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Existen múltiples razones por las cuales el Senado, bajo la mayoría de Morena, podría desistir de ratificar a Rosario Piedra Ibarra para un segundo periodo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La actuación de Piedra al frente de esta institución, creada en 1990 para proteger a los ciudadanos comunes de abusos gubernamentales, ha sido fuertemente cuestionada. Sus críticos señalan que en lugar de cumplir con esta misión, la CNDH se ha convertido en una oficina subordinada a la agenda del gobierno federal, perdiendo su autonomía y capacidad de respuesta.

Durante su gestión, Piedra Ibarra ha sido criticada por su falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos y su escasa preparación en el tema. Sus detractores afirman que, en cinco años, ha beneficiado únicamente al gobierno mientras que las necesidades de los ciudadanos han sido ignoradas. Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, mencionó que Piedra no se encontraba entre los cinco perfiles mejor evaluados para el cargo, lo que refuerza la idea de que el Senado podría buscar un reemplazo que recupere la credibilidad de la CNDH.

Otro tema que empaña la reputación de Piedra Ibarra es la reciente acusación sobre una carta falsa que presentó ante el Senado. Este documento, supuestamente firmado por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, como respaldo a su candidatura, resultó ser falsificado, algo que el propio obispo denunció públicamente. La polémica ha generado dudas sobre la ética de la presidenta de la CNDH, quien ahora enfrenta cuestionamientos no solo por su desempeño, sino también por la transparencia de sus acciones.

Entre las alternativas para el cargo destaca Paulina Hernández Diz, una abogada joven, originaria de Jalisco, con formación sólida en derechos humanos y experiencia en el área. Hernández Diz es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Su perfil académico incluye diplomados en derechos humanos, políticas públicas y perspectiva de género, y se le considera libre de vínculos políticos, lo cual la posiciona como una candidata idónea.

Sin embargo, el Senado, controlado por Morena, parece inclinarse por Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya afinidad política con el partido guinda y falta de especialización en derechos humanos generan inquietud en diversos sectores. Al igual que Piedra, Ramírez Hernández es considerada una figura cercana a Morena, lo que plantea dudas sobre si la CNDH podría recuperar su independencia.

El Senado de la República aprobó una reforma que permite al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construir y arrendar viviendas destinadas a trabajadores. La iniciativa fue respaldada con 106 votos y enviada a los Congresos estatales para su ratificación, marcando un cambio significativo en la política de vivienda social impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero.

La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución para que el Infonavit establezca un sistema de vivienda social que facilite a los trabajadores el acceso a créditos accesibles y adecuados para adquirir, construir o mejorar una vivienda. Además, el instituto tendrá la capacidad de adquirir terrenos y desarrollar inmuebles que se ofrecerán bajo un modelo de “arrendamiento social”, cuyo costo no superará el 30% del salario de los beneficiarios. Con este cambio, el Infonavit recupera su rol como constructor de viviendas, actividad que dejó en los años noventa.

Durante la sesión, algunos senadores expresaron sus puntos de vista sobre la reforma. Rolando Zapata, senador del PRI, resaltó la importancia de esta medida para garantizar un patrimonio familiar, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, manifestó sus dudas sobre la capacidad del actual director del Infonavit, Octavio Romero, para ejecutar adecuadamente la reforma, recordando las críticas que recibió por no lograr la recuperación de Pemex durante el sexenio pasado. Zapata enfatizó que, más allá de las leyes, es esencial que las metas planteadas sean realmente viables.

Por su parte, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, destacó que la reforma se orienta a un enfoque social sin fines de lucro, con el propósito de ofrecer viviendas accesibles a jóvenes y personas con discapacidad, mejorando así su calidad de vida y evitando la especulación inmobiliaria.

Laura Itzel Castillo, también senadora de Morena, señaló que durante los gobiernos neoliberales (especialmente entre 2000 y 2012), se favoreció a los desarrolladores inmobiliarios en perjuicio de los trabajadores, lo que dio pie al fenómeno conocido como el “Cártel Inmobiliario”. Según Castillo, esta reforma redirige la misión del Infonavit hacia la vivienda accesible para los trabajadores.

Finalmente, el senador del PAN, Miguel Márquez, aportó cifras del Inegi del 2022 para señalar la relevancia de la reforma, destacando que el país enfrenta un déficit de 8.2 millones de viviendas, equivalente al 23% del inventario habitacional. Según Márquez, la reforma contribuirá a reducir esta carencia y ofrecer soluciones habitacionales a millones de familias mexicanas que aún no cuentan con un hogar propio.

Un total de 859 jueces y magistrados de todo el país ha decidido no participar en la elección extraordinaria programada para junio de 2025, lo que supera la cifra de 721 funcionarios judiciales inicialmente inscritos para el proceso. Además, se informó que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han presentado su renuncia o han declinado participar, lo que ha llevado al Senado a considerar el asunto en las próximas sesiones.

El Senado, mediante un listado publicado en su página oficial, también reportó que, para la elección de 2027, 65 jueces y 140 magistrados han decidido no competir por sus respectivos cargos, además de siete funcionarios en proceso de jubilación. Entre las renuncias más destacadas se encuentra la jueza Nancy Juárez Salas, quien recientemente ordenó a la Presidencia retirar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Otro caso relevante es el del juez Enrique Beltrán Santés, quien declinó participar en el proceso pese a haber sido sorteado. Beltrán Santés, juez de control de Almoloya de Juárez en el Estado de México, lleva actualmente el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez, conocido por haber emitido suspensiones a la construcción del Tren Maya, y la jueza Abigail Ocampo Álvarez, señalada por autoridades federales de presuntamente “amparar delincuentes” tras otorgar un amparo a Antonio Oseguera, también figuran entre quienes decidieron no participar en el proceso de selección.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en Ciudad Victoria, quien en su momento vinculó a proceso a Emilio Lozoya en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, también declinó su participación a pesar de haber sido sorteado en el proceso.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la declinación de estos 859 funcionarios y detalló que entre ellos hay 349 jueces y 510 magistrados. Reiteró que las posiciones en disputa son 386 para jueces y 464 para magistrados, mientras que el próximo miércoles se presentarán formalmente ante el Senado las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para que el pleno decida las medidas a tomar.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, ha anunciado su renuncia y su decisión de no participar en la elección extraordinaria prevista para 2025.

A través de una carta enviada al Senado de la República, el ministro explicó que, aunque su periodo oficial culmina el 9 de febrero de 2026, prefiere retirarse anticipadamente para no tomar parte en el proceso electoral, una condición establecida por la reciente reforma judicial. En sus propias palabras, Pardo Rebolledo expresó: “Declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

En la misiva, el ministro también destacó su trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial, la cual definió como un “expediente limpio”, caracterizado siempre por la independencia, honestidad e imparcialidad en su labor. Además, agregó: “Presento mi renuncia al cargo que desempeño, conforme al artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.”

Pardo Rebolledo aprovechó la ocasión para rechazar las descalificaciones y ofensas recibidas como parte de su función en la SCJN. Enfatizó que su renuncia responde a un acto de “congruencia personal” y no a razones de conveniencia.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina que algunos ministros de la SCJN estarían renunciando para conservar sus beneficios económicos de retiro. “Si no presentan su renuncia ahora, ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que reciben los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, y es una suma considerable,” subrayó Sheinbaum.

Durante los últimos días, se ha especulado sobre la renuncia de varios integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), incluidos ministros de la SCJN. Entre ellos, figura el nombre de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es maestro en Derecho de Amparo y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Desde el 10 de febrero de 2011, Pardo Rebolledo ha sido ministro en la SCJN, presidiendo además la Primera Sala de la Corte entre octubre de 2012 y 2014.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que eleva a nivel constitucional el derecho de las personas trabajadoras a una vivienda adecuada. Con 33 votos a favor, la reforma autoriza al Infonavit no solo a ofrecer créditos, sino también a adquirir terrenos, construir viviendas y arrendarlas a los trabajadores.

Esta enmienda, que modifica el artículo 123 de la Constitución, dispone que el fondo formado por aportaciones de los empleadores, administrado por el Infonavit, se destine a construir complejos habitacionales. Según la reforma, el fondo creará un sistema de vivienda con orientación social, brindando créditos accesibles para la adquisición o mejora de viviendas y facilitando el acceso a suelo y construcción para arrendar viviendas en condiciones definidas por la ley.

La medida otorga prioridad en el acceso a la vivienda de arrendamiento social a trabajadores con contribuciones constantes al fondo y que aún no posean una vivienda propia. Además, la legislación secundaria incluirá mecanismos para evitar el uso arbitrario o discrecional que pueda limitar este derecho.

La senadora de Morena, Andrés Chávez, destacó que esta reforma garantiza la seguridad en la tenencia, acceso a servicios básicos, costos accesibles, espacios adecuados, accesibilidad para personas con discapacidad y cercanía a servicios esenciales como empleo, salud y educación. “Nuestro compromiso es hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, equipada y a precio justo”, afirmó Chávez.

Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada respaldará la reforma en el Pleno, pero enfatizó que el gobierno debe definir cómo financiar estos cambios. “Es crucial ser responsables y aclarar el origen de los fondos para evitar un gasto mayor que los ingresos”, subrayó.

Anaya expresó su preocupación por el impacto financiero, señalando la reducción del déficit fiscal y las posibles consecuencias de un crecimiento económico más lento de lo proyectado. Mencionó que si el crecimiento cae de 2.5% a 1.5%, podrían faltar entre 70 y 90 mil millones de pesos. Además, recordó que Pemex Refinación perdió casi un billón de pesos en el sexenio pasado, lo que representa un factor adicional de presión financiera.

“Estamos a favor de esta reforma, pero debemos ser responsables para asegurar que haya ingresos suficientes que respalden esta iniciativa y atender tres puntos críticos de los que nos debemos ocupar en su momento”, concluyó Anaya.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe y tome medidas ante lo que califica como abusos del gobierno de Morena, la obstrucción a la oposición y el rumbo autoritario que, asegura, impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, Cortés informó que Acción Nacional, junto con sus legisladores, interpondrá denuncias ante organismos internacionales, como instancias en Estados Unidos y el Parlamento Europeo, con el objetivo de exponer la supuesta subordinación de los poderes en México y la imposición de leyes mediante una mayoría cooptada, que Morena, según él, no obtuvo legítimamente en las urnas.

“México se encuentra en un estado crítico, con una violencia incontrolada y actos de narcoterrorismo en gran parte del territorio. Sin embargo, el gobierno lo niega, mientras la presidenta continúa con prácticas autoritarias heredadas de López Obrador, coartando los derechos humanos a través de decisiones unilaterales en el Congreso”, denunció Cortés.

El dirigente panista advirtió sobre el peligro de que México se convierta en otra Cuba o Venezuela, señalando que el régimen actual busca perpetuarse sin ganar en las urnas, mediante la compra y amenaza de legisladores, y reprimiendo a quienes se oponen. “No podemos permitir la arrogancia de algunos miembros de Morena que aseguran haber llegado para quedarse más de 50 años. Si no hay alternancia, la democracia se degrada y corrompe, y este gobierno es una prueba de ello. Esto debe conocerlo el mundo”, añadió Cortés.

Además, señaló que lo sucedido en el Senado la semana pasada es un ejemplo de autoritarismo, al imponer la mayoría sin construir acuerdos ni dar espacio al debate. “Negaron a la ciudadanía el derecho a defenderse ante decisiones de la autoridad, aumentaron los costos de elección de Ministros y Jueces en un 46% para 2024 y presionaron a los empleados del Poder Judicial para retornar a sus puestos”, afirmó.

Cortés sostuvo que quienes alguna vez lucharon por la democracia desde la oposición, ahora buscan imponer una dictadura desde Morena. Por ello, instó a la comunidad y organismos internacionales a intervenir antes de que, según él, México experimente las consecuencias de un régimen autoritario.

A pocas semanas de que finalice el periodo de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo, organizaciones civiles y expertos advierten que el Senado podría respaldar a la actual ombudsperson para que continúe al frente de la institución o, en su defecto, designar a alguien cercano al partido mayoritario.

Luis de la Barreda Solórzano, exlíder de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, afirma que la posible reelección de Piedra es “previsible”, dado el modo en que se manejó su designación inicial. “La mayoría de senadores la eligieron sin que lograra el número de votos necesario y, pese a su gestión cuestionada, podrían reelegirla. Piedra ha actuado de forma omisa y sumisa en el cargo”, subraya De la Barreda.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enfatiza la necesidad de que el próximo nombramiento en la CNDH se realice de manera adecuada, transparente y participativa, alineado con los Principios de París que exigen independencia y autonomía. Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, subraya que es crucial evaluar los planes de trabajo presentados por los candidatos, considerando la militarización, la crisis de desapariciones y otros problemas en derechos humanos.

Guerrero también critica que Piedra dejará una CNDH debilitada, sin respuestas claras ante temas relevantes como la militarización y la reforma judicial. Además, señala que el proyecto de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, promovido por Piedra, no aborda los problemas esenciales que enfrenta el organismo.

Ante la posibilidad de que Piedra o un simpatizante del partido en el poder retomen el liderazgo de la CNDH, Guerrero considera que esto reflejaría un desinterés de la Cuarta Transformación por los derechos humanos. “Si el Senado la reelige o designa a alguien afín al partido dominante, el mensaje es que no hay un compromiso serio para garantizar la autonomía de la CNDH en este contexto de debilitamiento de organismos autónomos”, señala.

Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, sostiene que aunque Piedra tiene derecho a buscar la reelección, esto debería basarse en una gestión efectiva, lo cual, asegura, no ha sido el caso. “Su administración ha sido cómplice del oficialismo, careciendo de la capacidad técnica que caracterizó al organismo en el pasado”, concluye.

Este viernes, el senador del PAN, Marko Cortés, instó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a respetar el equilibrio de poderes en el contexto de la Reforma al Poder Judicial. Esto se dio luego de que la jueza federal de Veracruz, Nancy Juárez Salas, emitiera una orden para eliminar dicha reforma del Diario Oficial de la Federación. La orden fue dirigida a Sheinbaum y al director del diario, Alejandro López González; sin embargo, la mandataria rechazó la orden, afirmando que la jueza carece de la autoridad para emitirla y, por lo tanto, no la acataría.

Marko Cortés señaló que en un país democrático, con un Estado de derecho sólido, es plenamente válido que el Poder Judicial limite las acciones del Poder Ejecutivo cuando sea necesario.

El sábado, en redes sociales se difundió un comunicado firmado por al menos 27 gobernadores del país en respaldo a la decisión de Claudia Sheinbaum de no acatar las resoluciones de los jueces en relación a la reforma judicial. El documento, fechado el 19 de octubre, expone la indignación de los gobernadores y gobernadoras ante lo que consideran una “reiterada intención de conceder amparos ilegales e improcedentes” por parte de jueces del Poder Judicial Federal, los cuales, según el comunicado, actúan fuera de sus atribuciones y violan disposiciones constitucionales y leyes fundamentales.

Los mandatarios advirtieron que quienes se exceden en sus facultades, asumiendo atribuciones que la ley no les confiere, están cometiendo una violación flagrante, especialmente cuando se trata de quienes son responsables de impartir justicia. Afirmaron que los jueces se han extralimitado al no considerar que no es posible otorgar una suspensión definitiva contra la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación ni emitir medidas cautelares respecto a la entrega de listas de jueces al Senado, ya que son hechos consumados.

Durante la instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Senado, los legisladores de diferentes partidos políticos evitaron hacer mención del proceso judicial en curso contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), quien enfrenta acusaciones por la muerte de 40 migrantes en una estación en Ciudad Juárez.

El presidente de la comisión, Alberto Anaya, senador del Partido del Trabajo (PT), se comprometió a impulsar políticas migratorias que incluyan un enfoque de desarrollo económico para las comunidades afectadas, pero no hizo referencia a la situación de Garduño.

Según un informe de El Universal, Francisco Garduño, quien dejará su cargo en diciembre próximo, ha gastado más de 40 millones de pesos en viáticos y boletos de avión en los últimos dos años para trasladarse a Ciudad Juárez a atender sus audiencias judiciales y firmar ante el juez. Este asunto tampoco fue mencionado por ningún senador durante la sesión.

Garduño, optometrista de profesión con experiencia en temas penitenciarios, concluirá su gestión en el actual sexenio y la Legislatura, habiendo recibido múltiples puntos de acuerdo y exhortos por parte del Senado, pidiéndole su renuncia o una comparecencia para rendir cuentas por la muerte de los 40 migrantes y la criminalización de los mismos. Solo Hugo López-Gatell ha sido objeto de más llamados de este tipo en la Cámara Alta.

En declaraciones previas, Garduño afirmó “dormir tranquilo” tres meses después de la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde el personal y los guardias optaron por no abrir el candado que mantenía a decenas de migrantes encerrados, resultando en 40 fallecidos y 26 heridos graves.

Durante la instalación de la comisión, los nuevos senadores no emitieron exhortos ni llamaron a comparecer a Garduño para explicar su responsabilidad en el incendio o el uso de recursos públicos para su defensa.

En sus intervenciones, el senador Anaya se limitó a proponer proyectos de desarrollo regional como una solución para evitar la migración forzada, argumentando que es fundamental mejorar las condiciones de vida en las comunidades de origen.

Por otro lado, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, del grupo parlamentario de Morena, evitó mencionar la tragedia en Ciudad Juárez y en su lugar destacó la urgencia de revisar la Ley de Migración para fortalecer los derechos humanos de los migrantes, enfocándose en los grupos más vulnerables.

La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, solicitó recursos para mejorar la atención a migrantes y subrayó la importancia de agilizar los trámites para evitar que los migrantes queden varados en una ciudad, asegurando que es una prioridad atender sus necesidades de manera eficiente.