Tragedia en Dia de Muertos: Incendio en tienda Waldo’s deja 23 muertos en Hermosillo

Una tarde que parecía rutinaria se convirtió en tragedia en Hermosillo, Sonora, cuando un incendio arrasó con una sucursal de la tienda Waldo’s, dejando un saldo de 23 personas fallecidas y 11 más lesionadas. Entre las víctimas se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y trabajadores del establecimiento, según confirmaron las autoridades estatales.

El siniestro se desató alrededor de las 3:00 de la tarde en la tienda ubicada sobre la avenida Dr. Alberto G. Noriega, entre las calles Benito Juárez y Mariano Matamoros, una zona de alto flujo comercial en el centro de la ciudad. En ese momento, el local estaba lleno de clientes que realizaban compras por la quincena y los preparativos para las festividades del Día de Muertos. La magnitud del fuego movilizó de inmediato a los cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal, quienes trabajaron durante horas para controlar las llamas y auxiliar a los afectados.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la cifra de fallecidos y lesionados, y anunció que el gobierno estatal ofrecerá atención médica, psicológica y social a las familias de las víctimas. También informó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan a cargo de los peritos y que se mantiene acordonada la zona mientras se recaban pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

Como muestra de luto y solidaridad, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo suspendieron los eventos públicos programados por el Día de Muertos. Entre ellos, el concierto “Día de Muertos” que se realizaría en el Bosque Urbano La Sauceda, así como las actividades culturales y la tradicional marcha de catrinas en la Plaza Zaragoza. Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y de los artistas que participarían en las celebraciones.

El impacto de la tragedia ha conmocionado a toda la comunidad sonorense, que ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. Mientras tanto, las autoridades trabajan en los peritajes para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas estructurales o de seguridad dentro del establecimiento.

Lo que comenzó como una tarde de compras terminó marcando uno de los episodios más dolorosos recientes en Hermosillo. Hoy, la ciudad guarda silencio en memoria de las víctimas, mientras se buscan respuestas que permitan entender cómo ocurrió un hecho que dejó un profundo vacío en la capital sonorense.

Trabajadores del Poder Judicial levantan paro tras acuerdo con autoridades; reabren 16 edificios

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

40 horas, una nueva Era Laboral: México comienza el cambio histórico

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, desde Palacio Nacional se dio a conocer un anuncio que marca un punto de inflexión para la fuerza laboral en México. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, presentó la estrategia oficial para implementar la jornada laboral de 40 horas, un cambio que se llevará a cabo de manera “paulatina y gradual” hasta concretarse en enero de 2030.

El funcionario detalló que esta transformación responde a una demanda histórica de la clase trabajadora. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de su gestión, asumió este compromiso como parte del eje número 60 dentro de su plan de gobierno, enmarcado en lo que ha denominado el “segundo piso de la transformación”.

Para garantizar que esta reducción de horas sea equitativa y funcional, se organizarán foros en distintas ciudades del país entre el 2 de junio y el 7 de julio. En estas mesas de trabajo participarán representantes de los sectores laboral, empresarial y académico. La intención es construir un modelo sostenible y justo que responda a las necesidades reales del país y de sus trabajadores.

“El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México”, afirmó Bolaños durante su intervención. Además, defendió la medida subrayando que reducir la jornada laboral no afecta la productividad, sino que otorga dignidad al trabajador al devolverle tiempo de vida personal y familiar.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que esta transformación se dará por consenso. Señaló que la implementación no será inmediata, ya que se busca alcanzar acuerdos que permitan asegurar verdaderas mejoras en las condiciones laborales. “Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores”, indicó.

La mandataria también enfatizó que no hay momento perfecto para defender los derechos laborales, reafirmando su convicción de que este proceso representa un avance necesario y justo. “Alguien dirá, ‘pues es que a lo mejor no es el mejor momento’. No. Siempre es un buen momento para defender a los trabajadores”, expresó con firmeza.

Con el arranque de estas mesas de diálogo y una ruta clara hacia el 2030, México comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia laboral. El compromiso está trazado y el reloj ya corre hacia una jornada más humana, más justa y más moderna.

Un Infonavit más transparente y justo con una reforma que busca proteger a los trabajadores: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propuesto un conjunto de 30 modificaciones a la reforma de la Ley del Infonavit aprobada previamente por el Senado. Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia, garantizar la equidad en la toma de decisiones y brindar mayor protección a los derechos de los trabajadores.

 

Entre los principales cambios, destaca la obligación de la Dirección General del Instituto de publicar en su página web información actualizada y precisa sobre aspectos financieros, administrativos y operativos. Este punto es crucial para ofrecer a los derechohabientes una visión clara del estado del Fondo de Vivienda y de los proyectos de construcción.

 

Monreal también subraya la importancia de preservar el equilibrio histórico en la gobernanza del Infonavit mediante la integración tripartita de sus órganos. En este sentido, plantea ajustar la composición de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría para que cada sector –gobierno, trabajadores y empresarios– tenga la misma representación, evitando la predominancia de uno sobre los otros.

 

Un elemento central de su propuesta es blindar las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores. Estas serán consideradas inviolables, lo que significa que no estarán sujetas a auditorías o fiscalizaciones. Este enfoque responde a las inquietudes expresadas por representantes sindicales y trabajadores, quienes buscan mayor seguridad en la gestión de sus recursos.

 

Otro punto relevante es la modificación del plazo para la creación de una empresa filial que coordine la construcción de viviendas. Inicialmente prevista para finales de 2024, Monreal propone extender el plazo hasta febrero de 2025, permitiendo una planificación más detallada y adecuada a las nuevas normativas.

 

En cuanto a la fiscalización, el proyecto establece que será responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando un escrutinio riguroso e independiente del Instituto como organismo fiscal autónomo. Asimismo, los proyectos de vivienda aprobados antes del 1 de julio de 2023 serán cancelados, aunque los promoventes tendrán 30 días para presentar propuestas alineadas a las nuevas reglas.

 

Con estas modificaciones, la reforma pretende reforzar la confianza en el Infonavit como una institución al servicio de los trabajadores, promoviendo transparencia y equilibrio en su funcionamiento. Se prevé que las propuestas sean discutidas en comisiones el próximo jueves y turnadas al pleno en febrero, antes de ser enviadas nuevamente al Senado para su aprobación final.

 

La iniciativa liderada por Monreal busca no solo modernizar el marco jurídico del Infonavit, sino también proteger los intereses de los trabajadores y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

Los despidos de Jara que sacuden al estado como una medida de austeridad

El pasado 11 de diciembre, el Congreso de Oaxaca aprobó un decreto que marca un antes y un después en la política laboral del estado. La medida, impulsada por el gobernador Salomón Jara, dejó a mil 344 trabajadores sin empleo, con el argumento de que la administración anterior, encabezada por Alejandro Murat, incrementó de manera “desmedida” la plantilla estatal, poniendo en riesgo las finanzas públicas.

 

Según cifras oficiales, de 2013 a 2022, la nómina estatal pasó de 8,187 a 12,244 empleados, un aumento del 50%. Este crecimiento representa un gasto anual de más de 2 mil millones de pesos, situación que la administración actual considera insostenible. Aunque el decreto no menciona explícitamente a Murat, el periodo señalado coincide con su gestión como gobernador. Esta decisión se suma a acusaciones previas de malos manejos administrativos durante su paso por el Infonavit, aunque hasta ahora no se le ha señalado directamente.

 

La noticia cayó como un balde de agua fría para los afectados. Muchos trabajadores se enteraron de su despido al revisar el decreto, que incluía los números de empleado de quienes perderían su puesto. La falta de aviso previo y la incertidumbre sobre las indemnizaciones han generado descontento entre los exfuncionarios, quienes acusan al gobierno estatal de tomar decisiones apresuradas que afectan a cientos de familias.

 

El sindicato de trabajadores del estado ha manifestado su rechazo a la medida, señalando que los empleados no son responsables de las irregularidades en la contratación de plazas. Representantes sindicales llevaron sus reclamos al Congreso local, argumentando que la estabilidad laboral no debe sacrificarse en nombre de la austeridad y exigiendo investigaciones para determinar responsabilidades reales.

 

En paralelo, los extrabajadores han comenzado a organizar protestas en diversos puntos de Oaxaca. Las movilizaciones buscan no solo expresar su inconformidad, sino también exigir respuestas claras y acciones concretas que garanticen sus derechos laborales.

 

Esta medida refleja una tensión constante entre la necesidad de ajustar las finanzas públicas y el impacto social de decisiones como los despidos masivos. Mientras el gobierno de Jara defiende la austeridad como un paso necesario para sanear las cuentas estatales, las voces de los despedidos y sus familias cuentan otra historia, una que habla de incertidumbre, inconformidad y la lucha por recuperar lo perdido. El desenlace de este conflicto podría marcar el rumbo de la política laboral en Oaxaca en los próximos años.

Monreal afirma que en el 2025 habrá reforma electoral y se discutirá la minuta del Infonavit

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

 

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

 

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

 

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

 

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

 

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

 

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

Incendio en la Cangrejera dejo una emergencia controlada ante un temor persistente

Este jueves, un incendio en la planta de polietileno del Complejo Petroquímico Cangrejera, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, generó preocupación entre trabajadores y habitantes de la zona. La densa columna de humo que se elevó desde las instalaciones fue visible a kilómetros, sembrando incertidumbre en la comunidad cercana.

 

De acuerdo con informes preliminares, el incidente podría haberse originado por la activación del disco de ruptura del Tren 1, un mecanismo de seguridad diseñado para liberar presión en el sistema. Sin embargo, algunos trabajadores sugieren que también pudo tratarse de una explosión, lo que intensificó la propagación del fuego.

 

Afortunadamente, obreros de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron que no se reportaron lesionados, aunque las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial detallando el impacto del incidente. Lo que sí se sabe es que, tras un esfuerzo coordinado, el incendio fue controlado y se evitó una tragedia mayor.

 

El humo denso y oscuro, aunque contenido, alarmó a la población de Coatzacoalcos, que temió posibles afectaciones a su salud y seguridad. Pemex, por su parte, ha iniciado procedimientos para investigar las causas exactas del siniestro y reforzar las medidas preventivas, garantizando que situaciones similares no vuelvan a ocurrir.

 

Especialistas explicaron que la activación del disco de ruptura es una medida de emergencia que, aunque drástica, busca minimizar riesgos mayores en los complejos petroquímicos. No obstante, la falta de información inmediata alimentó la inquietud entre los habitantes, quienes esperan mayor transparencia y celeridad en los reportes oficiales.

 

El Complejo Petroquímico Cangrejera es uno de los más importantes del país, y eventos como este subrayan la necesidad de mantener estándares de seguridad rigurosos para proteger tanto a los trabajadores como a las comunidades cercanas.

 

Aunque el peligro inmediato ha sido controlado, el temor por las posibles repercusiones ambientales y operativas del incendio persiste. Pemex enfrenta ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos y restaurar la confianza en sus operaciones, mientras Coatzacoalcos busca recuperar la calma tras esta inesperada emergencia.

Sheinbaum protege a la Industria Textil: Arancel del 35% para frenar importaciones desleales

En un esfuerzo por blindar a la industria textil mexicana y proteger 400 mil empleos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que impone un arancel temporal del 35% a productos textiles importados. La medida, anunciada en conferencia matutina desde Palacio Nacional, busca frenar las importaciones que eluden impuestos bajo programas de importación temporal.

 

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, explicó que esta decisión afecta a 138 fracciones arancelarias. Empresas que se amparaban en el programa de la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) introducían productos como prendas de vestir y calzado alegando que eran insumos para exportación, pero estos terminaban vendiéndose en el mercado interno.

 

“Las empresas Immex deben devolver el 80% de las mercancías importadas temporalmente, pero casi la mitad de estas importaciones no cumple con el retorno”, señaló Ebrard. Esta práctica ha ocasionado que el PIB del sector textil caiga un 4.8% anual, lo que equivale a una pérdida de mil 229 millones de pesos cada año.

 

La medida ha recibido el respaldo del sector empresarial. Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), afirmó que el arancel ayudará a frenar las importaciones desleales. “China ofrece incentivos fiscales que distorsionan los precios y afectan a nuestra industria”, puntualizó.

 

Por su parte, Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), destacó que la industria aporta el 1.8% del PIB y que esta medida “refuerza la competitividad del sector y protege a miles de familias que dependen de él”.

 

La decisión también ocurre en un contexto de tensiones comerciales con Estados Unidos. Ebrard denunció que el gobierno estadounidense justifica sus aranceles del 25% a productos mexicanos con información falsa. “En México no se ensamblan autos chinos; la única planta de ese tipo en Norteamérica está en California”,aclaró.

 

Con esta medida, el gobierno busca proteger no solo a los trabajadores y empresarios del sector textil, sino también garantizar que las reglas del comercio sean justas. La industria nacional tiene un respiro y una oportunidad para recuperarse y competir en igualdad de condiciones.

Trabajadores del Poder Judicial en San Lázaro reanudarán labores tras tres meses de paro

Tras casi tres meses de huelga, el personal del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro regresará a sus actividades el próximo 11 de noviembre, siendo esta la última sede judicial que se mantenía en paro en oposición a la Reforma Judicial. Con esta decisión, el Poder Judicial podrá retomar sus funciones de manera completa.

Este miércoles, un diálogo entre magistrados, jueces y autoridades de los órganos jurisdiccionales que operan en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro concluyó con el acuerdo de reactivar las actividades. “Se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, para preparar adecuadamente el regreso a las labores jurisdiccionales, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha”, se lee en el comunicado emitido este 6 de noviembre.

Los titulares y trabajadores reiteraron su compromiso de ofrecer “un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de poderes”. Este acuerdo fue firmado por el Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, la Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales y los jueces Edgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez.

Esta reanudación de actividades también fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde el pasado 23 de octubre había ordenado el fin del paro en los Tribunales de Distrito y de Circuito, además de sancionar con descuentos salariales a quienes no regresaran a laborar al día siguiente. La decisión del CJF fue aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina, mientras que los consejeros Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, descartó el proyecto que pretendía frenar la Reforma Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra en proceso de implementación.

Encuesta revela respaldo a la elección de ministros por voto popular

Según una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de noviembre por Mendoza Blanco & Asociados, el 64 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Además, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada el 15 de septiembre pasado.

Respecto al paro de labores en el Poder Judicial, el 60 por ciento de los encuestados lo desaprueba, mientras que el 30 por ciento lo respalda. Asimismo, un 69 por ciento se opone a la posibilidad de destitución de la Ministra Presidenta si no se suspende la Reforma Judicial. Finalmente, el 83 por ciento de los encuestados rechazó la idea de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales para los ministros en retiro, mientras que sólo el 12 por ciento aprueba esta medida.

 

Trabajadores del Poder Judicial mantienen paro indefinido ante reforma controvertida reforma

El conflicto en el Poder Judicial continúa intensificándose, luego de que los 55 mil trabajadores de los 32 circuitos judiciales del país acordaran extender indefinidamente el paro de labores que iniciaron el pasado 19 de agosto. La decisión fue tomada en respuesta a la controvertida reforma constitucional que propone que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular y por un proceso de tómbola, una iniciativa que ha generado amplio rechazo en los sectores judiciales.

 

La suspensión de actividades, respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal, fue reafirmada en un documento oficial presentado ante dicho órgano. En él, los trabajadores manifestaron su postura de mantenerse en paro hasta obtener una resolución favorable a sus demandas. “Hemos decidido continuar con la suspensión de actividades de manera indefinida”, se lee en el documento, firmado por el comité de diálogo que representa a los 32 circuitos judiciales de la República Mexicana.

 

Este paro no ha estado exento de controversia política. En su primera conferencia de prensa como presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó de “injustificado” el paro del Poder Judicial, sugiriendo que no existen razones válidas para que los servidores públicos sigan en huelga. Sin embargo, estas declaraciones fueron rápidamente rechazadas por los trabajadores judiciales, quienes las consideraron “banales” y “sin fundamento”.

 

Carlos Ávila, uno de los voceros del movimiento de trabajadores, expresó durante un mitin realizado frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal en Ciudad de México su desacuerdo con las afirmaciones de Sheinbaum. “Son declaraciones banales que no tienen fundamento, porque en este mismo momento se siguen atendiendo casos urgentes. El Poder Judicial de la Federación no ha cesado en sus funciones”, señaló Ávila, aclarando que el paro no implica una paralización total, ya que los casos urgentes continúan siendo atendidos, como lo establece la Constitución.

 

El vocero también subrayó que el movimiento cuenta con el respaldo del Consejo de la Judicatura y que el objetivo principal es alcanzar una solución que permita a los trabajadores continuar brindando “una función jurisdiccional de excelencia y calidad”.

 

El conflicto surgió a raíz de la reforma constitucional impulsada por el gobierno, que pretende modificar radicalmente el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Según esta propuesta, los ciudadanos serían quienes, mediante votación, determinen quién ocupará estos cargos, en un sistema de sorteo que ha sido calificado por críticos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

 

En este contexto, la presidenta Sheinbaum defendió la reforma y recordó que el proceso de renovación del Poder Judicial ya está en marcha. El 15 de octubre se dará inicio a la elección por voto popular de los nuevos ministros, jueces y magistrados, una medida que ha sido vista por los trabajadores como un intento de consolidar el control político sobre el sistema judicial.

 

Carlos Ávila, en representación de los trabajadores, advirtió que cualquier acción política que busque continuar con este proceso será irregular. “Todos los días escuchamos a políticos mentirosos simulando que no ha pasado nada y que este atropello ya es un acto consumado. Mentira. Todavía falta un largo camino de impugnaciones en sede nacional e internacional”, afirmó con firmeza.

 

Con el paro de labores manteniéndose indefinidamente, el Poder Judicial se enfrenta a una de las mayores crisis en su historia reciente. La resolución del Consejo de la Judicatura, programada para la tarde del miércoles 2 de octubre, será crucial para definir el rumbo de este conflicto. Entretanto, el país observa con atención, consciente de que lo que está en juego es no solo el funcionamiento del sistema judicial, sino su propia independencia frente a las reformas impulsadas desde el poder político.