El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

• Abuso o violencia sexual contra menores.
• Delincuencia organizada.
• Extorsión.
• Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
• Contrabando.
• Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, subrayó que los delitos graves, tal como se enumeran en el Artículo 19 de la Constitución, no son elegibles para la amnistía. Esta aclaración llega tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amnistía el 24 de abril, que introdujo cambios significativos.

El legislador explicó que para que se conceda amnistía, se necesitan nuevos elementos que el juez original no haya tenido al momento de analizar el caso. Aseguró que la reforma respeta el Estado de derecho y los derechos humanos, manteniendo un equilibrio en el sistema legal.

La adición del Artículo 9 a la Ley de Amnistía permite otorgar amnistía de manera directa en ciertas circunstancias. Según Mier Velazco, esta modificación es un paso importante hacia un país más justo, asegurando que no se abra la puerta a violaciones a la libertad de las personas. “Lo más relevante es que siempre queda una alternativa, una posibilidad, que, sin violentar la ley, le dé la oportunidad al país de que tengamos verdaderamente un país con plena justicia”, declaró el legislador.

En el pleno de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen el 24 de abril, Mier Velazco recordó las “etapas negras” de la historia de México, como el movimiento estudiantil de 1968, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Dijo que la reforma busca evitar que situaciones similares se repitan y garantizar que el Estado de derecho prevalezca, siempre con respeto a los derechos fundamentales.

En un firme pronunciamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) aboga por la eliminación del fuero presidencial, proponiendo su aplicación de forma retroactiva y sin prescripción para delitos graves. Esta iniciativa surge como respuesta directa al anuncio reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea presentar una propuesta similar, pero para el próximo periodo presidencial.

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, manifestó la disposición del partido a respaldar la eliminación del fuero, siempre y cuando tenga un impacto inmediato y afecte al actual presidente. Cortés cuestionó la postura de López Obrador, señalando que sus anteriores anuncios solo resultaron en reformas que ampliaron el catálogo de delitos sin abordar el artículo del fuero presidencial.

El dirigente panista recordó la promesa del presidente en 2021 sobre la eliminación del fuero, calificándola como una simulación. Destacó la importancia de aprobar la iniciativa rápidamente, argumentando que los expresidentes deben rendir cuentas por acciones y omisiones durante sus respectivos mandatos.

Cortés señaló cifras alarmantes en materia de homicidios, la gestión de la pandemia de Covid-19, la falta de atención médica para enfermedades graves como el cáncer y el desabasto de medicamentos para adultos mayores. Por este motivo, instó al presidente a no evadir la responsabilidad y a establecer un precedente para garantizar la igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos.

“Que no le saque el presidente, que se quede sin fuero y ponga el ejemplo para que prevalezca una verdadera igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos. Que pague por la inseguridad y la violencia, por la corrupción, la impunidad y el desfalco que ha hecho a millones de mexicanas y mexicanos”, concluyó Cortés.