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La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 294 páginas para reformar de manera integral el sistema de Salud en México. El proyecto busca consolidar contrataciones de medicamentos, equipo médico e insumos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar un abasto adecuado en el país.

La propuesta plantea fortalecer la Secretaría de Salud como instancia rectora, vinculando la atención a la población con el Plan México, que promueve el desarrollo económico equitativo y sustentable. Entre los ejes centrales se incluye el impulso a la industria nacional en la producción de insumos y la agilización de trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Uno de los puntos relevantes es la incorporación de la salud digital y la planeación de infraestructura médica como materias de salubridad general. Esto permitirá implementar servicios de telesalud y telemedicina para ampliar la cobertura sin necesidad de desplazamiento. El documento señala que se aplicarán tecnologías de la información y la comunicación en la atención, con herramientas como registros electrónicos, dispositivos portátiles y aplicaciones de salud móvil.

La iniciativa también establece la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas análogos. Se incluye en esta medida todo lo relacionado con su adquisición, fabricación, envasado, transporte, importación, exportación, distribución y venta en el territorio nacional. El texto precisa que estas restricciones se extienden a estupefacientes, precursores químicos y aditivos usados en la elaboración de dichos productos.

Para reforzar este punto, se adiciona el artículo 414 Bis, que contempla el aseguramiento de vapeadores y sustancias asociadas, y se crea el artículo 456 Bis, que fija sanciones de uno a ocho años de prisión, además de multas de 100 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quienes realicen conductas prohibidas. Todas las autorizaciones sanitarias previas relacionadas con estos dispositivos quedarán sin efectos en cuanto entre en vigor el decreto, y se notificará a los titulares para el cese de actividades.

El documento subraya la intención de garantizar el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas. Con ello, se busca ampliar la cobertura y asegurar la atención oportuna y de calidad.

Asimismo, se contempla la integración de la demanda de medicamentos, equipo de alta tecnología e insumos, con procesos de contratación consolidada. En este esquema participarán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que prestan servicios de salud, asistencia social y salud pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.