Prohibición o Regulación: El Senado se divide entre diferencias de vapeadores y fentanilo

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

El desafío del Senado ante la aprobación de la reforma constitucional contra vapeadores y fentanilo

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.


La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.


La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.


Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.


La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.


Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.