Hospitalización de Sánchez Cordero y protestas tensionan el debate de la Reforma Judicial

En medio de un clima de tensión y controversia, la discusión de la reforma judicial en México ha dado un giro inesperado tras la hospitalización de la diputada y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. La legisladora fue ingresada en un hospital luego de sentirse mal durante las reuniones en la Cámara de Diputados, justo cuando se esperaba el inicio del debate de una reforma crucial para el Poder Judicial.

 

“Hoy muy temprano acudí a consulta con mi cardiólogo, quien decidió hospitalizarme, en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo”, comunicó Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. La exministra lamentó no poder participar en la sesión que discutirá una de las reformas más polémicas en los últimos años, y expresó su esperanza de que los legisladores logren encontrar “las vías de diálogo y consenso” en un tema que ha polarizado al país.

 

La jornada inició de manera convulsa con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloqueando los accesos al Congreso de la Unión en protesta contra la reforma. La movilización, que comenzó en la madrugada del martes, obligó a los diputados a trasladar la sesión a una sede alterna en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que la protesta “seguirá por el tiempo que sea necesario”, enfatizando la fuerte oposición a los cambios propuestos en la estructura judicial.

 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue enfático al justificar la decisión de trasladar la sesión, subrayando que la medida busca evitar cualquier tipo de confrontación o provocación con los manifestantes. “Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias”, declaró Monreal, quien reiteró la importancia de discutir a fondo la reforma judicial, considerada una de las más trascendentales para el país.

 

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su postura crítica. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que podrían no asistir a la sede alterna, alegando que no validarán una votación que, aseguran, se desarrollará en condiciones irregulares y bajo la mayoría calificada de Morena y sus aliados. “Hay una alta probabilidad de que no acudamos. No podemos ser parte de un proceso que carece de legitimidad”, expresó uno de los diputados del PAN, evidenciando la fractura política que ha generado la reforma.

 

La ausencia de Sánchez Cordero, figura clave en la discusión, añade un elemento más de incertidumbre. Su experiencia y conocimiento profundo del sistema judicial mexicano la posicionaban como una voz relevante en el debate. Sin embargo, su hospitalización ha dejado un vacío que complica aún más el panorama legislativo.

 

El inicio del debate está programado para las 4:00 de la tarde, y se espera que la reforma judicial sea discutida en una sesión que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Las reformas propuestas incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, temas que han encendido el ánimo de jueces, magistrados y empleados del sector, quienes temen que las modificaciones vulneren la autonomía y la independencia judicial.

 

Por su parte, Sánchez Cordero, desde su hospitalización, ha reiterado su deseo de que el diálogo prevalezca. “Hago votos porque se encuentren las vías para un consenso real y justo”, expresó, reflejando la esperanza de muchos de que la reforma no solo se apruebe por mayoría, sino que también contemple las voces de todos los sectores involucrados.

Continúa laborando la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña

A raíz de las versiones que apuntan a que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría solicitado la renuncia de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del máximo tribunal aseguró que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue desempeñando sus funciones.

No obstante, el equipo de Comunicación de la SCJN no confirmó ni desmintió la información publicada por el diario Reforma, limitándose a afirmar que “la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”.

Además, la Comunicación Social de la Suprema Corte indicó que la ministra Piña mantiene un diálogo activo con los poderes Legislativo y Ejecutivo en el marco de una reforma judicial, y que el próximo lunes 8 de julio clausurará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el cual incluyó 14 foros en esta temática.

“La Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”, destacó la Oficina de Comunicación Social de la SCJN.

Al ser cuestionada sobre la supuesta petición de renuncia que habría hecho en una sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel no fue concluyente en confirmar o negar la versión del diario Reforma. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Esquivel expresó su apoyo a que la ministra Piña lleve las negociaciones del Poder Judicial Federal con el Congreso de la Unión respecto a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la elección de ministros, ministras, magistrados y jueces por voto popular.

“Sí requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleve nuestra voz y que nos represente ante los otros Poderes”, respondió Esquivel cuando se le preguntó si insistiría en su solicitud de renuncia.

Previamente, Esquivel Mossa había criticado la falta de comunicación de la ministra Piña con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la ruptura evidente del Poder Judicial Federal con el gobierno federal “desde hace año y medio”. Esquivel señaló la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de que Piña continúe como interlocutora con el Poder Legislativo, fundamental en la discusión de la reforma al Poder Judicial Federal presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado.

La ministra Esquivel añadió que durante la sesión privada también cuestionó si la Suprema Corte debe continuar con el rumbo actual, caracterizado por una “evidente ruptura con los otros dos poderes”. Subrayó la importancia de la comunicación para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces en la discusión de la reforma.

Finalmente, Esquivel mencionó que los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte no se pronunciaron a favor o en contra de sus reflexiones, y que la ministra Norma Piña fue receptiva ante las inquietudes planteadas, acordando continuar con el diálogo para construir una posición conjunta que se lleve ante los órganos legislativos.

Protesta de Trabajadores del Poder Judicial contra Reforma Presidencial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en un mitin para manifestarse contra la propuesta de reforma presidencial que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Una invitación difundida en redes sociales convoca a los empleados a congregarse en el edificio Revolución 1508 del PJF a las 11:45 horas. Según el mensaje, se espera la asistencia de todos los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito. La convocatoria, firmada por Norma Contreras, insta a los trabajadores a unirse y defender su institución.

En el mensaje se lee: “TE ESPERAMOS EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN 1508. ESTARÁN PRESENTES TODOS LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Y TRATARÁN EL TEMA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA BASE TRABAJADORA DEL PJF. ACOMPÁÑANOS, ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS. TODOS SOMOS PJF.”

En respuesta a esta convocatoria, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje en el que alerta sobre la proliferación de llamados a movilizarse contra la reforma judicial. Aseguró el apoyo incondicional a los trabajadores de base del PJF, garantizando que la reforma respetará sus derechos laborales.

“Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, juezas, magistrados y ministras,” concluyó Batres Guadarrama en su comunicado.

Sanciones a servidores públicos del Poder Judicial

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.