la decisión argumentando limitaciones de tiempo. Según Martínez Urincho, aplazar la instalación del Comité sería inviable debido a los plazos del proceso de elección judicial.

 

“Estas fueron las propuestas que recibimos de las diputadas y diputados. Reconocemos que no se cumple con la paridad, pero el Comité debe instalarse de inmediato”, afirmó.

 

La oposición no se conformó con estas explicaciones. Legisladoras como Tania Larios, del PRI, insistieron en que el respeto a la ley no es opcional. Subrayaron que la paridad de género es un principio legal que debe garantizarse en cualquier circunstancia.

 

A pesar de las críticas, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar la conformación del Comité tal como estaba propuesta, cerrando la puerta a cualquier modificación.

 

Este debate no solo refleja las tensiones políticas dentro del Congreso, sino que también pone sobre la mesa un tema fundamental: el compromiso con la igualdad de género en procesos institucionales. Mientras tanto, el Comité, cuya instalación ya está en marcha, tendrá la tarea de seleccionar a las personas más capacitadas para los cargos judiciales, con una sombra de controversia que no será fácil de disipar.

Cierre de registro de aspirantes a cargos judiciales: casi 9,500 solicitudes recibidas

Este domingo 24 de noviembre finalizó el plazo para registrar a los aspirantes a ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en tribunales y juzgados del país. Según información proporcionada por los comités de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, se recibieron un total de 9,500 solicitudes para los distintos cargos judiciales en disputa.

De estas, 2,007 fueron registradas ante el Poder Judicial, 2,747 ante el Comité del Poder Ejecutivo y el resto por la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, expresó en su cuenta de X su satisfacción por la alta participación ciudadana en este proceso, destacando que la cifra de solicitudes recibidas superó las expectativas.

Los datos preliminares indican que la mayoría de los aspirantes son hombres (60%), mientras que las mujeres representan el 40% restante. A pesar del incremento de inscripciones durante los últimos días, se estima que las solicitudes podrían ser insuficientes para completar las ternas necesarias para todos los cargos judiciales disponibles.

Los aspirantes serán evaluados según criterios técnicos, éticos y profesionales. El proceso de selección tomará en cuenta los méritos académicos (40 puntos), la experiencia profesional (30 puntos) y la reputación pública (30 puntos), sumando un total de 100 puntos.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la lista de candidatos seleccionados será publicada antes del 31 de enero de 2025. El 8 de febrero, los comités enviarán los expedientes al Senado, que a su vez los remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE). Este último organizará las elecciones extraordinarias, programadas para el 1 de junio de 2025.

Ola de Violencia Política: Ataque a Aspirante en Chiapas y Crimenes en Michoacán

En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.