Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

Existen múltiples razones por las cuales el Senado, bajo la mayoría de Morena, podría desistir de ratificar a Rosario Piedra Ibarra para un segundo periodo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La actuación de Piedra al frente de esta institución, creada en 1990 para proteger a los ciudadanos comunes de abusos gubernamentales, ha sido fuertemente cuestionada. Sus críticos señalan que en lugar de cumplir con esta misión, la CNDH se ha convertido en una oficina subordinada a la agenda del gobierno federal, perdiendo su autonomía y capacidad de respuesta.

Durante su gestión, Piedra Ibarra ha sido criticada por su falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos y su escasa preparación en el tema. Sus detractores afirman que, en cinco años, ha beneficiado únicamente al gobierno mientras que las necesidades de los ciudadanos han sido ignoradas. Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, mencionó que Piedra no se encontraba entre los cinco perfiles mejor evaluados para el cargo, lo que refuerza la idea de que el Senado podría buscar un reemplazo que recupere la credibilidad de la CNDH.

Otro tema que empaña la reputación de Piedra Ibarra es la reciente acusación sobre una carta falsa que presentó ante el Senado. Este documento, supuestamente firmado por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, como respaldo a su candidatura, resultó ser falsificado, algo que el propio obispo denunció públicamente. La polémica ha generado dudas sobre la ética de la presidenta de la CNDH, quien ahora enfrenta cuestionamientos no solo por su desempeño, sino también por la transparencia de sus acciones.

Entre las alternativas para el cargo destaca Paulina Hernández Diz, una abogada joven, originaria de Jalisco, con formación sólida en derechos humanos y experiencia en el área. Hernández Diz es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Su perfil académico incluye diplomados en derechos humanos, políticas públicas y perspectiva de género, y se le considera libre de vínculos políticos, lo cual la posiciona como una candidata idónea.

Sin embargo, el Senado, controlado por Morena, parece inclinarse por Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya afinidad política con el partido guinda y falta de especialización en derechos humanos generan inquietud en diversos sectores. Al igual que Piedra, Ramírez Hernández es considerada una figura cercana a Morena, lo que plantea dudas sobre si la CNDH podría recuperar su independencia.

A pocas semanas de que finalice el periodo de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo, organizaciones civiles y expertos advierten que el Senado podría respaldar a la actual ombudsperson para que continúe al frente de la institución o, en su defecto, designar a alguien cercano al partido mayoritario.

Luis de la Barreda Solórzano, exlíder de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, afirma que la posible reelección de Piedra es “previsible”, dado el modo en que se manejó su designación inicial. “La mayoría de senadores la eligieron sin que lograra el número de votos necesario y, pese a su gestión cuestionada, podrían reelegirla. Piedra ha actuado de forma omisa y sumisa en el cargo”, subraya De la Barreda.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enfatiza la necesidad de que el próximo nombramiento en la CNDH se realice de manera adecuada, transparente y participativa, alineado con los Principios de París que exigen independencia y autonomía. Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, subraya que es crucial evaluar los planes de trabajo presentados por los candidatos, considerando la militarización, la crisis de desapariciones y otros problemas en derechos humanos.

Guerrero también critica que Piedra dejará una CNDH debilitada, sin respuestas claras ante temas relevantes como la militarización y la reforma judicial. Además, señala que el proyecto de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, promovido por Piedra, no aborda los problemas esenciales que enfrenta el organismo.

Ante la posibilidad de que Piedra o un simpatizante del partido en el poder retomen el liderazgo de la CNDH, Guerrero considera que esto reflejaría un desinterés de la Cuarta Transformación por los derechos humanos. “Si el Senado la reelige o designa a alguien afín al partido dominante, el mensaje es que no hay un compromiso serio para garantizar la autonomía de la CNDH en este contexto de debilitamiento de organismos autónomos”, señala.

Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, sostiene que aunque Piedra tiene derecho a buscar la reelección, esto debería basarse en una gestión efectiva, lo cual, asegura, no ha sido el caso. “Su administración ha sido cómplice del oficialismo, careciendo de la capacidad técnica que caracterizó al organismo en el pasado”, concluye.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una orden de aprehensión contra Víctor Flores, líder del sindicato ferrocarrilero, por presunto fraude en perjuicio de trabajadores jubilados, según confirmaron fuentes federales, quienes indicaron que la solicitud fue presentada hace una semana ante el juez Primero de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, tras 13 años de investigaciones en su contra, justo cuando Flores busca reelegirse por quinta vez como líder sindical este próximo domingo.

Víctor Flores, quien ha encabezado el sindicato ferrocarrilero desde 1995, fue denunciado en 2011 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por trabajadores jubilados, quienes lo acusaron de haber utilizado sus nombres sin consentimiento, de 38 mil ferrocarrileros, para su toma de nota, lo que le permitió obtener cuotas mensuales superiores a los 2 millones de pesos.

En la actualidad, Flores recibe 1.4 millones de pesos mensuales por concepto de cuotas de jubilados, quienes alegan que ya no tienen vínculo alguno con el sindicato, mientras que a inicios de este sexenio, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (hoy INDEPP), responsable de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales desde 2010, identificó que a 27 mil 762 jubilados se les descuentan estas cuotas sindicales de manera ilegal.

Por Antuan Garrido.

Tras el devastador paso de OTIS por el puerto y los índices incontrolables de criminalidad, Acapulco vuelve a estar en el ojo del huracán político y social de México, debido al aumento de hechos violentos en el municipio.

En el marco de la elección del 2 de junio, quedan serios cuestionamientos frente a la fallida reconstrucción de la actual administración encabezada por Abelina López quien, con gran cinismo busca la reelección en una de las ciudades turísticas más icónicas, y que a raíz de la llegada de Morena perdió todas sus glorias, cambiándolas por cuerpos desmembrados tirados en sus calles y enfrentamientos armados entre distintos grupos del crimen organizado.

La incontrolable violencia que se vive actualmente en el puerto de Acapulco, tiene su origen principalmente por el abandono de Abelina López quien, durante la tragedia del huracán OTIS se fue resguardar a su natal Oaxaca; esto cuando la población ni siquiera tenía agua qué tomar. Y también por la disputa del control territorial de la costa de Guerrero, una contienda que se intensificó después de los malos manejos del ayuntamiento y los innumerables casos de corrupción dentro de él.

Todo este escenario se ve reflejado en los resultados de diferentes encuestas, que apuntan a la inminente derrota de Abelina López y del morenismo en esa ciudad, en la que se vislumbra un “voto de castigo”. Situación que ha sabido capitalizar el principal opositor, Yoshio Ávila González, aspirante a la presidencia de Acapulco por Movimiento Ciudadano, quien se ha mantenido cinco puntos arriba de Abelina durante las últimas dos semanas; una tendencia muy difícil de revertir a pesar de los vergonzosos artilugios legales con los que han intentado bajarlo de la contienda, que ya han hecho eco incluso fuera del país, en reportajes publicados por la prensa nacional e internacional como éste de Latinus.

Todo apunta a que después de esta elección, Acapulco se convertirá en un nuevo bastión naranja a nivel nacional, tal y como lo son ciudades como Monterrey o Guadalajara.

El diputado Miguel Torruco Garza, perteneciente a Morena, ha presentado una propuesta de reforma constitucional con el objetivo de extender el período de los presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México a seis años, duplicando la duración actual de tres años.

Esta modificación constitucional también se aplicaría a los integrantes del Ayuntamiento, sin permitir la opción de reelección inmediata para un período adicional.

Actualmente, el artículo 115 constitucional establece que los presidentes municipales y alcaldes pueden ser reelegidos por un período adicional, siempre y cuando el mandato de los ayuntamientos no exceda los tres años.

La iniciativa busca brindar mayor estabilidad y confianza a los alcaldes y presidentes municipales, permitiéndoles planificar estratégicamente con una visión a largo plazo de seis años desde el inicio de su mandato, en lugar de solo tres años, como sucede actualmente, según lo mencionado en el proyecto.

En las elecciones de 2021, 305 presidentes municipales y seis alcaldes de la Ciudad de México lograron su reelección en 25 de las 30 entidades donde se eligieron ayuntamientos y alcaldías. El porcentaje de ediles que buscaban su reelección es de 26.8% de los mil 923 presidencias municipales y alcaldías del país, mientras que el porcentaje de alcaldes que lo lograron es de 60.1% respecto a los 517 munícipes que se registraron para la reelección.

En la Ciudad de México, seis alcaldes fueron reelectos para un nuevo periodo hasta 2024, por lo que en el actual proceso no pueden participar para el mismo cargo; ellos son: Santiago Taboada, de Benito Juárez; Clara Brugada, de Iztapalapa; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Francisco Chiguil, de Gustavo A. Madero; Armando Quintero, de Iztacalco y José Carlos Acosta, de Xochimilco.