Cae “El Limones” y va a prisión preventiva: Juez federal valida operativo; UIF bloquea cuentas

Un juez federal ordenó la medida cautelar de prisión preventiva contra Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango. La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este viernes en las salas de juicios orales del Poder Judicial de la Federación (PJF) ubicadas en el Altiplano, donde el juzgador determinó que la detención se realizó conforme a derecho.

En la misma sesión, el juez impuso la prisión preventiva a Ángel “N”, Guillermo Fernando “N”, Juan José “N”, Juan Carlos “N” y Alexis Mauricio “N”, quienes fueron señalados como integrantes del grupo criminal conocido como “Los Cabreras”, vinculado con la facción de “Los Mayos”. Con esta determinación, las seis personas permanecerán privadas de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

Durante la audiencia, el juzgador analizó la legalidad del operativo llevado a cabo por agentes federales, concluyendo que las capturas cumplieron con los requisitos legales. Fuentes del PJF consultadas por diversos medios de comunicación indicaron que, al inicio de la diligencia, los detenidos no contaban con representación legal, por lo que solicitaron la asignación de defensores de oficio para poder continuar con el procedimiento.

Una vez validada la detención, los acusados pidieron que la audiencia de imputación se difiriera, solicitud que fue concedida. La continuación del proceso quedó programada para el día de mañana en la misma sala, a la espera de que los detenidos comparezcan con defensores particulares. En esa etapa, se prevé que el Ministerio Público formalice la imputación por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y uso de armas de uso exclusivo del Ejército.

La detención de “El Limones” fue informada el pasado miércoles por el Gabinete de Seguridad, que lo identificó como presunto operador financiero de “Los Cabreras”. De acuerdo con las autoridades, dicha organización ha sido relacionada con amenazas y extorsiones dirigidas a comerciantes y ganaderos en la región. Las investigaciones señalan que Edgar “N” habría recibido depósitos millonarios sin justificación y realizado transferencias a empresas presuntamente vinculadas con esquemas de lavado de dinero.

Posteriormente, el gobierno federal dio a conocer la captura de otras cinco personas relacionadas con “Los Cabreras”, como parte del mismo expediente de investigación. En el desarrollo de los operativos, se cumplimentaron órdenes de cateo en diversos inmuebles localizados tanto en el estado de Durango como en Coahuila. Durante estas acciones, las autoridades aseguraron armamento, equipo táctico y vehículos, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante un comunicado oficial.

Como parte de las indagatorias financieras, el Gabinete de Seguridad detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo de las cuentas bancarias de “El Limones” y de personas identificadas como integrantes de su círculo cercano. Asimismo, se ordenó el congelamiento de empresas que presentaban patrones financieros irregulares, las cuales mostraban aparentes recursos de procedencia ilícita, en el marco del seguimiento patrimonial del caso.

Ministros de la Suprema Corte donarán parte de su salario y habilitan centros de acopio

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, informó que los integrantes del pleno del máximo tribunal acordaron donar parte de su sueldo para apoyar a las personas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado a Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz durante la última semana.

“Quiero comunicar que el pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres”, declaró Aguilar Ortiz al inicio de la sesión de este lunes.

Antes de abordar los asuntos en lista, el ministro presidente solicitó realizar un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales que dejaron las inundaciones y deslaves registrados en distintos puntos del país.

Como parte del plan de apoyo, Aguilar Ortiz adelantó que también se revisarán los recursos institucionales disponibles de la Suprema Corte para destinar un monto adicional en beneficio de las familias damnificadas. Además, convocó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a esta iniciativa solidaria mediante la donación de víveres y artículos de primera necesidad.

“De igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal”, expresó el ministro presidente.

La SCJN habilitó dos centros de acopio principales: el edificio sede en Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la sede alterna en Avenida Revolución, en la colonia Guadalupe Inn. A su vez, se instalarán puntos de recolección en los edificios judiciales del país, incluyendo juzgados y tribunales federales en diferentes estados.

Entre los insumos solicitados se encuentran agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal, ropa para bebé, materiales de primeros auxilios y herramientas que faciliten las labores de limpieza y reconstrucción.

El gesto de solidaridad de los ministros y trabajadores del Poder Judicial se suma a las acciones emprendidas en diversas instituciones del país para respaldar a las comunidades afectadas por las lluvias. Con esta decisión, la Suprema Corte busca canalizar recursos y esfuerzos coordinados que permitan atender las necesidades más urgentes de las familias que enfrentan las consecuencias de los recientes fenómenos meteorológicos.

Nuevos topes de gastos de campaña para la elección del Poder Judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los montos diferenciados que podrán gastar las personas aspirantes a un cargo en la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dependiendo de la posición en contienda, los recursos para actos proselitistas variarán desde 220 mil hasta más de un millón 400 mil pesos.

La determinación se dio en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalidó el acuerdo anterior del INE, el cual establecía un monto genérico de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas. Con esta modificación, los límites de gasto quedan de la siguiente manera:

  •       Aspirantes a jueces de Distrito: hasta 220 mil 326.20 pesos.
  •        Magistratura de Circuito: hasta 413 mil 111.63 pesos.
  •        Candidatos a las salas regionales del TEPJF: hasta 881 mil 304.80 pesos.

Candidatos a los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF: hasta un millón 468 mil 841.33 pesos. 

Las campañas darán inicio el 30 de marzo y finalizarán el 28 de abril, permitiendo a los aspirantes llevar a cabo sus estrategias de difusión y acercamiento con la ciudadanía dentro de los límites establecidos.

En Hidalgo, se renovarán 30 cargos nacionales, ya que la elección del Poder Judicial local se llevará a cabo hasta 2027. Entre los puestos en disputa se encuentran nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, tres magistraturas de la Sala Regional Ciudad de México (CDMX), cinco magistraturas por Competencia del Circuito Judicial 29 y seis Juzgados por competencia del mismo circuito.

Con esta resolución, el INE garantiza equidad en la contienda electoral, permitiendo una distribución más justa de recursos para cada aspirante según el cargo al que buscan acceder. La implementación de estos nuevos montos busca dar mayor claridad y equilibrio en el proceso rumbo a la elección del primero de junio.

Crisis en el Poder Judicial: Renuncia Masiva en el Comité de Evaluación

Este lunes, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunciaron su renuncia, alegando una “imposibilidad jurídica” para continuar con el proceso de selección de candidatos. La renuncia masiva pone en evidencia la complejidad y los retos legales que enfrenta el sistema judicial en México. 

El comunicado oficial está firmado por las magistradas Emma Meza Fonseca y Emilia Molina de la Puente, la doctora Mónica González Contró, y los expertos Wilfrido Castañón León y Enrique Pereda Trejo. En el documento, revelado en exclusiva por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, los exintegrantes calificaron como “inviable” la tarea que les había sido encomendada constitucionalmente.

 

“No tenemos sino palabras de agradecimiento para las y los ministros, así como para el equipo de apoyo por su comprometida labor durante semanas”, concluye la carta, reflejando el esfuerzo previo realizado por el comité.

 

El contexto de esta renuncia es particularmente complejo, ya que el proceso de selección de candidatos se encuentra detenido debido a una suspensión judicial. Sin embargo, la reciente decisión del Tribunal Electoral de permitir al Senado continuar con el procedimiento añade otra capa de tensión.

 

El Senado, liderado por su presidente Gerardo Fernández Noroña, llevará a cabo un proceso de insaculación, más conocido como “tómbola”, el próximo viernes para designar a los nuevos perfiles idóneos. En este procedimiento, los nombres de los aspirantes serán colocados en esferas para ser sorteados, y un acta certificará el resultado bajo la supervisión de notarios.

 

La situación pone de relieve la fragilidad del equilibrio entre poderes en un momento crucial para el sistema judicial mexicano. La renuncia de todo un comité de evaluación no solo plantea dudas sobre la viabilidad del proceso actual, sino que también subraya la urgencia de soluciones jurídicas y políticas que fortalezcan la confianza en las instituciones.

 

El próximo paso dependerá del Senado y su capacidad para garantizar un proceso transparente y eficiente que permita superar esta crisis. Mientras tanto, la renuncia masiva marca un precedente en el PJF, dejando una interrogante abierta sobre el futuro de la selección de jueces en México.

Senado retoma el control del proceso de selección del Poder Judicial

El Senado de la República acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, asumiendo las tareas previamente encargadas al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta decisión busca garantizar la continuidad del proceso y evitar que los aspirantes queden en un estado de indefensión, según explicó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. 

La determinación implica que la Mesa Directiva del Senado llevará a cabo el mecanismo de insaculación, mediante el cual se determinarán los candidatos seleccionados entre los aspirantes que lograron superar la segunda etapa del proceso. En esta etapa, cerca de 600 aspirantes serán evaluados para convertirse en candidatos a los cargos del Poder Judicial, en un proceso que se espera sea transparente y equitativo.

 

Fernández Noroña destacó que, en la Mesa Directiva, cada integrante tiene un voto y que se busca garantizar la pluralidad de la Cámara de Senadores. Además, aseguró que el Senado está comprometido con construir un acuerdo que respalde este procedimiento, señalando que el resultado será presentado dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la notificación oficial del TEPJF.

 

En cuanto a las críticas hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF), Fernández Noroña acusó al organismo de actuar de manera irresponsable y de intentar sabotear el proceso de elección establecido por la reforma constitucional. Afirmó que la credibilidad del PJF ha sido afectada por su manejo del proceso y por no asumir plenamente su responsabilidad. Según el presidente del Senado, el amparo otorgado que detuvo el proceso inicial no debió proceder, ya que no estaba dentro de las competencias del juez encargado.

 

“No se van a quedar fuera las personas que, de buena fe, confiaron en el Poder Judicial. Lo que está haciendo el tribunal es garantizar los derechos de los aspirantes. Lo que hizo el Poder Judicial es contrario a los intereses nacionales y a cualquier mínima ética jurídica”, afirmó Fernández Noroña.

 

A pesar de las críticas, el senador reconoció el esfuerzo del Comité de Evaluación del PJF, que implementó un proceso de selección riguroso dejando fuera a dos tercios de los 3,000 aspirantes iniciales. Sin embargo, subrayó que el resultado final dependerá del mecanismo de insaculación y, en última instancia, del pueblo.

 

Este paso marca un momento clave en el proceso de selección, que ha sido objeto de controversias y tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La resolución del TEPJF y la intervención del Senado buscan dar continuidad al procedimiento, con la promesa de respetar los derechos de los aspirantes y asegurar que el proceso sea justo y transparente.

Trabajadores celebran la revisión de la Reforma en la Suprema Corte

Entre aplausos y gritos de victoria, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lograron un gran avance en su lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar la legalidad de la polémica reforma judicial. La decisión llegó como una bocanada de aire fresco para jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes se reunieron a las afueras del máximo tribunal, esperando ansiosos el veredicto.

 

“¡Ocho a tres en contra! La Corte ha decidido revisar esta reforma”, anunció emocionado Fernando Miguez, vocero de los trabajadores del PJF, mientras la multitud estallaba en júbilo. La sesión, dirigida por la ministra presidenta Norma Piña, culminó en un gesto de esperanza para quienes temían por su autonomía laboral y el futuro del Poder Judicial.

 

Carlos Ávila, secretario de juzgado y otro de los líderes del movimiento, no tardó en expresar su satisfacción: “Que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo el país: hay República porque las ministras y ministros patriotas han defendido el Estado de derecho”. Su mensaje resonó con fuerza, no solo entre los trabajadores presentes, sino también en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

 

La decisión de la SCJN abre la puerta para que se analicen los procedimientos que llevaron a la aprobación de la reforma judicial. Según Ávila, el proceso legislativo “tiene muchos vicios” que podrían invalidar la reforma. “Si todo sigue este curso, podemos regresar al estado de cosas antes de su aprobación, y eso es lo que esperamos”, declaró en una entrevista posterior.

 

Jesús Cruz Sibaja, otro trabajador del Poder Judicial, destacó que este proceso también toca temas clave como la “autonomía de los órganos judiciales” y la independencia de jueces y magistrados. Los manifestantes, conscientes de que aún queda camino por recorrer, mantendrán la presión y analizarán su situación laboral en los próximos días.

 

A pesar de esta victoria, los trabajadores aún evalúan extender su paro de labores. Se espera que se reúnan el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para discutir si continúan con el paro hasta el 15 de octubre, como una forma de asegurar que sus derechos sean respetados y que las mesas de diálogo sigan activas.

 

Este triunfo en la Suprema Corte representa más que una simple revisión de la reforma: es un mensaje de resistencia y unión entre los trabajadores judiciales, que seguirán luchando para mantener la independencia de su institución.

Hospitalización de Sánchez Cordero y protestas tensionan el debate de la Reforma Judicial

En medio de un clima de tensión y controversia, la discusión de la reforma judicial en México ha dado un giro inesperado tras la hospitalización de la diputada y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero. La legisladora fue ingresada en un hospital luego de sentirse mal durante las reuniones en la Cámara de Diputados, justo cuando se esperaba el inicio del debate de una reforma crucial para el Poder Judicial.

 

“Hoy muy temprano acudí a consulta con mi cardiólogo, quien decidió hospitalizarme, en virtud de la cirugía de corazón abierto que tuve hace tiempo”, comunicó Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. La exministra lamentó no poder participar en la sesión que discutirá una de las reformas más polémicas en los últimos años, y expresó su esperanza de que los legisladores logren encontrar “las vías de diálogo y consenso” en un tema que ha polarizado al país.

 

La jornada inició de manera convulsa con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho bloqueando los accesos al Congreso de la Unión en protesta contra la reforma. La movilización, que comenzó en la madrugada del martes, obligó a los diputados a trasladar la sesión a una sede alterna en la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), advirtió que la protesta “seguirá por el tiempo que sea necesario”, enfatizando la fuerte oposición a los cambios propuestos en la estructura judicial.

 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue enfático al justificar la decisión de trasladar la sesión, subrayando que la medida busca evitar cualquier tipo de confrontación o provocación con los manifestantes. “Deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias”, declaró Monreal, quien reiteró la importancia de discutir a fondo la reforma judicial, considerada una de las más trascendentales para el país.

 

Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su postura crítica. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que podrían no asistir a la sede alterna, alegando que no validarán una votación que, aseguran, se desarrollará en condiciones irregulares y bajo la mayoría calificada de Morena y sus aliados. “Hay una alta probabilidad de que no acudamos. No podemos ser parte de un proceso que carece de legitimidad”, expresó uno de los diputados del PAN, evidenciando la fractura política que ha generado la reforma.

 

La ausencia de Sánchez Cordero, figura clave en la discusión, añade un elemento más de incertidumbre. Su experiencia y conocimiento profundo del sistema judicial mexicano la posicionaban como una voz relevante en el debate. Sin embargo, su hospitalización ha dejado un vacío que complica aún más el panorama legislativo.

 

El inicio del debate está programado para las 4:00 de la tarde, y se espera que la reforma judicial sea discutida en una sesión que podría prolongarse hasta altas horas de la noche. Las reformas propuestas incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, temas que han encendido el ánimo de jueces, magistrados y empleados del sector, quienes temen que las modificaciones vulneren la autonomía y la independencia judicial.

 

Por su parte, Sánchez Cordero, desde su hospitalización, ha reiterado su deseo de que el diálogo prevalezca. “Hago votos porque se encuentren las vías para un consenso real y justo”, expresó, reflejando la esperanza de muchos de que la reforma no solo se apruebe por mayoría, sino que también contemple las voces de todos los sectores involucrados.

Continúa laborando la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña

A raíz de las versiones que apuntan a que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría solicitado la renuncia de Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Comunicación Social del máximo tribunal aseguró que la titular del Poder Judicial de la Federación (PJF) sigue desempeñando sus funciones.

No obstante, el equipo de Comunicación de la SCJN no confirmó ni desmintió la información publicada por el diario Reforma, limitándose a afirmar que “la Ministra Presidenta continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos inherentes a su cargo”.

Además, la Comunicación Social de la Suprema Corte indicó que la ministra Piña mantiene un diálogo activo con los poderes Legislativo y Ejecutivo en el marco de una reforma judicial, y que el próximo lunes 8 de julio clausurará el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el cual incluyó 14 foros en esta temática.

“La Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal encabezará, el lunes 8 de julio, el último de 14 foros del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, el mayor esfuerzo de escucha a ciudadanas y ciudadanos para formular en agosto una propuesta con base en dichos foros para una reforma judicial”, destacó la Oficina de Comunicación Social de la SCJN.

Al ser cuestionada sobre la supuesta petición de renuncia que habría hecho en una sesión privada de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel no fue concluyente en confirmar o negar la versión del diario Reforma. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, Esquivel expresó su apoyo a que la ministra Piña lleve las negociaciones del Poder Judicial Federal con el Congreso de la Unión respecto a la propuesta de reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla la elección de ministros, ministras, magistrados y jueces por voto popular.

“Sí requerimos y necesitamos que Norma Piña sea la persona que lleve nuestra voz y que nos represente ante los otros Poderes”, respondió Esquivel cuando se le preguntó si insistiría en su solicitud de renuncia.

Previamente, Esquivel Mossa había criticado la falta de comunicación de la ministra Piña con los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la ruptura evidente del Poder Judicial Federal con el gobierno federal “desde hace año y medio”. Esquivel señaló la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de que Piña continúe como interlocutora con el Poder Legislativo, fundamental en la discusión de la reforma al Poder Judicial Federal presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero pasado.

La ministra Esquivel añadió que durante la sesión privada también cuestionó si la Suprema Corte debe continuar con el rumbo actual, caracterizado por una “evidente ruptura con los otros dos poderes”. Subrayó la importancia de la comunicación para que se escuche la voz de los ministros, magistrados y jueces en la discusión de la reforma.

Finalmente, Esquivel mencionó que los demás ministros del Pleno de la Suprema Corte no se pronunciaron a favor o en contra de sus reflexiones, y que la ministra Norma Piña fue receptiva ante las inquietudes planteadas, acordando continuar con el diálogo para construir una posición conjunta que se lleve ante los órganos legislativos.

Protesta de Trabajadores del Poder Judicial contra Reforma Presidencial

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en un mitin para manifestarse contra la propuesta de reforma presidencial que actualmente se debate en la Cámara de Diputados.

Una invitación difundida en redes sociales convoca a los empleados a congregarse en el edificio Revolución 1508 del PJF a las 11:45 horas. Según el mensaje, se espera la asistencia de todos los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito. La convocatoria, firmada por Norma Contreras, insta a los trabajadores a unirse y defender su institución.

En el mensaje se lee: “TE ESPERAMOS EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN 1508. ESTARÁN PRESENTES TODOS LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, Y TRATARÁN EL TEMA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA BASE TRABAJADORA DEL PJF. ACOMPÁÑANOS, ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS. TODOS SOMOS PJF.”

En respuesta a esta convocatoria, la ministra Lenia Batres Guadarrama emitió un mensaje en el que alerta sobre la proliferación de llamados a movilizarse contra la reforma judicial. Aseguró el apoyo incondicional a los trabajadores de base del PJF, garantizando que la reforma respetará sus derechos laborales.

“Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, juezas, magistrados y ministras,” concluyó Batres Guadarrama en su comunicado.

Sanciones a servidores públicos del Poder Judicial

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.